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Carmen Balfagón preside el Consejo Editorial de Grupo SENDA




Grupo SENDA celebró, el pasado lunes, el primer Consejo Editorial del año al que asistieron profesionales del sector sociosanitario. En esta ocasión, la directora general del Imserso, Carmen Balfagón, presidió el encuentro y aprovechó para recordar la importancia del “Informe de evaluación del Sistema de Dependencia”, en el que se acordó la necesidad de revisar la Ley de Dependencia y su modelo de financiación. Por su parte, la presidenta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, presentó los proyectos previstos para 2018 y dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Editorial, profesionales del sector sanitario, que contribuirán con su experiencia a avanzar en el modelo de coordinación sociosanitaria.
 
El “Informe de evaluación del Sistema de Dependencia” realiza un diagnóstico de la situación actual de la Ley de Dependencia y de los mecanismos de financiación. Entre las principales conclusiones, destaca la necesidad de revisar la Ley de Dependencia y el sistema de financiación. Por ello, subrayó Balfagón, “este informe fue elevado al grupo de trabajo de financiación autonómica, que es el organismo competente para decidir cómo se va a financiar el Sistema de Dependencia en el futuro”. En este sentido, la directora general del Imserso destacó que “debemos sacar la dependencia del discurso político, porque al dependiente le da igual quién gobierne y lo que quiere es que se le atienda con los servicios profesionales y la dignidad que se merece”.
 
Respecto a las áreas de mejora de la Ley de Dependencia, además de la actual financiación, Balfagón destacó la importancia de abordar las incompatibilidades en la prestación de los servicios: “Hay que compatibilizar algunos de los servicios que la Ley de Dependencia, que en un principio no se previó. No entendemos por qué tiene que ser incompatible una ayuda a domicilio con un centro de día, porque para que las personas mayores puedan permanecer en su vivienda habitual necesitan ayuda a domicilio para levantarse y asearse antes de que vengan a buscarlas para ir al centro de día. Debemos, por tanto, acercarnos más a la realidad social de las personas mayores en lo que a cuidados se refiere”. Y añadió: “Todas las comunidades están alineadas con esta idea y esperemos avanzar dentro de poco tiempo. Para ello modificaremos no tanto la Ley, sino muchos reglamentos que la desarrollan”.
 
En cualquier caso, la directora general del Imserso defendió la necesidad de seguir profesionalizando la atención a la dependencia y poner en valor el trabajo que se hace en los diferentes servicios desde el respeto y la Atención Centrada en la Persona (ACP).
 
Por otra parte, Balfagón destacó la importancia de avanzar en la creación de un modelo de coordinación sociosanitaria: “En Melilla estamos poniendo en marcha unidades especializadas de atención sociosanitaria. Se trata de aprovechar los recursos dentro de la atención a la dependencia, pero con otro coste y exigencias de personal”.
 
En cuanto a las informaciones recientemente aparecidas en los medios, en las que la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales aseguraba que el Gobierno dejó sin gastar 44 millones en dependencia en 2017, Balfagón quiso explicar lo siguiente: “El Estado incrementó en 2017 el presupuesto destinado al nivel mínimo de protección en 100 millones de euros, es decir, lo que recibe cada comunidad autónoma por dependiente atendido. De esos 100 millones, ejecutamos por valor de 56 millones de euros, porque esa fue la liquidación en función de las personas que se incorporaron al Sistema. Si las comunidades no incorporan a más dependientes, no podemos adelantar dinero. Por tanto, a los 1.168 millones que teníamos previstos en 2017 se suman 100 millones más, resultando 1.268 millones de euros. De ese presupuesto, hemos ejecutado un 97,80 %, todo lo que hemos podido a excepción de 44 millones de euros”. En 2018, añadió, “como vamos con un presupuesto prorrogado, con esos 1.268 millones ya estamos pagando el nivel mínimo de protección y las nuevas incorporaciones. Es importante el trabajo que vienen desarrollando las comunidades autónomas en la incorporación de las personas  dependientes”.
 
Finalmente, Balfagón pidió a los profesionales que continúen colaborando con la Administración Pública “para mejorar y seguir prestando servicios de la máxima calidad, porque el sector público no cubre la demanda que hay”. Además, mostró su preocupación “porque la percepción que tiene el dependiente de la atención no es buena. Y eso debemos cambiarlo”.
 
Por su parte, Matilde Pelegrí expuso las principales actividades que va a desarrollar Grupo SENDA durante 2018. Como cada año, la segunda quincena de mayo se celebrará la IX Edición de los Premios SENDA en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. “Además, continuaremos con los BALANCE del mes y los Foros Sociosanitarios, con el fin de poner de relieve la aplicación de nuevos modelos en materia de políticas sociales y atención a las personas en situación de dependencia en las diferentes comunidades autónomas”.
 
Asimismo, Grupo SENDA y la Fundación Mayores de Hoy organizarán el IV Congreso Maduralia, que tendrá lugar en Mérida los próximos 19 y 20 de octubre. Como novedad, Pelegrí destacó los encuentros Madursalud en Madrid, Valencia y Sevilla, que pretenden incidir en la importancia de la prevención de la salud. “También continuaremos con las jornadas de violencia de género y el buen trato en personas mayores”, añadió.  
 
 

Los profesionales opinan
Los profesionales que asistieron al Consejo Editorial coincidieron en señalar que la financiación de la Ley de Dependencia debe ser finalista, con el fin de saber con certeza lo que cada comunidad autónoma gasta en dependencia.
 
El precio que la Administración Pública paga por los servicios fue otro tema que suscitó gran interés. El director de Comunicación y Relaciones Externas de Clece, José Andrés Elízaga, señaló “que falta dotación presupuestaria en las comunidades autónomas. Andalucía paga 13 euros por hora de ayuda a domicilio que, sumado a los convenios profesionales reconocidos para el personal, no llega. Esto tiene una repercusión directa en la atención que recibe el usuario. Como no se suba el precio, será difícil prestar un servicio de calidad”. Igualmente, el secretario general de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, lamentó que no haya precios de concierto dignos: “Encontramos el servicio de ayuda a domicilio desde 9 euros al día y el precio de una plaza residencial desde 42 euros. El convenio es bajo y aún así es difícil pagarlo”.
 
En la misma línea, el presidente de Lares Federación, Juan Vela, planteó cómo se puede ofrecer una atención residencial de calidad con 43 euros al día. “La Administración Pública debe garantizar unos mínimos en los servicios, costes y prestaciones en todas las comunidades autónomas. El Sistema de Dependencia debe ser justo y equitativo para todos, porque ahora es un caos. Este sector tiene el convenio más bajo del mercado y así tenemos unos profesionales en estado precario”. A este respecto, el director de Sanidad y Gerontología de El Corte Inglés División Empresas, Manuel Castro, añadió “que no cuesta lo mismo construir una residencia en todas las comunidades autónomas y, por tanto, los costes del servicio tampoco son los mismos”.
 
Por su parte, el presidente de la Fundación Economía y Salud (FES), Alberto Giménez, señaló la importancia de definir el modelo asistencial actual, “porque Sanidad deriva a Servicios Sociales usuarios y las residencias casi se han convertido en centros sanitarios. Debemos abrir el debate sobre qué somos”. El director de Marketing de Amavir, Roberto Rodríguez, también expuso que “los usuarios de las residencias son, en ocasiones, más de hospital y la Administración Pública no tiene en cuenta esta realidad. Así, ofrecer una atención centrada en la persona es difícil”.
 
Desde una perspectiva más sanitaria, el secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Luis Amaro, reconoció que “nuestras farmacias dan servicio a las residencias, pero  necesitamos conocer más el sector para ofrecer soluciones que se adapten a sus necesidades. La farmacia trabaja con precios de referencia únicos en todo el territorio y funciona, porque entendemos que se modula desde la solidaridad”. También abrió el debate sobre la importancia de una atención farmacéutica domiciliaria para, entre otras cuestiones, “ahorrar costes y mejorar la adherencia al tratamiento”.
 
Finalmente, la directora general de la Fundación Edad&Vida, María José Abraham, subrayó su preocupación por el envejecimiento de la población y, más concretamente, “el envejecimiento de las plantillas y la gestión del conocimiento entre los mayores que se jubilan y las nuevas generaciones. Desde la Fundación estamos pensando fórmulas que ayuden en este proceso”.


Jueves, 22 de Marzo 2018

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