Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




Ceaps asegura que “la apuesta del Gobierno por los cuidadores no profesionales va en contra del espíritu de la Ley de Dependencia”




Aunque el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (Ceaps) hace una valoración positiva del importante incremento recogido en los presupuestos para aumentar el nivel mínimo y recuperar el acordado, lamenta que se destine una parte importante del mismo (más de 300 millones de euros) “a potenciar la figura del cuidador no profesional, que debería ser excepcional, y que estigmatiza a estas personas (mayoritariamente mujeres cercanas a la edad de la jubilación) alejándolas del mercado laboral”.
 
Ceaps denuncia así “la oportunidad perdida” por el Gobierno en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado que, a pesar de recoger un importante incremento del presupuesto (500 millones de euros) para cubrir el nivel mínimo de financiación y recuperar el nivel acordado, les ha llevado a apostar nuevamente por la excepción que contempla la ley, en vez de por la atención y los cuidados profesionales, y de nuevo se propone financiar una pequeñas cuotas a la seguridad social de los cuidadores familiares (no profesionales) en el ámbito del Sistema de Dependencia. “La Ley, en su artículo 14,4, define como excepcional la recepción de una prestación económica para ser atendidos por cuidadores no profesionales”, aclaran fuentes de Ceaps.
 
La patronal entiende que es fundamental el apoyo profesional, “ya que las personas que coticen como cuidadores no profesionales tendrán un acceso al sistema de pensiones precario, algo que abalan informes independientes como el desarrollado por la Fundación Caser en diciembre de 2018, ya que lo que el Gobierno está ofreciendo es la cotización mínima, que no permite progresión y que cronifica y convierte a las mujeres en asistentes, que ven su vida cronificada al igual que la de la persona dependiente. Tras unos años cuidando, desde el cariño, de una familiar dependiente, no se ha cotizado lo suficiente para generar una pensión y no se consigue ninguna cualificación para volver al mercado de trabajo”.
 
“El dinero público tiene que invertirse en la profesionalización y aumento de la calidad de vida de las personas mayores”, explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps. Y añade: “Nadie cuida a su padre, madre, esposo o esposa por 200 o 300 euros al mes, sino por amor y cariño, sin pensar en el sobre coste que implica. Por eso, queremos que prime la calidad de vida de todas las personas”.
 
Además, Pascual asegura que “lo que el Gobierno hace estableciendo esta ayuda es devolverse el dinero a sí mismo. Todo lo que se da al cuidador no profesional de forma de cotización vuelve directamente al Estado, es decir, se lo paga a sí mismo, no ofrece una contraprestación que implique una mejora en la calidad de vida de las personas”.
 
Mientras, añade Pascual, en los presupuestos no se tiene en cuenta que en la actualidad existe un sector empresarial profesionalizado, formado en su mayoría por mujeres, que trabajan en el sector de la dependencia, que es un sector en expansión, de futuro, intensivo en mano de obra, estable y no deslocalizable y con presencia en todo el territorio nacional, tanto urbano como rural. Factores fundamentales que, junto a la importancia que tiene el sector en el que trabajan, el de las personas más vulnerables, es transcendental poner en valor de cara, tanto a los profesionales como a la sociedad. También destaca que el sector empresarial privado ha sido el motor de crecimiento de empleo por cuenta ajena en el ámbito de actividad de los cuidados profesionales.
 
“La apuesta por el cuidador informal provoca también la falta de valoración social que supone un desinterés para que una persona decida formarse como cuidador profesional”, señalan desde Ceaps; y, según demuestran diversos estudios, “la prestación económica para cuidados en el entorno familiar está promoviendo la contratación de cuidadores de forma no regulada, lo que fomenta la economía sumergida en el sector.
 
Financión aún insuficiente y mal repartida
Por otro lado, aunque Ceaps valora positivamente el importante esfuerzo para aumentar las partidas estatales (más de 500 millones de euros para nivel mínimo y nivel acordado), también denuncia que la financiación del Sistema por las Administraciones Públicas, tal y como se explica en la norma, “debe ser la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes Presupuestos y que, además, se produce de forma desigual dependiendo del territorio”. Esto lleva, por ejemplo, a que Castilla y León aporte el 80 % y el Estado el 20 %, cuando la Ley establece que sería el 50 %; “o que el Convenio estatal, que se encuentra en 872,30 euros bruto/mes, tenga discrepancias con el Convenio provincial de Sevilla que está en 1.130,46 euros bruto/mes, con las consecuentes diferencias para los profesionales y los empresarios por desempeñar un puesto de trabajo. Además, es imprescindible que la financiación que se hace llegar a las comunidades autónomas tenga carácter finalista para asegurar que se destina a la dependencia y no a otros fines distintos”.
 
“La realidad se demuestra con la existencia de largas listas de espera para la obtención de los servicios con el grado de dependencia ya reconocido, con el ‘limbo de la dependencia”, explica Ceaps.
 
Actualmente, la patronal, en nombre de sus asociados, trabaja y solicita una revisión de los precios públicos, ya que en algunas regiones llevan más de diez años sin actualizarse y están alejados de los costes reales y de la inflación acumulada.


Martes, 22 de Enero 2019

Nota




Nuevo comentario:
Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.