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Aeste, Ceaps, FED y Lares defienden la profesionalidad de los trabajadores y su dedicación




Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el trato a personas fallecidas en algunas residencias ha causado estupor e indignación entre los profesionales que atienden a las personas mayores y en situación de dependencia en residencias de todo el territorio.

En este sentido, Aeste, Ceaps, FED y Lares han expresado en diferentes comunicados su disgusto y preocupación por estas declaraciones porque, además, aseguran que esas palabras lo único que hacen es incrementar la inquietud entre los familiares.

Por otra parte, alaban la labor de los trabajadores que, con gran profesionalidad y dedicación, atienden a los residentes. También coinciden en señalar que, ante cualquier comportamiento delictivo, los propios profesionales son los primeros en denunciarlo y rechazarlo; no obstante, subrayan que no se puede condenar a todo el sector por la mala praxis de unos pocos.

Aeste valora positivamente el funcionamiento de las residencias y la labor de los profesionales
Aeste asegura que los mayores necesitan apoyo y ayuda, “no declaraciones de políticos que vengan a criminalizar a las trabajadoras de todo un sector”. Según expresa la patronal en un comunicado, el sentimiento es unánime entre los 250.000 trabajadores del sector de atención a la dependencia: “Nunca antes una ministra había conseguido ponerse en contra a los empleados, sindicatos, empresas y asociaciones del sector de atención a la dependencia”. En palabras de su secretario general, Jesús Cubero, “todos coincidimos en que dichas declaraciones de la ministra Robles tan solo obedecen a su desconocimiento del sector y a su afán de protagonismo en los medios. Incluso algunos ministros compañeros de Robles ya han salido a desmentirla indicando que lo que la ministra generalizó eran, en realidad, casos aislados”.

Diversas empresas del sector de la dependencia contactaron con responsables de la UME cuando iban a desinfectar sus centros, y la valoración en todos los casos fue de estar ofreciendo un cuidado excepcional a las personas mayores que residen en sus centros, felicitando y animando a los trabajadores que se encargan de cuidar a los mayores en estos días tan complicados.

“En las residencias cuidamos a las personas más vulnerables en esta crisis sanitaria, y los mayores no son un foco de infección, son víctimas de la falta de previsión y atención de sus necesidades. Llevamos varias semanas con medidas de prevención y protocolos de actuación específicos para este virus, mientras que las autoridades sanitarias que debían detectar el riesgo y socorrer las necesidades de los mayores han dejado a este colectivo abandonado a su suerte. Seguimos recibiendo rechazos de ingresos hospitalarios, falta de suministro de Equipos de Protección Individual por parte del Gobierno, demoras en la certificación y recogida de los cadáveres en casos de fallecimientos, y las pruebas rápidas de detección del virus siguen sin hacerse a nuestros profesionales y residentes. Si la ministra quiere ser de utilidad, ahí tiene cuatro puntos sobre los que ponerse a trabajar. De la desinfección ya se encarga el personal de uniforme, y a diferencia de ella, felicitan y animan al personal de nuestros centros antes de dirigirse a su siguiente destino. Un personal, el de las residencias, cuya profesionalidad y heroico sentido del deber es comparable al de los centros sanitarios”, semana Cubero.

Si se ha producido alguna acción delictiva puntual en el sector residencial, tiene la más absoluta y rotunda condena de todo el sector (empleados, sindicatos, empresas y asociaciones profesionales), pero rechazamos que esa situación califique a todo un sector. Todos los operadores, autoridades y ciudadanos tenemos la obligación de poner en conocimiento de la policía las situaciones que dentro del sector o fuera del mismo incumplan con las normativas y/o las leyes que nos aplican como parte de la sociedad. Si queremos frenar el avance del virus y los nuevos brotes posibles, necesitamos de forma urgente detectar cuanto antes a los enfermos y a los portadores del virus. Para ello es imprescindible que sigamos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y realicemos de forma masiva los test de detección.
 
Cubero concluye diciendo que “los aplausos que animan cada noche al personal sanitario y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado deberían incluir expresamente a todo nuestro personal de las residencias y servicios de atención a domicilio, quienes están arriesgando su vida por la generación que nos legó esta sanidad, el sistema del bienestar y quien ha servido de apoyo a toda la sociedad durante la última crisis económica. Quiero enviar nuestro ánimo y felicitación a todos los gerocultores, personal sanitario, de limpieza y en general a todos los que están contribuyendo de alguna forma al bienestar de las personas mayores en toda España”.

Ceaps exige al Estado rigor, medios y respeto
Ceaps exige “responsabilidad, rigor, profesionalidad y respeto” a los máximos responsables políticos en un momento de grave crisis nacional, especialmente delicada para el sector de atención a los mayores, que desarrolla su labor sin los medios de protección adecuados, ni materiales ni emocionales.
 
El sector de la dependencia hace esta reclamación tras las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que con sus declaraciones públicas criminalizaba la labor de los profesionales de atención a los mayores. Algo que ha causado un “profundo malestar” entre el conjunto de empresas y profesionales. “Somos un aliado especial y altamente profesionalizado que necesita apoyo, medios humanos y materiales. Para ganar esta batalla es necesario trabajar juntos”, explican en Ceaps.
 
“Llevamos más de un mes pidiendo medios, reclamando protocolos comunes, pidiendo al presidente y vicepresidente del Gobierno reuniones para poder abordar la atención a las personas mayores de la forma más adecuada y coordinada para evitar que el caos se produzca y hasta que éste no se ha producido no se han comenzado a tomar medidas”, explica Ceaps en un comunicado.
 
A esto añade que “las personas usuarias no entienden de figuras jurídicas y las más de 5.400 residencias públicas, privadas o del denominado ‘sector social’ que existen en España viven situaciones muy diversas. No podemos permitir que se generalice y que el trabajo de las más de 190.000 personas y el cuidado de 380.000 personas esté en tela de juicio por informaciones sesgadas que alarman, sobre todo, a las familias de los usuarios que residen en algún centro del país y que por imperativo legal no puede visitarlas en persona”.
 
Durante el fin de semana, la UME desinfectó 70 centros de los tres tipos anteriormente referidos en Asturias, Castilla y León, Madrid (21 en esta región), Andalucía, Valencia y Canarias, entre otras zonas. Las informaciones vertidas no especifican quién ofrecía el servicio “y a nosotros nos da igual, queremos saber qué ha ocurrido en estos centros, por qué se ha producido esa situación y cómo se ha llegado a ese punto en los lugares que se refiere. Hay que ofrecer todos los datos. Si las situaciones que se han encontrado era porque los centros estaban cumpliendo las leyes; en definitiva, toda la información”, explican.
 
“La JUSTICIA SOCIAL debe ser para todos, la Ley de Dependencia nació para eso, la prioridad está en atender, en cuidar de cada persona usuaria, sobre todo en PREVENIR, que el COVID-19 no entre en ningún centro”, continúan.
 
“En unos centros mermados por las bajas, los profesionales trabajan bajo mínimos porque antes de que los EPIS, mascarillas o batas lleguen a las residencias son ‘confiscados’ por el Estado debido a la alerta establecida por el Gobierno. Nosotros, hemos establecido unas pautas básicas para cada residencia que comienzan con realización de pruebas a los trabajadores, que ningún usuario que vuelve del hospital entre en un centro sin realizarse un test del coronavirus, que se desinfecten los centros donde exista algún positivo y que sólo se atiendan casos confirmados si existen las medidas de medicalización previstas”.
 
Además, en el plan de Ceaps se encuentra la reestructuración de los centros en pequeñas unidades de residentes para así controlar que en el caso de que exista un caso positivo no se extienda al resto del centro.
 
Desde las organizaciones que agrupa el Círculo Empresarial de Atención a las Personas, Ceaps se ha ido analizando la realidad y compartiendo información y logrando que la DIGNIDAD sea la seña de IDENTIDAD de la atención a las personas, como lo ha sido siempre y establecido un mínimo de condiciones que tienen que tener los centros para que acojan a las personas usuarias con COVID-19.
 
Comunicado de Ceaps

FED manifiesta su indignación y preocupación
La FED manifiesta su indignación y preocupación ante las declaraciones de la ministra Robles sobre el trato a personas fallecidas en algunas residencias de mayores. Según expresan en un comunicado de prensa: “Las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, contra algunas residencias de mayores, por haber encontrado las fuerzas de seguridad personas fallecidas en las habitaciones de los centros como si se tratara de una grave negligencia que hay que perseguir, demuestra no solo desconocimiento sino una grave irresponsabilidad al transmitir una imagen alarmista creando desconfianza hacia un sector que, en este momento, está cuidando a más de trescientas cincuenta mil personas mayores”.

Desde FED insisten en que “cuando una persona fallece en una residencia debe permanecer en el centro, bien en un espacio reservado para ello o bien en su habitación, hasta que los servicios funerarios vienen a por el cadáver. Exactamente igual que como sucede en un domicilio particular”. Porque como recuerdan “una residencia no deja de ser el domicilio del mayor”, y así lo cuenta: “Pensemos en una persona que ha fallecido en su domicilio, y se encuentra en su cama, hasta que vengan los servicios funerarios que han llamado sus familiares. En ese momento, entran en el domicilio las fuerzas de seguridad y acusan a esa familia de convivir con un cadáver…. Eso es precisamente lo que parece que ha sucedido en esa residencia. Si los servicios funerarios por estar colapsados tardan más de dos días en llegar no se puede acusar de negligencia a ese centro”.

La patronal pide seriedad: “Si las propias autoridades están habilitando grandes espacios para llevar a las personas fallecidas, si los servicios funerarios se encuentran colapsados, no podemos acusar de negligencia a un centro de mayores, el eslabón más débil de la cadena de atención, por el hecho de tener una persona fallecida dos días en el centro. Pregúntense que puede hacer el director del centro si no es lo que ya ha hecho”.

Las residencias de mayores están atendiendo a más de trescientas cincuenta mil personas en cerca de cinco mil cuatrocientos centros en España “con un comportamiento abrumadora y mayoritariamente ejemplar. Un comportamiento modélico con una falta de medios enorme. Las residencias son centros dónde se cuida las personas. No son centros para curar, no son centros sanitarios y, sin embargo, están haciendo un esfuerzo altísimo con los pocos medios de los que dispone”, sostienen desde FED.

Esfuerzos que están llevando a cabo a través de un personal doblando turnos casi exhaustos.

Por tanto, “es absolutamente injustificable que la ministra Robles venga a disparar alarmas y poner en duda la extraordinaria labor que se está haciendo en las residencias. Una labor que antes o después exige el reconocimiento de toda la sociedad”, concluyen.
 
Carta abierta de la FED a la ministra Margarita Robles sobre fallecimientos en residencias.
 

Lares recuerda que las residencias son hogares, no hospitales
El secretario general de Lares, Juanjo García Ferrer, califica las declaraciones de la ministra Robles de “desafortunadas”. “Los trabajadores desempeñan su labor profesional con un compromiso innegable sin los medios que tiene sanidad, ya de por sí escasos”, explica. Además, subraya que las residencias de personas mayores “son hogares y no hospitales”. En este sentido, explica que la infraestructura de una residencia no siempre permite aislar a los residentes infectados o con síntomas. “A una persona con alzhéimer no podemos aislarla ni ponerle una mascarilla y que se quede tranquila. La Administración no conoce las peculiaridades de las residencias y no se pueden establecer normas sin conocer nuestra realidad”, apunta.
 
Por otra parte, el secretario general de Lares recuerda que “las ambulancias y las funerarias no llegan a nuestros centros”. “Además, es injusto que por la posible negligencia de uno, se acabe estigmatizando a todos los profesionales”, añade. No obstante, defiende que haya que comunicar esos casos a la Fiscalía “y que caiga sobre ellos el peso de la Ley. Pero sin criminalizar al resto del sector”.
 
A todo ello hay que sumar la carencia del personal, “a causa de estrés, infección, aislamiento, etc. El agotamiento de los trabajadores también es patente. Aún así se ofrecen para quedarse en los centros y evitar más contagios”. Sin embargo, y a pesar de su esfuerzo, García Ferrer lamenta el “que su trabajo no tenga un reconocimiento expreso” por parte de la Administración y de la sociedad en general.
 
 


Miércoles, 25 de Marzo 2020

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