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Aerte recurrirá el decreto de concierto social por considerarlo contrario a la normativa estatal básica




Aerte ha anunciado que recurrirá el Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana por entidades de iniciativa social, publicado el 23 de diciembre en el DOGV, por no permitir que puedan participar todas las entidades de servicios sociales, independientemente de su forma jurídica.
 
El pasado 9 de noviembre se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público en la que se permite que las comunidades autónomas puedan crear figuras como el concierto social siempre que respeten el principio de no discriminación.
 
Aerte lleva casi un año y medio transmitiendo a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y a los grupos políticos de Les Corts que la Directiva Europea 24/2014/UE, en la que se basó la modificación que se hizo a principios de año de la Ley de Servicios Sociales, no permite reservar solamente el concierto a entidades sin ánimo de lucro. A pesar de ello, el departamento de Mónica Oltra sacó adelante la modificación legal.
 
El 23 de diciembre, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el Decreto de Acción Concertada que desarrolla el cambio legal que se llevó a cabo en enero, ignorando la nueva ley básica estatal en materia de contratación.
 
“Pensábamos que la actitud de la Administración sería la de adaptar el concierto al nuevo marco legal y permitir que pudieran acceder al concierto todas las entidades debidamente autorizadas. Sin embargo, la decisión no ha sido la de rectificar sino al contrario, la de aprobar el decreto por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ignorando por completo la nueva Ley de Contratos del Sector Público”, indicó el presidente de Aerte, José María Toro.
 
Estabilidad necesaria para el tercer sector
“Hemos defendido siempre la necesidad de eliminar el sistema de subvenciones actual y aportar al sector sin ánimo de lucro una estabilidad y seguridad jurídica para poder trabajar adecuadamente, pero no debe llevarse a cabo excluyendo al resto de entidades”, señaló el presidente de Aerte.
 
“A pesar del gran número de ocasiones en las que hemos informado a la Consellería de que esa discriminación podría ser contraria a derecho, se ha seguido por el mismo camino por lo que nos vemos obligados a recurrir el decreto en vía judicial con todos los inconvenientes que puede generar en el sistema. Si eso se produce, no podremos aceptar que se nos culpe de la paralización cuando llevamos avisando de esta situación desde hace meses y la Consellería ha ignorado todas las advertencias que se han hecho en este sentido”, reiteró Toro.


Martes, 2 de Enero 2018

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