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AESTE y PWC apuestan por un sistema de acreditación y unos estándares de calidad por grados y niveles de dependencia


Durante la jornada se analizaron diferentes modelos internacionales de atención a la dependencia y se presentó el estudio Situación del servicio de atención residencial en España



AESTE y PWC apuestan por un sistema de acreditación y unos estándares de calidad por grados y niveles de dependencia
CEOE, José María Lacasa; el presidente de AESTE, Jorge Guarner; y el senior advisor de PWC, Jordi Sevilla inauguraron la jornada. A continuación, el vicepresidente de Residencias de AESTE, Domènec Crosas, moderó la mesa de debate que abordó los modelos internacionales de colaboración público-privada en la atención a la dependencia y en la que intervinieron Jean Claude Brdenk, director de Explotación de ORPEA (Francia); Ian Garner, Head of International Development Care Services de BUPA (Reino Unido) y Henrik Borelius, director general de Attendo (Suecia). Además de los principales operadores y profesionales del sector, asistieron importantes representantes políticos como la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo; el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón; el consejero de Política Social de Murcia, Joaquín Bascuñana; y la consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza.
El enfoque integral de la dependencia de Orpea (Francia), que incluye la atención física y psíquica, plantea dos modelos asistenciales. Por una parte, según explicó el director de Explotación, Jean Claude Brdenk, “contamos con residencias medicalizadas para mayores dependientes con alojamiento permanente o temporal, centro de día y unidad especializada para personas con enfermedades neurodegenerativas. Por otra, están las clínicas de estancias medias para periodos poshospitalarios (polivalente, geriátrica, cancerológica), rehabilitación funcional (posortopédica, traumatológica, neurológica), rehabilitación cardiológica y psiquiatría. Un modelo francés que estamos reproduciendo con éxito en Europa. Actualmente, tenemos una red de 5.181 camas en 48 centros, de las cuales el 50% están en fase de construcción o renovación”.

Por su parte, Ian Garner expuso que Bupa (Reino Unido) ofrece asistencia a la dependencia, aseguramiento médico privado, salud laboral y gestión de enfermedades crónicas. Concretamente, presta atención residencial y de enfermería a casi 30.000 usuarios en 438 centros en Australia, Nueva Zelanda, España y Reino Unido. Tras explicar la experiencia de la compañía en los diferentes países, el representante de BUPA concluyó enumerando las claves para mejorar el sistema de atención a la dependencia: “Colaboración pública y eficiencia privada, estándares de alta calidad supervisados y aplicados por igual a todos los proveedores, sistemas basados en el copago donde los usuarios contribuyen en función de su capacidad de pago (las tasas se determinan según el nivel de dependencia), una financiación suficiente que garantice tanto la calidad de la atención como una mejora continua y, por último, la libertad de los usuarios de elegir la residencia y poder optar por servicios adicionales que pagar aparte”.

Finalmente, el director general de Attendo (Suecia), Henrik Borelius, informó que en la región nórdica se atiende a las personas mayores con más financiación pública (mayor colaboración público-privada), en comparación con otros países europeos. Además, “las pequeñas empresas ofrecen un menor porcentaje de la atención a los mayores”. Por otra parte, comentó que existe una clara tendencia a la libertad de elección por parte de los usuarios, a través de los bonos, mediante los que pueden acceder a los diferentes segmentos asistenciales. Precisamente, para atender a las personas mayores, Attendo dispone de residencias de enfermería (propias o contratadas), apartamentos tutelados y atención domiciliaria. “En Suecia, los operadores profesionales con fines de lucro han aumentado la calidad de la atención a las personas mayores: más clientes y personal satisfechos a un menor coste”, concluyó Borelius.

Tras la exposición de estas enriquecedoras experiencias, los profesionales del sector de atención a la dependencia presentes en el acto insistieron en la necesidad de definir en España un marco claro, estable, transparente y sostenible basándose en la colaboración público-privada y con reglas de juego bien definidas. Todo ello desde la convicción de que una buena regulación de la dependencia y una coordinación sociosanitaria real harían más eficientes los recursos destinados a sanidad y dependencia.

AESTE y PWC apuestan por un sistema de acreditación y unos estándares de calidad por grados y niveles de dependencia
Un sector generador de empleo estable y no deslocalizable

Una vez analizada la realidad internacional, la directora de Sanidad y Farmacia de PriceWaterhouseCoopers, Silvia Ondategui, explicó que, a través del análisis de la información pública disponible, de la información aportada por los principales operadores del sector y de la realización de entrevistas, el estudio Situación del servicio de atención residencial en España “recoge la situación y las inquietudes del sector de atención residencial a mayores, uno de los principales contribuidores a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia”.
PWC revela en el estudio las deficiencias de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España y apuesta por un marco estable, transparente y sostenible, basando en la colaboración público-privada con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia. 
 
El informe considera que “sólo el pago de las tarifas concertadas por la Administración por grado y nivel de dependencia acorde al coste real de los servicios, evitaría que el déficit tarifario se cubra con las tarifas privadas”. Según el documento, el coste medio de una plaza residencial en España es de 70 euros al día y las tarifas oscilan desde los 1.928 euros al mes para la baja dependencia hasta los 2.187 euros mensuales para la alta dependencia. Sin embargo, actualmente, las Administraciones pagan una media de 54 euros al día a los centros concertados, lo que supone 16 euros diarios menos de su coste.  

Los autores del estudio también insisten en que a medida que el calendario de implantación de la Ley de Dependencia avanza, se observa cómo el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidador familiar, una figura que la Ley prevé como excepcional y que representa casi la mitad de las prestaciones. En este aspecto, hay comunidades con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Por el contrario, comunidades como la de Madrid destacan por el reducido peso de esta prestación frente a otras como la atención residencial, que representa el 52% de las prestaciones.

El estudio recomienda la priorización de los servicios según nivel de dependencia frente a los cuidados familiares, que no generan empleo ni retorno económico, y apunta que es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en todo el territorio “y que, sin duda, llevará implícita una reconversión del sector”.

Otra observación de los autores del informe es la aplicación dispar de la Ley por comunidades autónomas, existiendo unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados por población, grado de dependencia, ni tipo de prestación asignada. Según datos de la investigación, el número de plazas residenciales en España ha aumentado un 25% en los últimos 6 años y, a finales de 2009, ya superaba las 320.000 plazas. De ellos, 3 de cada 4 son de titularidad y gestión privada que, por tanto, gestiona el 75% de las plazas residenciales. Andalucía es la comunidad autónoma con más número de ayudas otorgadas de cualquier tipo, y la segunda si se mide en relación a su población. En este caso, únicamente es superada por La Rioja. Por otra parte, se encuentran Cataluña, Madrid, Castilla y León y Andalucía que, según el estudio, lideran el ranking por número de plazas. Pese a ello, el índice de cobertura recomendado por la OMS es del 5% y España se sitúa en el 4,1%, lo que quiere decir que hay demanda por satisfacer.

Tras la presentación del informe también surgió un interesante debate, en el que participaron activamente los asistentes. Entre otros temas, se abordó la necesidad de caminar hacia la unificación real de la normativa, con el fin de garantizar la igualdad de acceso a los servicios y en las mismas condiciones. La influencia de los bajos precios de la tarifa en las empresas del sector fue también un tema especialmente relevante que se trató, sobre todo por el efecto que tiene en la rentabilidad de las empresas. En cualquier caso, se incidió en la importancia de la certificación de los servicios y prestaciones y en ofrecer una garantía de calidad a todas las personas mayores y/o en situación de dependencia. 

AESTE y PWC apuestan por un sistema de acreditación y unos estándares de calidad por grados y niveles de dependencia
Principales conclusiones

1 - Resulta esencial completar el proceso pendiente de acreditación de los proveedores de servicios para garantizar a los ciudadanos el derecho a un servicio de atención justo y de calidad, comparable en todos los territorios y ámbitos geográficos.
Por otra parte, la oferta pública de plazas sigue siendo heterogénea en lo referente a las estrategias de planificación, el sistema de compra y los requisitos de acreditación, lo que dificulta la equidad entre los territorios.

2 - La estructura económica actual de concertación de servicios de la mayor parte de comunidades autónomas provoca déficit en los operadores. El desarrollo ordenado del sector, mediante unas tarifas de concertación por grado y nivel de dependencia alineadas con el coste real del servicio y la calidad demandada, evitaría que las tarifas privadas cubran el déficit de las públicas.

3 - La sostenibilidad en el futuro del sector de provisión de servicios de atención a la dependencia se ve comprometida por los costes salariales y de operación actuales, y las tarifas medias de concierto. El pago de unas tarifas de concierto más alineadas con el coste real de los servicios, no sólo alejaría las dudas sobre la sostenibilidad del sector, sino que facilitaría la realización de las inversiones necesarias para desarrollar una oferta de calidad.

4 - Los servicios formales de atención a la dependencia son una fuente de generación de empleo estable y no deslocalizable. Estamos ante un nuevo sector con un gran potencial de generación de empleo estable. Es este sentido, sería recomendable la priorización de la prestación de servicios profesionales y adaptados al nivel de dependencia de la persona, frente a la prestación económica que no genera empleo ni retorno económico.

5 - Es posible desarrollar las condiciones necesarias para tener unos sistemas de ayuda a la dependencia comparables a los de otros países de referencia por la calidad y profesionalidad de los servicios de atención. Es importante destacar la labor de las comunidades autónomas que, en cumplimiento de la Ley, no sólo apuestan decididamente por los servicios profesionales, sino que realizan importantes esfuerzos por primar servicios de calidad y tarifas adecuadas por grado y nivel de dependencia al coste real de los servicios.


Lunes, 25 de Octubre 2010

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