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El programa de ayudas sociales con cargo al 0,7% del IRPF establece un tramo estatal del 20 % y otro autonómico del 80 %




La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió el pasado lunes el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, monográfico sobre el programa de interés general con cargo a la asignación del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por el que se distribuye lo recaudado de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”.
 
En la reunión, a la que asistieron los consejeros de Servicios Sociales, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas acordaron establecer un tramo estatal del 20 % y un tramo autonómico del 80 %. Montserrat insistió en que el nuevo modelo de gestión mixta “garantiza que el programa del 0,7 % siga llegando a 7,3 millones de personas, las que más lo necesitan”.
 
Para determinar la proporción de fondos que corresponden al tramo estatal se ha tenido en cuenta cuáles son las competencias que el Estado puede ejercer en el ámbito de estos programas y la distribución de los programas en la última convocatoria del programa. El modelo de gestión mixta fue acordado por unanimidad entre el Ministerio y las comunidades autónomas en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia del 26 de abril.
 
Con este nuevo modelo, el Gobierno da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero de 2017, que obligaba al Estado a redefinir el marco regulador de estas subvenciones, después de la Generalitat de Cataluña haya recurrido sistemáticamente la convocatoria desde 1990.
 
En la convocatoria de ayudas para 2017, se repartirán 240,8 millones de euros, es decir, 6 millones más que en 2016. De los 240,8 millones, 48,2 millones corresponden al tramo estatal y 192, 6 millones al tramo autonómico.
 
El Ministerio y las comunidades autónomas acordaron que en el reparto de los fondos para este año 2017 se mantenga el porcentaje que recibió cada comunidad autónoma en 2016, de manera que se garantice que reciban, como mínimo, la misma cantidad que el año pasado.
 
La ministra aseguró que el Gobierno garantizará que estos fondos tengan una aplicación finalista y que el Ministerio recibirá por parte de las comunidades autónomas la justificación de los fondos y que continuará “dialogando y cooperando con el Tercer Sector y las comunidades autónomas”. De hecho, la ministra señaló que para diseñar este nuevo modelo, el Ministerio ha mantenido más de 50 reuniones con las entidades y con las autonomías.
 
Reacción de las comunidades autónomas
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Asturias y Cantabria han exigido que el Gobierno agilice, lo antes posible, la publicación del acuerdo con la distribución de los créditos a cargo del 0,7 % del IRPF para que las comunidades autónomas puedan realizar su convocatoria y así permitir que las entidades se acojan cuanto antes a las subvenciones. Estas seis comunidades han insistido en que lo importante ahora “es avanzar en este nuevo modelo”, que se plasmará en un decreto-ley. Una vez aprobada la normativa, “habrá que tener en cuenta las necesidades e intereses de los colectivos sociales”.
 
También han resaltado que “reclamamos que el presente acuerdo sólo tenga vigencia para este año 2017, y que se constituya un grupo de trabajo que será el encargado de analizar el futuro del sistema de las subvenciones de IRPF y propondrá un modelo aplicable a partir del 2018”.
 
Los programas que se financian gracias a la casilla Actividades de Interés Social van dirigidos, principalmente, a la infancia, a las familias, a la juventud, a las personas mayores, a las personas con discapacidad o a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
 
Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha explicado que la Comunidad Valenciana ha apoyado la propuesta “transitoria” para 2017 “por lealtad institucional, para dar una respuesta al Tercer Sector y por el bien de las personas beneficiarias”.
 
En este punto, ha incidido en la “excepcionalidad” de este acuerdo, y ha explicado que por este motivo la comisión ha fijado un calendario para trabajar un modelo nuevo de reparto de los fondos del 0,7 % del IRPF, dado que el actual se basa en el realizado en 2016. Oltra ha explicado al respecto que el nuevo modelo “debe basarse en criterios objetivos y territorializados” para que “a partir de 2018 se realice una distribución justa y que responda a las necesidades de cada territorio”.
 
Más dura ha sido la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de Cataluña, Dolors Bassa: “Hemos optado por favorecer la continuidad de los programas, a pesar de que consideramos que el modelo mixto tiene luces y sombras”. La consejera ha sentenciado que “consideramos que el 20 % del tramo estatal es excesivo. Una gestión hecha desde Cataluña, que cuenta con competencias exclusivas en materia de servicios sociales, nos permitiría hacer un reparto más ajustado a las necesidades de las entidades sociales catalanas, ampliar el número de proyectos y beneficiarios”, ha explicado Bassa.
 
En este sentido, ha insistido en que “este es un acuerdo excepcional, que tiene vigencia por un año y que apuesta por la continuidad de los programas en beneficio de las persones destinatarias y de las entidades”. En paralelo, se constituye un grupo de trabajo “encargado de diseñar el nuevo modelo a partir de 2018”. En cuanto “a las sombras, todavía no disponemos, por ejemplo, de un modelo cumplido, debido a la falta de información sobre el tramo estatal. No tenemos ni conocimiento ni del decreto ni tampoco de cómo será la convocatoria del tramo estatal, ni a qué finalidades se otorgará ni qué entidades se podrán presentar”.


Martes, 20 de Junio 2017

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