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Aerte lamenta la equiparación de los cuidadores familiares con los profesionales de atención a la dependencia


El 25 de noviembre se publicó en el DOGV la creación en la Comunidad Valenciana de un censo de personas cuidadoras en el entorno familiar, con el objetivo de reconocer las competencias profesionales y experiencia adquiridas por las personas cuidadoras familiares en el entorno domiciliario, otorgándoles la posibilidad de obtener la cualificación profesional de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o en instituciones sociales.



En definitiva, y con la información disponible, Aerte entiende que el objetivo es permitir el acceso a la profesión de auxiliar de clínica, gerocultora o de servicio de ayuda a domicilio convalidando la experiencia que tuvieran las personas cuidando a un familiar junto con alguna formación complementaria, lo que la patronal considera contraproducente en base a los siguientes puntos:
 
La ORDEN 17/2016, de 21 de septiembre, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regula la formación complementaria de los directores y directoras, los requisitos de cualificación profesional y el procedimiento de habilitación excepcional de los profesionales de mayor edad y experiencia del personal de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana recoge los requisitos para obtener la cualificación profesional.
 
El objetivo era que los requisitos y estándares sobre recursos humanos fueran dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo, es decir, apostaba por la profesionalización como elemento de garantía de calidad del servicio.
 
Para ello, desde el 1 de enero de 2106, todas las personas que empiecen a trabajar como auxiliar o gerocultora deben poseer la cualificación profesional, consistente en un título de técnico, de Formación Profesional, en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y similares o el Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
 
En la normativa, se han producido habilitaciones excepcionales y provisionales en base a la experiencia profesional adquirida pero, para ello, se exigían ciertos requisitos. El primero, estar dado de alta en la seguridad social y contar con contrato laboral de auxiliar de clínica o gerocultora, el segundo es que ese trabajo debería haber estado desempeñado bajo supervisión técnica profesional en un centro o servicio, los responsables de dichos recursos podían evaluar el correcto desempeño de las tareas de estas personas. Sólo se tenía en cuenta el tiempo efectivo de contrato y debía sumar 2.000 horas de ejercicio profesional.
 
En el caso de las cuidadoras no profesionales, hasta hace muy poco no tenían la obligación de estar dadas de alta en la seguridad social, en muchos casos no existe contrato, no están fijadas las horas de trabajo efectivo en ningún sitio, no han tenido ningún tipo de supervisión ni de evaluación del trabajo que han llevado a cabo. El problema surge a la hora de acreditar, entonces, el trabajo realizado y el resultado del mismo. La cualificación se obtendrá con menos requisitos de los que se le hayan pedido al resto de trabajadoras. En definitiva, Aerte critica que se rebaja la calidad exigida del servicio.
 
Desde la patronal y los sindicatos se llevan muchos años defendiendo la profesionalización del sector, por lo que esto parece un retroceso en la evolución que se ha seguido hasta ahora en el sector. Muchas trabajadoras del sector han tenido que hacer un esfuerzo formador muy importante en los últimos años y, en muchos casos, con un desembolso económico de hasta mil euros.
 
“¿Es serio este planteamiento? ¿Estamos dando de verdad valor al esfuerzo formador y de cualificación que han tenido que hacer tantas trabajadoras, incluso con un importantísimo esfuerzo económico?¿Qué dirán aquellas trabajadoras que han tenido que asumir un coste tan elevado para formarse, muchas de ellas con un salario modesto, cuando ahora vean que la Consellería convalida la experiencia sin ninguna acreditación oficial? ¿Qué opinan los sindicatos de esta medida y la desigualdad que plantea?”, se pregunta el presidente de Aerte, José María Toro.
 
 
 


Martes, 26 de Noviembre 2019

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