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10 años de la Ley de Dependencia. Una gran conquista aún por desarrollar


Con la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en diciembre de 2016, se consiguió dar visibilidad a una realidad que estaban viviendo miles de personas, se ganó un derecho subjetivo y se logró un avance para los servicios sociales. Sin duda, generó importantes expectativas entre los profesionales y ciudadanos, pero también es cierto que, durante esta década, ha cosechado más de una decepción. Existen importantes áreas de mejora que deben atenderse. Y qué mejor oportunidad que un aniversario para analizar el sistema, sus debilidades y las posibilidades que puede ofrecer, y buscar nuevas fórmulas para conseguir que la ley se cumpla y cubrir las necesidades de una población que puede considerarse vulnerable.



Financiación, desigualdad territorial, lista de espera, cualificación profesional, coordinación sociosanitaria, copago, sistema de información, formación de los cuidadores no profesionales, baremos de valoración y poca promoción de la autonomía personal son las cuestiones principales que los profesionales sociosanitarios consideran que deberían valorarse a propósito de una mejora de la Ley de Promoción de la Autonomía Persona y Atención a las Personas en situación de Dependencia, tras diez años en funcionamiento.
 

Todos coinciden en que su aprobación constituyó un hito y que las intenciones eran buenas, pero también aseguran que se cometieron ciertos fallos desde el comienzo, y así se ha hecho evidente durante este tiempo. El complejo modelo de financiación, el confuso sistema de información y la lentitud burocrática son algunas deficiencias que se han ido acentuando, sobre todo con la situación de crisis económica. De este modo, su sostenibilidad se convirtió en un dilema que se está intentando resolver. 


En estos últimos años, se ha revisado el Sistema de Información con el objetivo de mejorar la transparencia, así como la gestión de los recursos económicos. También se modificó el baremo de valoración en 2011 por acuerdo de todas las comunidades y comenzó a aplicarse en 2012. Pero se sigue trabajando con el fin de adaptarlo a las necesidades de los usuarios. De hecho, en el Consejo Territorial de 2015 se aprobó la creación de un grupo de trabajo para evaluar la implantación del baremo en estos años. 


El aspecto económico y financiero también se ha valorado en múltiples ocasiones, se puede decir que ha sido el caballo de batalla desde el comienzo. En 2015, el Imserso informó de que se estaba realizando un estudio de estimación de costes del Sistema de Dependencia con el fin de afianzar acciones y corregir posibles fallos. 

El sector profesional entiende que se está trabajando para mejorar, pero creen que existen barreras importantes como el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que supuso un mazado para los afectados, ya que se aumentó el copago, se amplió hasta dos años el tiempo de lista de espera, se eliminó el pago de la cotización a la seguridad social de los cuidadores familiares y retrasó la entrada en el sistema de los dependientes moderados.


Además, critican el constante desacuerdo entre las administraciones, que sólo causa impedimentos en la aplicación coherente de la ley.


Los profesionales subrayan que el Sistema de Dependencia es sostenible si deja de considerarse un gasto y se entienden como una inversión, que además es capaz de generar retornos, como empleos directos, crecimiento de la renta, recaudación de impuestos y aportaciones a la seguridad social, lo que supone “un circuito que puede retroalimentarse y que tiene como consecuencia una sociedad mejorada, más justa, más diversa, más sostenible”, mantiene el presidente de Lares, residencias y servicios del sector solidario, Juan Vela. 


En cualquier caso, es necesario establecer un modelo de financiación justa y revisar el copago, que ha pasado del 14 % en los primeros años a casi un 20 %, según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.


En la misma línea, se debe lograr una mejor coordinación de los recursos, porque como explica el doctor Alberto López Rocha, expresidente de la Sociedad Española de Médicos de Residencias (Semer), “los recursos son finitos, por lo que, en muchas ocasiones, debemos aunar y coordinar recursos existentes (Sanidad, Asuntos Sociales, Educación, universidad, sociedades médicas, asociaciones de pacientes...). Es imprescindible saber de lo que se dispone para informar, formar y educar”.


Acceso al sistema

Según los últimos datos del Imserso, publicados en octubre de 2016, el número de beneficiarios atendidos es de 865.452, pero aún quedan 355.596 personas desatendidas, afirman desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. “Personas con dictamen, que no están percibiendo las prestaciones que les corresponden”, apunta la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima. 


Todos estos ciudadanos, así como sus familiares, contemplan la Ley de Dependencia con cierta frustración. Una sensación que reconocen muy bien las personas con diversidad funcional, que también son dependientes, pero que entran en el sistema “por la puerta de atrás, porque es una norma no pensada para las personas con discapacidad, sino para las personas mayores”, sostiene el asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Óscar Moral. En este sentido, insisten en una revisión de los baremos de valoración.


Del mismo modo, es preciso potenciar las medidas de promoción de la autonomía personal, una parte clave de la ley que ha quedado eclipsada y prácticamente en pañales.

 


Calidad de los cuidados 


La apuesta por la profesionalización de los servicios es esencial para dar una atención adecuada a los mayores. Los datos del Imserso concretan que dos de cada tres prestaciones son servicios profesionales. “Es imprescindible que los recursos se destinen de un modo inequívoco a los cuidadores profesionales”, afirma la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, que también defiende que hay que cuidar a los cuidadores mediante la mejor asistencia profesional.


En esta línea, la coordinadora del Grupo de Trabajo para el estudio y seguimiento de la Ley de Dependencia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), Ángeles García, propone “establecer un plan de formación para familiares que garantice la continuidad y calidad del cuidado de estas personas”.

 

Actitud política

La atención a la dependencia es una cuestión que los políticos tienen en cuenta en la actualidad. En la VI Conferencia de Presidentes, celebrada en el Senado el 17 de enero, el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía acordaron analizar los mecanismos de financiación de la atención a las personas dependientes.


Con el fin de mantener el Estado de bienestar, se ha considerado oportuno dar un fuerte impulso al proceso de actualización del sistema de financiación autonómica para que, con la mayor objetividad, se adopte un acuerdo que garantice una financiación suficiente, de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.


En paralelo, y dada la especial sensibilidad que generan los servicios vinculados a la dependencia dentro del marco del Estado de bienestar, se analizarán los actuales mecanismos de financiación, en especial, los contenidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones.


Por este motivo, se constituirá una comisión de expertos (en la que habrá un representante de cada comunidad y de las ciudades autónomas) en el plazo máximo de un mes para proceder al análisis de la situación del sistema de dependencia que determine la situación actual, su sostenibilidad, y la financiación por parte del Estado.



Por Carmen Moreno


10 años de la Ley de Dependencia. Una gran conquista aún por desarrollar


Jueves, 16 de Febrero 2017

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