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Autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad




Mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad, prestando especial atención a su independencia y autonomía es la meta que persiguen, tanto las asociaciones que defienden sus derechos como la Administración Pública. Para alcanzar esa meta, es necesario que la atención sociosanitaria sea una realidad, así como la correcta aplicación de la Ley de Dependencia. Aunque las personas con discapacidad constituyen un sector de población muy heterogéneo, tienen en común que precisan de protección en el ejercicio de sus derechos y libertades básicas, a causa de sus necesidades específicas derivadas de su situación de discapacidad. Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan a diario es que, aún hoy, deben convivir con las barreras físicas y sociales que limitan su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones. En este reportaje, se exponen los logros obtenidos, las actuales líneas de trabajo y los próximos retos de las personas con discapacidad.

Actualmente, en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, lo que supone un 10 % de la población total. Numerosas son las asociaciones y entidades que trabajan para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena integración en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de la sociedad.

La Ley de Dependencia también supuso una oportunidad para las personas con discapacidad, que veían en la norma un gran apoyo a sus necesidades asistenciales. Sin embargo, no siempre han visto cumplidas sus expectativas. 

En primer lugar, y como punto de partida, debemos diferenciar entre discapacidad y dependencia. Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la dependencia “es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas, de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.

Centrándonos en la discapacidad, el director general de Ilunion Sociosanitario, Pablo Martín Calderón, recurre a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que se refiere a ese concepto como un “fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. Esta definición abarca las deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. 

“Por consiguiente, no todas las personas con discapacidad están en situación de dependencia; sin embargo, todas las personas en situación de dependencia tienen discapacidades, aunque éstas no sean denominadas ni reconocidas como tales para las personas mayores de 65 años”, subraya Martín Calderón.

En la misma línea, el presidente del CERMI, Luis Cayo, también lamenta que habitualmente se confunda persona con dependencia y persona con discapacidad: “Las personas con discapacidad no tienen porqué ser dependientes. Las valoraciones de la discapacidad y de la dependencia son diferentes. De hecho, las personas dependientes son, en su mayoría, personas mayores y no con discapacidad”. 

Por su parte, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, coincide en señalar que dependencia y discapacidad “son dos términos diferentes, pero están relacionados. Así pues, ni todas las personas dependientes tienen discapacidad, ni todas las personas con discapacidad son dependientes”. 

Por Sonia García



Martes, 17 de Marzo 2015

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