Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




El Congreso deberá revisar el copago de la Ley de Dependencia


Aprobada también una PNL relativa a una nueva Estrategia Nacional de Atención Sociosanitaria



La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado esta mañana que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley de Dependencia en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias sea trasladada a la Cámara Baja para su debate y revisión. Es la primera vez, en casi 40 años de vigencia de la Constitución española, que una ILP de carácter social llega al Parlamento.
 
Esta iniciativa, respaldada por casi 740.000 ciudadanos españoles, ha sido defendida esta mañana en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados por el portavoz de la Comisión Promotora de la ILP y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo. “Se trata, a nuestro juicio, para el movimiento social de la discapacidad, de un hito en nuestra historia social reciente que no puede ser ignorado ni dejado de tener en consideración”, ha manifestado Cayo.
 
El presidente del Cermi ha declarado que, en un primer momento, “no logramos apoyo político para que este derecho subjetivo fuera gratuito y transigimos a la participación en el coste como mal menor y necesario para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, siempre que se regulara reglamentariamente en condiciones aceptables. Diez años después, hemos comprobado con tristeza que el copago ha sido uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores –así al menos lo perciben las personas usuarias– para el despliegue del Sistema y ha llevado a la sensación generalizada de cierto fracaso y de profunda decepción en las expectativas”.
 
Asimismo, ha recordado que “no hay una normativa estatal con rango reglamentario vinculante, como disponía la propia Ley de Dependencia, en contra de este copago confiscatorio”. En el caso particular de las personas con discapacidad, “el copago castiga a aquellas personas que generan ingresos propios a través de una actividad laboral, desincentiva la autonomía económica, la búsqueda de un trabajo y disuade de ser un sujeto activo, participativo económicamente”, ha añadido.
 
Además, el presidente del Cermi ha asegurado que “el copago origina graves diferencias de trato entre territorios: de la gratuidad en el caso de personas con discapacidad que a su vez tienen situación de dependencia reconocida -hay pocas, pero alguna comunidad autónoma tiene esa gratuidad de los servicios- hasta un copago del 90 %”. Y también “ha contaminado a otros servicios y prestaciones sociales distintas de las de la dependencia, a muchos otros servicios sociales que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades y rangos”.
 
Medidas sugeridas
  • Establecer criterios básicos sobre determinación de la capacidad económica y también sobre la participación en el coste, iguales y vinculantes para todas las Administraciones mediante norma estatal de rango reglamentario.
  • Exención de copago para todas aquellas personas en situación de dependencia que tengan una capacidad económica inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), para todo tipo de prestaciones y servicios del Sistema, incluido el residencial.
  • Limitar la aportación máxima de la persona beneficiaria al 60 % del precio de referencia del coste o servicio que reciba.
  • Preservar siempre el 40 % del Iprem correspondiente como renta disponible para la persona.
  • Incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia. No es lo mismo si la dependencia surge con el nacimiento o en los primeros estadios de la vida, o surge en los últimos años como consecuencia del envejecimiento, porque la persona ha podido hacer un patrimonio.
 
Luz verde a otras propuestas
  • Proposición no de ley (PNL) relativa a priorizar los servicios de atención a la dependencia como preferentes respecto a las ayudas económicas. Defendida por el portavoz del Grupo Popular Ignacio Tremiño Gómez y aprobada con una enmienda transaccional suscrita por el Partido Popular y Ciudadanos por 17 votos a favor, 10 en contra y 10 abstenciones.
  • Proposición no de ley (PNL) sobre el desarrollo y concesión de un distintivo solidario a aquellos agentes económicos que colaboren con la financiación de la dependencia. Defendida por la portavoz del Grupo Popular Mª Mar Blanco Garrido y aprobada en los mismos términos por 17 votos a favor y 19 abstenciones.
  • Proposición no de ley (PNL) sobre una nueva Estrategia Nacional de Atención Sociosanitaria. Defendida por la portavoz del Grupo Popular María Teresa Angulo Romero y aprobada con una enmienda transaccional suscrita por el Partido Popular y el Partido Socialista por 27 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
  • Proposición no de ley (PNL) relativa a impulsar el Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y devolver a las entidades locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales. Defendida por la portavoz del Grupo Socialista Elvira Ramón Utrabo y aprobada por 19 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
  • Proposición no de ley (PNL) sobre el reconocimiento del grado de discapacidad del 33 % a los niños con cáncer. Defendida por el portavoz del Grupo Mixto Pedro Quevedo Iturbe y aprobada por unanimidad. 


Por Esther Eugenio


Jueves, 23 de Febrero 2017

Nota




Nuevo comentario:
Facebook Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.