Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




AESTE y PWC apuestan por la colaboración público-privada, con unos estándares de calidad por grados y niveles


La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) y PriceWaterhouseCoopers (PWC) reunieron ayer, en la sede de la CEOE de Madrid, a más de 200 empresarios y profesionales del sector de atención a la dependencia en la jornada Perspectivas de futuro de los recursos de atención a la dependencia, donde se analizaron los distintos modelos internacionales de colaboración público-privada en el sector de atención a la dependencia. Asimismo, PWC presentó el estudio Situación del servicio de atención residencial en España.



Mesa inaugural presidida por el presidente de AESTE, Jorge Guarner
Mesa inaugural presidida por el presidente de AESTE, Jorge Guarner
El secretario general de la CEOE, José María Lacasa; el presidente de AESTE, Jorge Guarner; y el Senior Advisor de PWC, Jordi Sevilla inauguraron la jornada. A continuación, el vicepresidente de Residencias de AESTE, Domènec Crosas, moderó la mesa de debate que abordó los modelos internacionales de colaboración público-privada en la atención a la dependencia y en la que intervinieron Jean Claude Brdenk, director de Explotación de ORPEA (Francia); Ian Garner, Head of International Development Care Services de BUPA (Reino Unido) y Henrik Borelius de CEO ATTENDO (Suecia).
 
Una vez analizada la realidad internacional, responsables de PriceWaterhouseCoopers presentaron el informe a los asistentes. PWC revela en el estudio las deficiencias de la puesta en marcha de la Ley Dependencia en España y apuesta por un marco estable, transparente y sostenible, basándose en la colaboración público-privada con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia. El informe considera que para dar sostenibilidad al sistema se deben establecer “las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas”. Según el documento, el coste medio de una plaza residencial en España es de 70 euros al día y las tarifas oscilan desde los 1.928 euros al mes para la baja dependencia hasta los 2.187 euros mensuales para la alta dependencia. Sin embargo, actualmente, las Administraciones pagan una media de 54 euros al día a los centros concertados, lo que supone 16 euros diarios menos de su coste.  
 
Los autores del estudio también destacan que a medida que el calendario de implantación de la llamada Ley de Dependencia avanza, se observa cómo el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la Ley prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones. En este aspecto, hay comunidades con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Por el contrario, comunidades como la de Madrid destacan por el reducido peso de esta prestación frente a otras como la atención residencial, que representa el 52% de las prestaciones.
 
“Los servicios profesionales de atención a la dependencia son un gran generador de empleo estable y no deslocalizable”, aseguró Jorge Guarner en la clausura. El estudio recomienda la priorización de éstos según nivel de dependencia frente a cuidados familiares que no generan empleo ni retorno económico, y apunta que es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en todo el territorio, y que sin duda llevará implícita una reconversión del sector.
 
Otra observación de los responsables del informe es la aplicación dispar de la Ley por comunidades autónomas, existiendo unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados ni por población, ni por grado de dependencia, ni por tipo de prestación asignada. Según datos de la investigación, el número de plazas residenciales en España ha aumentado un 25% en los últimos 6 años y, a finales de 2009, ya superaba las 320.000 plazas. De ellos, 3 de cada 4 son de titularidad y gestión privada, por tanto, gestiona el 75% de las plazas residenciales. Andalucía es la comunidad autónoma con más número de ayudas otorgadas de cualquier tipo, y la segunda si se mide en relación a su población. En este caso, únicamente es superada por La Rioja. Por otra parte, se encuentran Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía que lideran el ranking por número de plazas, que, aunque dispar de unas comunidades a otras, coinciden en disponer de un mayor número de plazas privadas. El índice de cobertura (relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años) recomendado por la OMS es de 5% y España se sitúa en 4,1% por lo que hay demanda a satisfacer.
 
Tras la presentación del informe surgió un interesante debate, en el que participaron activamente los asistentes. Entre ellos, operadores del sector y consejeros de distintas comunidades autónomas. En esta espontánea mesa redonda se insistió en la necesidad de caminar hacia la unificación real de la normativa, con el fin de garantizar la igualdad de accesos a los servicios y en las mismas condiciones.
 La influencia de los bajos precios de la tarifa en las empresas del sector fue también un tema especialmente relevante que se abordó, sobre todo, por el efecto que tiene en la rentabilidad de las empresas. En cualquier caso, se incidió en la importancia de la certificación de los servicios y prestaciones y en ofrecer una garantía de calidad a todas las personas mayores y/o en situación de dependencia.


Viernes, 1 de Octubre 2010

Nota



Tags : AESTE

Nuevo comentario:
Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.


En la misma sección...
< >

Miércoles, 18 de Julio 2018 - 13:56 Contratación pública de servicios sociosanitarios