Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




Abordaje de la protección jurídica en las personas mayores desde el trabajo social




La Asociación Benéfica Geriátrica (ABG) y la Asociación Mis Mayores (MIMA) organizaron, el pasado viernes en el Imserso, una jornada en la que más de 200 profesionales del ámbito jurídico, de la psicología y del trabajo social profundizaron en las herramientas existentes en nuestra legislación para la protección jurídica de las personas mayores y las vías de actuación ante la problemática de un mayor presunto incapaz, tanto a nivel profesional como familiar.
 
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Isabel Lima; el vicedecano del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, Daniel Gil y la coordinadora de ABG, Silvia Sierra inauguración la jornada.
 
Lima subrayó que desde la Secretaría de Estado “trabajamos de manera transversal teniendo en cuenta dos ejes: el que tiene que ver con aspectos jurídicos, ya que hay que cumplir las leyes, y el que se centra en la ética profesional, porque hay situaciones que pueden llevar a una incapacitación”. Por otra parte, Lima recordó otros proyectos en los que está trabajando la Secretaría, como las estrategias para luchar contra la soledad o el maltrato de las personas mayores y el Plan Nacional de Alzhéimer, entre otros. “Todas estas iniciativas confluyen en la prevención, atención y participación de las personas mayores. Debemos respetar su autonomía, contando con la familia, y, si no fuera posible, existen instituciones tutelares”, señaló Lima.
 
Por su parte, Daniel Gil indicó que el trabajador social se enfrenta a dos retos. Por un lado, formativo con el pregrado, posgrado y el aprendizaje a lo largo de la vida; y, por otro, deontológico, ya que la práctica de la profesión no debe entrar en colisión con la orientación individual. “Somos prescriptores de recursos, la puerta de entrada al sistema. Por eso, debemos tener muy presente la protección jurídica de las personas mayores”, aseveró.
 
“¿Está el ordenamiento jurídico preparado para dar respuesta a una sociedad cada vez más envejecida?”, planteó la coordinadora de ABG. Para dar respuesta a la cuestión central de la jornada, intervinieron tres profesionales en la materia del ámbito jurídico, de la psicología y del trabajo social.
 
Profesionales implicados
La introducción a las medidas de protección jurídica de las personas mayores corrió a cargo de Ignacio Carpio, notario y colaborador de la Fundación Aequitas. Este profesional partió de la premisa que no hay un concepto de persona mayor desde el punto de vista jurídico, pero sí existen consecuencias jurídicas no deseadas de llegar a mayor como, por ejemplo, el internamiento involuntario. “De ahí la importancia de establecer medidas de protección jurídica para que las personas con capacidad de obrar puedan, a través del testamento vital, designar a un representante que vele por su voluntad e intereses cuando se vean sometidas a un proceso de modificación de capacidad: tutela, curatela y otros”, explicó Carpio. Todo ello supone un reto para los operadores sociosanitarios, “que deben buscar soluciones respetando la autonomía y voluntad de las personas mayores”.
 
Por su parte, el trabajador social del Programa Mayores en Domicilios, de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA), Nacho Alonso, habló sobre el trabajo social desde el AMTA y la coordinación con otros recursos sociosanitarios. “La incapacitación judicial consiste en proteger al incapacitado, no en limitar sus derechos y, por ello, una persona incapacitada judicialmente no está limitada ni anulada como persona. Es decir, protegemos a las personas, las acompañamos y velamos por sus intereses”, señaló. Durante su intervención, recordó quién puede iniciar el proceso de modificación de capacidad (presunto incapaz, cónyuge o similar, descendientes, ascendientes y hermanos) y explicó en qué consiste el procedimiento, desde que el expediente llega a la fiscalía hasta que hay una declaración de sentencia firme. Asimismo, expuso las diferentes medidas de protección: tutela, curatela, defensor judicial y otras, como el guardador de hecho.
 
Finalmente, la psicóloga forense de los Juzgados de Incapacidades y Tutelas de Madrid, Pilar Castellanos, se centró en la intervención del equipo psicosocial (psicólogo y trabajador social) en los procedimientos de modificación de capacidad, tutelas e  internamientos involuntarios. Respecto al procedimiento de modificación de la capacidad, los juzgados de 1ª instancia de Madrid capital “tienen adscritos cuatro equipos psicosociales que asesoran pericialmente a los jueces. Las demandas al equipo psicosocial son siempre de oficio, por requerimiento del Juzgado de 1ª Instancia especializado en internamientos involuntarios e incapacidades, aunque puede ser solicitado a través de éste a petición de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (incapacidades) o de las partes”, expuso Castellanos. Sobre el procedimiento de incapacitación, además de los expuestos por el representante del AMTA, pueden presentar la demanda de modificación de capacidad el Ministerio Fiscal, cualquier persona facultada y las autoridades y funcionarios públicos.
 
Una vez iniciado el procedimiento de incapacitación, si bien las pruebas pueden consistir en documentos, peritajes, testificales, etc., esta profesional subrayó que “también se procede a la exploración judicial de la persona presuntamente discapaz, la exploración médico-forense y la audiencia de parientes más próximos”.


Lunes, 27 de Mayo 2019

Nota




Nuevo comentario:
Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.