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Aerte denuncia la exclusión de las entidades mercantiles del concierto social




Aerte está estudiando recurrir el decreto de acción concertada aprobado recientemente por el Consell, si no se permite que participen todas las entidades de servicios sociales. La patronal valenciana lleva casi un año y medio transmitiendo a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a los grupos políticos de Les Corts que la Directiva Europea 24/2014/UE, en la que se basó la modificación que se hizo a principios de año de la Ley de Servicios Sociales, que no permite reservar solamente el concierto a entidades sin ánimo de lucro. A pesar de ello, el departamento de Mónica Oltra sacó adelante la modificación legal.
 
El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en la que se permite que las comunidades autónomas puedan crear figuras como el concierto social siempre que respeten el principio de no discriminación, es decir, que permita participar en el mismo a cualquier entidad de servicios sociales independientemente de su forma jurídica. Lo que confirma la posición mantenida por Aerte todos estos meses.
 
Aun así, el Consell aprobó el Decreto de Acción Concertada que desarrolla el cambio legal que se llevó a cabo en enero, ignorando la nueva ley básica estatal en materia de contratación.
 
Aerte, como entidad más representativa del sector, tiene la responsabilidad de aportar ideas, argumentos y documentos que avalen la visión que propone sobre el modelo valenciano de servicios sociales. Su voluntad es generar consenso y sumar, buscar soluciones que puedan mejorar la atención que se presta a las personas con la colaboración de todos. Esa ha sido la actitud durante los dos últimos años y medio en la preparación del concurso de 3.300 plazas, el papel de los cuidadores no profesionales, el nuevo modelo de salud mental, el decreto de la dependencia, las posibles medidas para reducir las listas de espera de dependientes, la coordinación sociosanitaria, la atención farmacéutica, etc.
 
Sin embargo, Aerte lamenta que prácticamente ninguna de las aportaciones han sido tenidas en cuenta. “Cuando, además, se suma la posible ilegalidad de alguna de las medidas que se han adoptado como la exclusión de las entidades mercantiles del concierto social o la reducción de los requisitos de los cuidadores no profesionales, por entrar en colisión con normativa básica estatal, sólo queda la opción de acudir a los tribunales para intentar resolver la situación. Pero eso conlleva muchos inconvenientes para el sistema y las personas que son atendidas, e incluso puede paralizar la aplicación de las medidas, lo que acaba provocando muchos problemas que se podían haber evitado buscando soluciones conjuntas y previniendo las posibles dudas jurídicas que se han planteado. Para llegar a un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes…”, subrayan fuentes de la patronal.


Martes, 28 de Noviembre 2017

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