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Desconocimiento frente a la atención a la dependencia




La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acogió ayer un encuentro, a propuesta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), con representantes de los partidos políticos en materia sociosanitaria de la Comunidad de Madrid que, lamentablemente, constataron su desconocimiento sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia. Asimismo, mostraron la falta de propuesta para hacer frente a las problemáticas actuales que más preocupan a los operadores del sector sociosanitario de atención a la dependencia. Una vez más, la sanidad se lleva todo el protagonismo.
 
Mónica García, de Más Madrid; Enrique Veloso, de Ciudadanos; José Manuel Freire, del PSOE y Eduardo Raboso, del PP apenas le dedicaron diez minutos, de las más de dos horas de duró el encuentro, a hablar de la atención a la dependencia. Todos ellos coincidieron en señalar la falta de financiación como principal problema; sin embargo, no aportaron ninguna propuesta para solucionarlo.
 
“Las personas no acceden a la Ley de Dependencia porque no hay presupuesto, las ayudas no llegan a cubrir los gastos. Existe una dicotomía entre el sistema sanitario y el social. Debemos coordinar ambos sistemas para que funcione”, afirmó Mónica García de Más Madrid.
 
En la misma línea, Enrique Veloso de Ciudadanos señaló que para garantizar la atención a la dependencia, “hay que incrementar los recursos de las ayudas. También hay que agilizar los plazos para el reconocimiento del derecho a una prestación. Además, falta realizar una evaluación de los resultados de la aplicación de la Ley de Dependencia para garantizar la calidad”. También expuso la necesidad de revisar los copagos “y eximir a los dependientes de grado 3”. Y destacó como prioridades sociosanitarias atender las enfermedades mentales, la asistencia domiciliaria y el cheque servicio.
 
Igualmente, el representante del PSOE, José Manuel Freire, insistió en que “sin dinero no hay Ley de Dependencia. Por tanto, es necesaria una política fiscal”. Asimismo, expuso la importancia de implicar a la enfermería familiar comunitaria en la atención domiciliaria como respuesta al incremento de la cronicidad.
 
Por su parte, Eduardo Raboso del PP presentó los datos sobre la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, desde las personas atendidas hasta el número de plazas residenciales: “Damos cobertura a 140.500 personas. El 87,4 % de las personas que han solicitado la Ley de Dependencia tiene reconocido su grado de dependencia y recibe la ayuda, situándonos un 6 % por encima de la media nacional. Estamos reconociendo el grado de dependencia en el plazo de un mes. Además, tenemos 76.000 plazas en centros, de las que más de 50.000 están en residencias de mayores”. Respecto a la financiación, explicó que si bien Estado y comunidades autónomas deben aportar a partes iguales, “el Estado tan sólo aporta el 16 % y el Gobierno de la Comunidad de Madrid el resto. Aún así, para 2019 tenemos un presupuesto de 1.630 millones de euros”. Finalmente, explicó que el Plan de Residencias 2017-2020 está permitiendo incrementar la plantilla, mejorar las infraestructuras y, en 2019, “crear 341 puestos de trabajo”.
 
En el turno de preguntas, el secretario general de Aeste, Jesús Cubero, planteó uno de los principales problemas al que tienen que hacer frente los operadores de la Comunidad de Madrid: “La Administración está pagando la plaza residencial a 54 euros al día más IVA, cuando el coste real de la plaza es de entre 80 y 90 euros al día. Teniendo en cuenta ese precio, ningún operador se presentará al Acuerdo Marco. Así no podemos incrementar los salarios de nuestros trabajadores, tal y como se merecen”. La respuesta de todos los representantes políticos fue unánime: la Ley de Dependencia necesita más financiación. Pero sobre cómo conseguirla, no hablaron. Esperemos que después de las elecciones, los diferentes representantes políticos hagan mejor los deberes y sean capaces de dar respuesta al sector sociosanitario, un sector estratégico para la economía del país.
 
Propuestas de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM
Las propuestas de CEIM referentes a la atención a la dependencia son:
  1. Homogeneizar el tipo de IVA aplicado al sector de la dependencia, igualándolo al tipo súper-reducido del 4%, aplicable a los productos sanitarios destinados a personas dependientes, enfermos crónicos y todos aquellos productos sanitarios destinados al uso por parte del paciente. Habría que considerar los servicios de atención a  la dependencia como servicios de primera necesidad y, como tales, establecer ese tipo de IVA súper-reducido.
  2. Unificar y compartir la información entre los distintos niveles asistenciales, culminando el actual desarrollo de una receta médica válida en todo el territorio nacional y una historia clínica única y accesible.
  3. Cumplimiento de la Ley de Dependencia, que prioriza los servicios profesionales, limitando a casos excepcionales los cuidados por parte de familiares no profesionales en el domicilio.
  4. El sector de atención a las personas dependientes aporta retornos importantes traducidos en empleo y riqueza, pero la realidad es que la falta de financiación es una evidencia que debe afrontarse. Los precios de los concursos siguen bajando y deben ajustarse a su coste real, máxime cuando el coste de una plaza pública se presupuesta por el doble que lo pagado en un concierto (54 euros/día).
  5. La provisión asistencial sanitaria y sociosanitaria privada complementa y ayuda a descargar la asistencia pública. La mayoría de esta asistencia privada se instrumentaliza a través de seguros, tanto de salud como de prevención de la dependencia. Es imprescindible para garantizar una adecuada financiación y sostenibilidad de estos sistemas, impulsar medidas de incentivación fiscal del aseguramiento privado. Estas medidas ayudarán a descargar el sistema sanitario público.
 
 


Viernes, 17 de Mayo 2019

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