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Aerte apuesta por el acuerdo en la negociación del convenio en la Comunidad Valenciana, “pero hay peticiones inasumibles”




Aerte lamenta “profundamente” la decisión de los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV de convocar movilizaciones “y que acuse a la patronal del bloqueo del convenio” tras la última reunión, celebrada el pasado 26 de febrero, en la que “el acuerdo estuvo a punto de alcanzarse”.
 
La representación empresarial presentó en esa reunión una propuesta que consolidaba un aumento de la retribución de las auxiliares del SAD cerca de un 6 % y un incremento salarial para el resto de trabajadores por encima del IPC de los dos últimos años, superior a las revisiones de precios de los contratos que mantienen las empresas con las Administraciones Públicas.
 
“Aerte ha demostrado durante todo este proceso su voluntad y compromiso de trabajar en un marco adecuado y de diálogo fluido para alcanzar un acuerdo, pero en las circunstancias actuales es imposible. Y lo lamentamos, ya que las trabajadoras del sector podrían estar cobrando ya estos incrementos si se hubiera producido el acuerdo ese día”, indicó el presidente de Aerte.
 
Tras años de negociación colectiva autonómica, se ha logrado que los trabajadores que se rigen por este convenio “cobren mucho más que lo que se marca en el convenio estatal de la dependencia”. En concreto, la patronal asegura que una auxiliar de SAD recibe 2.861,99 euros anuales más, un 21,01 %, y una auxiliar de enfermería cobra 2.054,66 euros anuales más, un 13,34 %, de lo que cobran sus compañeras de otras partes de España, por lo que Aerte valora positivamente el resultado obtenido durante estos años por las gestiones integrales para el servicio prestado a las personas atendidas, las empresas gestoras y, de manera muy destacada, para las trabajadoras del sector. “Es una prueba más de que la cooperación público privada es un mecanismo capaz de generar situaciones en las que todas las partes ganen”, afirmó Jose María Toro.
 
Aerte ha planteado en múltiples ocasiones a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas el establecimiento de un sistema de licitación de servicios sociales que se base en la calidad del servicio y no en la oferta económica.
 
Por todo lo expuesto, Aerte considera que la postura de las organizaciones sindicales “es una decisión irresponsable, ya que podría suponer la aplicación en el sector del convenio marco estatal de la dependencia, con los salarios más bajos que conlleva, lo que no puede ser entendido más que una equivocación en la gestión de la situación por parte de la representación de los trabajadores”.
 
“Ser una entidad socialmente responsable es que querer que las condiciones de las trabajadoras sean las mejores posibles, pero también saber dónde está el límite para que el servicio siga siendo sostenible” declaró Toro.
 


Miércoles, 27 de Marzo 2019

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