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Acreditación profesional y financiación, temas centrales del Consejo Territorial de Dependencia




Por Sonia García

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió el 19 de octubre dos reuniones del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. En una de ellas, se abordaron varios asuntos relacionados con la cartera de Servicios Sociales, como la modificación de los criterios de acreditación de los profesionales de atención directa, el aumento del nivel mínimo de protección del Sistema de Dependencia o el desarrollo de la teleasistencia avanzada. La otra reunión se centró en el Informe de evaluación del Sistema de Dependencia, aprobado por unanimidad por todas las comunidades autónomas, que hace un diagnóstico de la situación actual de la Ley de Dependencia y los mecanismos de financiación, analizando sus posibilidades de mejora. Este informe será elevado al grupo de trabajo de financiación autonómica, que es el organismo competente para decidir cómo se va a financiar el Sistema de Dependencia en el futuro.
 
Ministerio y comunidades autónomas acordaron la modificación de los criterios de acreditación de los profesionales de atención directa que prestan sus servicios en centros y servicios sociales, con el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo. Así lo anunció la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se celebró el 19 de octubre.
 
De esta manera, “garantizamos la estabilidad en el empleo de más de 17.000 personas. El 31 de diciembre de este año finalizaba el plazo para que todos los profesionales de atención a la dependencia se acreditaran. Para evitar que pierdan su trabajo, hemos acordado que puedan continuar acreditándose. Estamos, por tanto, velando por estos 17.000 puestos de trabajo profesionales”.
 
Sobre esta cuestión, la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, señaló que se trata de un “pacto muy importante, porque de común acuerdo con las comunidades autónomas hemos garantizado que ningún trabajador pueda ser despedido por falta de acreditación. Hemos hecho un itinerario de común aplicación a todas las comunidades autónomas y los trabajadores van a poder ir acreditándose mediante diferentes procesos y convocatorias, con la tranquilidad de que tienen tiempo suficiente para formarse”.
 
Concretamente, se han definido dos medidas:
  1. Eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional, que estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia. Ahora se desvincula de la edad y pueden acogerse a esta medida todos los trabajadores que cumplan los requisitos.
Esta habilitación excepcional garantiza que los profesionales puedan trabajar en el ámbito de la dependencia siempre que acrediten experiencia o formación suficiente, aunque no tengan una titulación académica específica. Se crea para las personas cuidadoras/gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales que a 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de, al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente o, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en el mismo periodo.
 
  1. Establecer una habilitación provisional para personas que, con anterioridad al 31 de diciembre de 2017, hubieran trabajado y, sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia laboral que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, a partir de la publicación del presente acuerdo y hasta el 31 diciembre de 2022.
 
Los departamentos de las Administraciones autonómicas competentes identificarán, nominalmente por categoría profesional, las personas que han solicitado la habilitación provisional. Esta relación de personas será remitida al Imserso para coordinar y promover ante las Administraciones competentes las actuaciones necesarias para la obtención de los certificados de profesionalidad de aquellos trabajadores que no dispongan de los mismos.
 
Mayor financiación
Para dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas dependientes, Ministerio y comunidades autónomas aprobaron la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección que paga el Estado a las comunidades autónomas cada mes por dependiente atendido, aumentándolas en más de un 5 % de media, lo que supone 5,6 euros por dependiente atendido. Además, la ministra añadió que “estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que ese incremento del 5 % sea retroactivo a 1 enero de 2017”.
 
Concretándolo en grados, las cuantías quedan de la siguiente manera:
  • El grado I de dependencia pasa a 47,38 euros (3,05 euros más).
  • El grado II de dependencia a 84,49 euros (1,65 euros más).
  • El grado III se incrementa hasta los 190,13 euros (12,27 euros más).
 
En total, la ministra Montserrat calculó que este aumento supondrá alrededor de 69 millones de euros.
 
“Conforme España crece económicamente, la voluntad del Gobierno es retornar el esfuerzo que hicieron tantas familias dependientes en la época de crisis económica”, reconoció la ministra. En este sentido, mostró su voluntad “de ir recuperando en los próximos años el nivel mínimo que se perdió en 2012”. Se trata de una gran noticia para todos los dependientes, “que se verán beneficiados por este incremento”.
 
“Gracias a la recuperación, podemos fortalecer nuestro sistema de protección social, un pilar esencial que garantiza la cohesión de nuestro país”, apuntó la ministra.
 
Diagnóstico de la dependencia
En cuanto al Informe de evaluación del Sistema de Dependencia, aprobado por unanimidad, la ministra subrayó la importancia de que, desde que la Ley de Dependencia entró en vigor hace diez años, es la primera vez que Gobierno y comunidades autónomas realizan un análisis conjunto de la situación del Sistema. ...

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Miércoles, 8 de Noviembre 2017

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