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Contratación pública de servicios sociosanitarios


La Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo, tiene como objetivos “el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad”. Según los expertos consultados, se trata de un texto complejo con cerca de 350 artículos y más de 50 disposiciones. Por ello, en este reportaje explicamos las novedades de la contratación pública en los servicios sociosanitarios. Como puntos más positivos, destaca que el precio no puede ser un elemento determinante en la oferta pública, un mayor control de los órganos de contratación para evitar decisiones arbitrarias, facilita el acceso a las pymes e incorpora criterios sociales y ambientales. Novedades que dan lugar a posibles interpretaciones por parte de las Administraciones Públicas, que pueden generar conflictos entre los operadores sociosanitarios. De ahí la importancia de profundizar en una Ley que es buena en sí misma pero que, como afirman profesionales del sector, “depende de la aplicación que se haga de ella”.



Por Sonia García

El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) por la que se transponen al ordenamiento jurídico español tres nuevas directivas comunitarias: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. 

Esta ley persigue, tal y como se expone en su preámbulo, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio. Para alcanzar una mayor racionalidad económica de los fondos públicos, la ley contempla que los criterios de adjudicación incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. También se simplifican los trámites y se exige una menor burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pymes. “El proceso de licitación debe resultar más simple, con la idea de reducir las cargas administrativas de todos los operadores económicos intervinientes en este ámbito, beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de contratación”, expone la ley en el preámbulo. Asimismo, establece que estos mismos  órganos de contratación “rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral”.

En una jornada organizada en la Ceoe sobre las novedades de la contratación pública en sanidad y servicios sociales, el vicepresidente de la Asociación de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, aseguró que la normativa le genera “sentimientos contradictorios. Era necesario un ordenamiento jurídico, pero la ley me produce una profunda decepción. Si se quería fomentar la agilidad, la competencia y la trasparencia, con esta selva jurídica es difícil. La norma tiene título de ley, pero con contenido reglamentario. Aplicarla y gestionarla es complejo”. Asimismo, apuntó que esta ley debe ir unida a un cambio cultural: “Los gestores públicos no deben ver a las empresas como meros proveedores, sino como socios estratégicos para la compra pública y la búsqueda de resultados. No se trata sólo de adjudicaciones, sino también de calidad y trabajo bien hecho”. 


Desde las empresas privadas
“La Ley de Contratos del Sector Público no es mala, lo que puede ser malo y perverso es la interpretación que se haga de ella en los desarrollos reglamentarios”, asevera el secretario general de Aeste, Jesús Cubero. En su opinión, la ley pone a disposición de la Administración Pública unos recursos que, en teoría, van a mejorar la forma de relacionarse con las empresas y, por extensión, con los ciudadanos. “Va a dar facilidades y, al mismo tiempo, implica un mayor control a la contratación pública”, matiza. 

Una de las novedades es que potencia la contratación de pymes: “Se facilita que la pequeña y mediana empresa tenga una mayor capacidad de contratar con la Administración. Cuando una empresa grande subcontrata a otra más pequeña, la nueva norma exige que esté al corriente de sus pagos, desde los proveedores hasta los sueldos de los trabajadores; cuente con planes de igualdad; cumpla con el porcentaje legal de personas con discapacidad, etc. Es decir, esta ley incluye mayores exigencias para una subcontratación más segura”. 

Por otra parte, se reducen los volúmenes para poder hacer una contratación directa, lo que también beneficia a las pymes. “Al final, se intenta restringir la libertad de los órganos de contratación para que no se tomen decisiones arbitrarias”, apunta Cubero.
En definitiva, uno de los aspectos más positivos de la norma es el mayor control de los órganos de contratación. “Por ejemplo, aquella empresa que haya incumplido las leyes de competencia o que haya sido sancionada por las leyes de competencia no va a poder contratar con la Administración Pública”.

Otro aspecto positivo es que los órganos de contratación, en teoría, ya no analizarán sólo las ofertas más ventajosas económicamente, sino que ahora se habla de la mejor relación calidad-precio. “Se tendrán en cuenta los procedimientos de calidad, las encuestas de satisfacción, las características técnicas, etc. La ley lo deja claro, lo que hay que ver ahora es cómo lo aplican los distintos organismos públicos”, manifiesta Cubero. En este sentido, señala que alguna comunidad autónoma “está haciendo una utilización e interpretación torticera de las cláusulas sociales pidiendo, por ejemplo, que las empresas que sean adjudicatarias de un contrato concreto tienen que cumplir con unos baremos salariales, con lo que no estamos de acuerdo ni patronales ni sindicatos porque es una forma de regular laboralmente un sector por una vía externa al convenio laboral”. Por ello, Cubero defiende un mayor control por parte de las Administraciones Públicas siempre que se ejerza en sentido positivo. “El problema es cuando intentan orientar los concursos. Una Administración no debe escudarse en esta ley para dar preferencia a un tipo de empresas frente a otras, porque es una interpretación perversa de la norma”, apunta.

En este sentido, el secretario general de Aeste subraya que “todos los operadores deben poder acudir a un concurso público en igualdad de condiciones, independientemente de la forma jurídica que tenga”. Este experto defiende que el ánimo de lucro existe en cualquier tipo de contratación pública y en cualquier tipo de empresa: “Hay entidades que reparten sus beneficios a fines sociales, pero tienen ánimo de lucro. Por ello, vamos a partir todos en las mismas condiciones y compitamos”.
Además, añade Cubero, la Administración debe preocuparse por ofrecer y garantizar servicios de calidad. Por su parte, el ciudadano busca recibir un servicio también de calidad. “Y la calidad no va en función de si la empresa tiene ánimo de lucro o si destina sus beneficios a fines sociales”, apunta.  

Cuando una comunidad autónoma saca un concurso público para gestionar un centro sociosanitario, “debe optar por el proyecto que ofrezca una mejor relación calidad precio, porque la Administración tiene que garantizar el mejor servicio posible a los ciudadanos”, insiste Cubero. Por eso, continúa este profesional, “premiar a un peor proyecto porque lo lleve una ONG no es una buena forma de gestionar. Si comunidades como la Valenciana sigue en esta línea, nos tocará recurrir porque se vulnera la libre competencia: el Tercer Sector puede acudir a todos los contratos y el sector privado no”.

No obstante, Cubero asegura que es muy pronto para saber por dónde va a tirar cada una de las Administraciones Públicas y entidades de derecho público. “Por tanto, lo que implica la ley lo veremos en los próximos meses e, incluso, años”, afirma. 

Por todo lo expuesto, Cubero reitera que se trata de una ley positiva porque aclara y facilita la gestión de los servicios y de la contratación pública. Además, dota a las Administraciones de nuevas herramientas que permiten valorar el precio y otros elementos como la calidad, aspectos sociales y ambientales. De esta manera, el ciudadano recibe el mejor servicio al mejor precio. “Mis dudas están en la aplicación e interpretación que hagan de la ley las distintas Administraciones Públicas con una determinada orientación política. Hay comunidades autónomas que están intentando regular los salarios o aplicar cláusulas sociales en un sentido que discrimina a las empresas privadas. Ahora hay que esperar y ver cómo aplican la ley las Administraciones Públicas, literalmente o a través de reglamentos”, concluye el secretario general de Aeste.

Desde el Tercer Sector
El presidente de Lares, Juan Vela, explica que la Ley de Contratos no utiliza el término “concierto social”, pero lo describe con claridad cuando, en su artículo 11.6, afirma que “queda excluida de la presente ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación”. Y añade que la Ley de Contratos va todavía más allá en su reconocimiento del concierto social, cuando en su disposición adicional 40ª valida las normas sobre conciertos sociales que han dictado algunas comunidades autónomas: “Lo establecido en esta ley no obsta para que las comunidades autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, legislen, articulando instrumentos no contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social”...



Miércoles, 18 de Julio 2018

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