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Aerte satisfecha por la suspensión del nuevo concurso de atención farmacéutica




La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su satisfacción por la suspensión de la licitación del concurso Resi-EQUIFar de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública para la distribución de medicamentos en las residencias de la Comunidad Valenciana, tras los recursos presentados por Aerte y el Colegio de Farmacéuticos de Valencia.
 
“Desde Aerte entendemos que nuestras propuestas para la mejora de la calidad del servicio hechas en las mesas y la imprescindible colaboración con las residencias no han sido atendidas. Por lo tanto, las residencias seguiremos exigiendo el nivel de calidad que recibimos hoy y que va en beneficio de la persona residente y no aceptaremos limitaciones en el servicio que se recibe por considerarlo contrario al interés de las personas usuarias de los centros”, ha declarado José María Toro, presidente de Aerte.
 
Se han recogido en el pliego las entregas semanales ordinarias de medicamentos, unas extraordinarias de 72 horas y unas urgentes de 24 horas. Aerte cree que eso no refleja la realidad de las residencias, donde existe un gran número de cambios de tratamiento por las características del grupo que atienden y que requerirán un importante número de envíos urgentes, lo que evidentemente complicará la logística del concurso y se apartará del escenario planteado por la Conselleria. Muchas residencias están recibiendo actualmente este servicio de manera diaria, lo que permite cambiar los medicamentos necesarios de un día para el otro. “El sistema propuesto, por tanto, no puede dar la misma calidad”, apunta.
 
A nivel jurídico, las residencias consideran que la Ley estatal permite elegir a las residencias la posibilidad de establecer un servicio de farmacia propio si tienen más de 100 plazas y un depósito vinculado a una oficina de farmacia, en el caso de contar con un número inferior. El concurso obliga a someterse a este sistema a todos los centros, sin respetar ambas circunstancias recogidas en la normativa nacional, lo que parece ilegal. Además, ya se ha dictado una sentencia contraria a estos sistemas en Andalucía con argumentos jurídicos parecidos.
 
Otro aspecto sorprendente es que los pliegos del concurso están firmados en los meses de septiembre y noviembre de 2017, antes incluso de que se hubiera aprobado la modificación de la Ley en Les Corts y, en todo caso, antes de la aprobación del decreto, todavía en fase de tramitación, que es donde se debería desarrollar todas las características del servicio que deberían ser recogidas en la licitación.
 
Además, como la infraestructura la pone la entidad que sea adjudicataria del concurso, en las siguientes licitaciones tendrá una ventaja sobre las otras empresas que se presenten, que tendrán que hacer la inversión de manera completa, lo que va a provocar que se pueda convertir en un contrato indefinido.
 
“Se ha incluido un listado de centros en la licitación, pero hay que tener en cuenta que se pueden abrir nuevos centros que estarán obligados a acogerse a este plan, que algunos de los centros del listado no son correctos, que no todas las plazas están ocupadas y que hay muchos residentes que funcionan por mutuas, como los funcionarios, o servicios privados y que no deberían ser tenidos en cuenta para el cálculo del presupuesto de las entidades que quieran participar en la licitación. Todo esto genera confusión e inseguridad jurídica”, explica Toro.
 
En su opinión, con el nuevo sistema propuesto por la Conselleria, las personas que residen en una residencia privada serán atendidas por el mismo procedimiento que el que tiene actualmente las que residen en las residencias públicas. “Esas posibilidades no son las mismas que las que tienen las personas que residen en un domicilio particular. Por lo tanto, la equidad se va a hacer a la baja y no se va a igualar a todo el mundo en el servicio que tienen las personas en su domicilio”, concluye.


Viernes, 23 de Febrero 2018

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