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Desarrollo del Sistema de Dependencia y la generación de empleo


El Sistema de Dependencia precisa de reflexión y actuación para seguir avanzando y consiguiendo mejoras que permitan cumplir con los derechos de los ciudadanos. Para ello, los expertos aseguran que es necesaria voluntad política y una inversión adecuada y más parecida a los países europeos de nuestro entorno, que garantice un cuidado de calidad a los mayores, personas con dependencia y/o discapacidad. Así se puso de manifiesto en el II Congreso Nacional Dependencia, cuidados y empleo, organizado por el Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. Durante la primera jornada, los especialistas estuvieron de acuerdo en que es el momento de abordar la dependencia y crear infraestructuras y servicios en nuestro país, invertir en el cuidado de calidad, apostar por el apoyo al cuidador, revalorizar al asistente personal, potenciar la ayuda a domicilio y conseguir un modelo más flexible que se adapte a necesidades reales.



Por Carmen Moreno

El objetivo del II Congreso Dependencia, Cuidados y Empleo tenía como objetivo crear un espacio de debate para intercambiar ideas sobre el sector de la dependencia en nuestro país, abordando desde la calidad del cuidado al empleo que se genera en torno a esta necesidad. 

En la inauguración, la directora del Congreso, la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos, María Luisa Molero Marañón, contó cuál fue el germen de esta iniciativa, que tuvo lugar en 2015 cuando 17 profesores de cinco universidades y diferentes disciplinas (sobre todo de derecho, pero también de economía y sociología) investigaron sobre cómo crear el mejor sistema de protección social de las personas dependientes para dar cobertura a las demandadas de cuidados de ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad, teniendo en cuenta la problemática del empleo que está detrás de esos cuidados. “Desde el primer momento nos dimos cuenta que estábamos tratando con cuestiones de primer orden, como el envejecimiento de la sociedad o las políticas de igualdad de género y laborales”. 

El resultado de la investigación fue publicado a finales de 2017 pero, según comentó María Luisa Molero, “todos estuvimos convencidos de que esa investigación tenía que traspasar las fronteras de la universidad, y ser presentada a quienes están de una u otra forma viviendo y trabajando en el amplio mundo que abarca a las personas con pérdida de autonomía”.

Este encuentro es una manera de contrastar el trabajo con los profesionales del sector de la dependencia y escuchar a otros agentes implicados en el cambio, desde las fuerzas políticas hasta organizaciones empresariales y asociaciones de usuarios.

Desarrollo del SAAD
En la ponencia inaugural, el ex director del Imserso, Ángel Rodríguez Castedo, reivindicó que el desarrollo y la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) debería constituir una prioridad dentro de las políticas sociales, porque “no solo supone atender las necesidades de miles de cuidadores y de sus familias, sino también impulsar el crecimiento de la actividad económica y de una intensa generación de empleo, contribuyendo a la corrección de los principales desequilibrios estructurales de nuestro país”. 

Este experto refirió que la atención a las personas en situación de dependencia es una necesidad social emergente de nuestro tiempo y, por tanto, un reto y “una responsabilidad política, social y económica” que debe apreciarse como una oportunidad, no como un gasto, ya que crea ocasión de generar actividad económica y empleo, “y España tiene que aprovecharlo”, afirmó.

Rodríguez Castedo hizo hincapié en que, de forma paralela al incremento cuantitativo de las situaciones de dependencia, se han producido importantes cambios en el modelo de familia que disminuye la capacidad  de prestación de cuidados informales, por lo que hay que apostar por los cuidados profesionales.
 
Debemos apostar por un modelo flexible y cercano a la realidad de cuidados familiares tan arraigada en nuestro país

Pero, según pusieron sobre la mesa todos los especialistas, la oferta de servicios y recursos profesionales en nuestro país es insuficiente para atender a las personas en situación de dependencia. En este sentido, el ex director del Imserso señaló que la extensión y desarrollo de los servicios sociales para atender la necesidad de cuidados de larga duración en España están muy por detrás de lo que cabría esperar a la vista del desarrollo que nuestro país ha experimentado en otros ámbitos (infraestructuras, sanidad...). “No parece razonable que España, que es la cuarta o quinta economía de la UE por volumen de PIB y la 14ª del mundo según el Fondo Monetario Internacional (FMI), ocupe el lugar que ocupa en el ranking de ingresos y de gastos sobre PIB. España, en la actual fase de recuperación, está creciendo algo más que nuestros países de referencia en la UE, pero distribuimos la riqueza generada peor que ellos, lo que provoca un proceso creciente de desigualdad que aparece en todos los estudios e informes, y que constituye el más importante desequilibrio estructural de nuestro país”, explicó. 

Para salir de esta situación, Rodríguez Castedo propuso incrementar los ingresos en % de PIB (ingresamos ocho puntos menos que la media de la UE)y redistribuir con mayor equidad el crecimiento y la riqueza generada a través de más inversión productiva, mejores salarios, pensiones, servicios de educación e I+D, de salud, de dependencia… Y es que, en su opinión, el crecimiento económico “debe ir acompañado de progreso social, de lo contrario las instituciones y la propia democracia se deslegitiman ante los ciudadanos”.

Con respecto al desarrollo del SAAD, especificó que impactaría favorablemente, contribuyendo a reordenar el sistema de ingresos y de gastos para converger con los países más desarrollados de la UE, creando mucho empleo (no deslocalizable) y homologando nuestra estructura ocupacional a la de los países más desarrollados de la UE, permitiendo a miles y miles de mujeres incorporarse al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los hombres, incrementando la tasa de población activa y la productividad, produciendo una mayor eficiencia del gasto vía la coordinación de los sistemas de salud y de dependencia, generando elevados retornos económicos y fiscales a través del ahorro de prestaciones por desempleo, del incremento de la recaudación a la seguridad social, del ingreso de nuevos recursos por la vía impositiva (IRPF, IVA, Sociedades...), haciendo, además, visible que la política económica y la política social son dos caras (crecimiento económico y progreso social) de una misma moneda (el modelo europeo de sociedad).

Replanteamiento del modelo español
En su intervención, la doctora María Luisa Molero Marañón, repasó las características del modelo español de atención a la dependencia y lo comparó con otros modelos europeos (Francia, Inglaterra, Suecia y Alemania).  Para comenzar, afirmó que la dependencia en España no es una prioridad del Estado. Para dar una respuesta acertada a las personas dependientes, Molero Marañón puso su mirada en otros sistemas del entorno europeo y en el empleo que está detrás de cada modelo de cuidados, ya que reconoció que “el empleo es un factor esencial para hacer una propuesta del sistema integral de atención”. 

Entre las propuestas que sostuvo para reformular el sistema de dependencia español, se encuentra el reforzamiento de la libertad de elección de la persona dependiente, lo que salvaguarda el principio de autonomía. Esta experta aseguró que en España no se respeta como en otros sistemas. Y subrayó que es fundamental que la persona dependiente pueda elegir las ayudas o prestaciones que quiere, conforme a sus necesidades. “En nuestro país, en el procedimiento de reconocimiento de la Ley de Dependencia se prevé una consulta al beneficiario, pero la Administración decide. Por el contrario, en Europa se establece la obligación de que la Administración informe sobre las posibilidades de cuidado, y el beneficiario tiene libertad para decidir en función de sus necesidades”. 

Molero Marañón advirtió de que “el estado social se tiene que implicar de una forma sólida en una consolidación de una política del cuidado de las personas dependientes, garantizado al beneficiario el poder de decisión sobre los cuidados que desea y la persona que se los preste”. 

Otra premisa que destacó esta doctora es la necesidad de apoyar al cuidador familiar e informal, que, en su opinión, se ha estigmatizado en las últimas reformas. La ley española ha endurecido las condiciones de acceso a la prestación económica y las acciones de apoyo a la cuidadora. Sin embargo, el Consejo de Europa recomienda que el Estado apueste por los cuidadores sin estatuto profesional que dedican su vida a la tarea de atención y cuidado. “Se habla de medidas de protección de seguridad social que garanticen las prestaciones de vejez e incapacidad cuando le llegue la edad y la importancia de la formación”, apuntó. Además, se pone el acento también en la atención al cuidador. “Hay que velar por su calidad de vida, darle recursos y apoyos para el cuidado y proteger su descanso”, explicó Molero Marañón.

Para mejorar las listas de espera, que es otra de las propuestas de esta experta, aconsejó que el procedimiento de valoración sea de dos meses en lugar de seis, corregir los procedimientos de revisión y realizar inspecciones, también en los domicilios. 

Por último, reflexionó sobre que la Ley de Dependencia no puede defender una única respuesta frente a la complejidad que tiene la situación de dependencia, y que es necesario un modelo mixto de cuidados de larga duración, donde se combinen servicios y prestación económica. También indicó que hay que desarrollar la ayuda a domicilio.



Martes, 24 de Julio 2018

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