Enviar
Imprimir
Aumentar
Disminuir
Compartir
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), acordó, el 1 de junio de 2010, el marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley de Dependencia para la financiación del nivel acordado, con unos criterios de distribución válidos para el período 2010 a 2013.
Para este año, se mantiene la estructura basada en la existencia de tres fondos económicos, asignando a cada uno un peso porcentual en el reparto de los créditos idéntico al establecido el pasado año. Asimismo, se mantienen los mismos criterios de reparto.
Sin embargo, se modifica, de conformidad con lo dispuesto en el marco aprobado el pasado año, el peso del criterio "Población potencialmente dependiente", mientras que aumenta el peso de la variable "Programas Individuales de Atención". Esto significa que se refuerza la financiación de las comunidades que más personas atienden dentro del Sistema, existiendo una proporcionalidad en función de las personas atendidas en el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia.
Con la actualización de estas variables se da cumplimiento al objetivo perseguido con el nuevo sistema de reparto aprobado en 2010, reflejar el cumplimiento de la Ley, así como el número de personas efectivamente atendidas. Además, se compensa el mayor coste de los servicios y la desigualdad de capacidad adquisitiva de los beneficiarios.
Para 2011, el crédito de la Administración General del Estado asciende a 283.197.420 euros, distribuidos en:
• Fondo General (80%), en función de las características del territorio y la gestión realizada por cada comunidad autónoma. 226.557.936 euros.
• Fondo de Compensación (10%), que tiene por finalidad corregir las situaciones originadas por un mayor índice de emigrantes retornados, un mayor coste de los servicios, así como una menor recaudación en concepto de copago. 28.319.742 euros.
• Fondo de Cumplimiento de Acuerdos (10%), que compensará el mayor coste derivado de la aplicación de los acuerdos alcanzados, tales como la necesaria formación a los cuidadores no profesionales. En 2011 asciende a 28.319.742 euros.
Los criterios de reparto tienen en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores. Igualmente, se toma como factor determinante las personas realmente atendidas y se considera también importante el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Territorial.
BALEARES
Carmen Castro
Consellera de Salud, Familia y Bienestar Social
Es médico de atención primaria del Ib-Salut y de la residencia asistida Cas Serres de Ibiza. Licenciada en Medicina y Cirugía y diplomada en Geriatría. Ha sido consejera de Sanidad del Consejo de Ibiza entre 1991 y 1995. Es diputada autonómica desde 2007, vicesecretaria general del Partido Popular de Ibiza, miembro del Comité de Dirección y Junta Directiva Regional y de la Comisión de Sanidad Nacional.
CANTABRIA
María José Sáenz de Buruaga
Consejera de Sanidad y Servicios Sociales
La secretaria autonómica del Partido Popular en Cantabria asume, además, la Vicepresidencia. Es licenciada en Derecho y hasta ahora era la vicepresidenta segunda de la Mesa de la Cámara regional. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Suances, donde ejerció como portavoz durante dos legislaturas, y presidenta de la Junta Local del PP de Suances.
CASTILLA-LA MANCHA
José Ignacio Echániz
Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales
Licenciado en Medicina y Cirugía. Ha sido auditor y consultor de Arthur Andersen, consejero de Caja Madrid y Caja Guadalajara, secretario general de la Comisión Nacional de Sanidad del Partido Popular y presidente del Servicio Madrileño de Salud, entre otros cargos. Además, ha sido consejero de Sanidad en el Ayuntamiento de Madrid entre 1991 y 1996 y de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003.
CASTILLA Y LEÓN
Milagros Marcos
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, ha cursado también estudios superiores de Información, Biblioteconomía y Documentación. Ha trabajado en la Consejería de Cultura, Medio Ambiente y Sanidad, donde ha sido directora general de Planificación y Ordenación Sanitaria y Sociosanitaria entre 2003 y 2007. Su última etapa la ha desarrollado como gerente de Servicios Sociales.
COMUNIDAD DE MADRID
Salvador Victoria
Consejero de Asuntos Sociales
Hasta ahora viceconsejero de Vicepresidencia y secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y experto en Derecho Comunitario por el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido asesor parlamentario del ministro de Justicia y secretario general técnico del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.
COMUNIDAD VALENCIANA
Jorge Cabré
Conseller de Justicia y Bienestar Social
Hasta ahora secretario autonómico de Justicia. Cabré cuenta con una amplia experiencia en el ámbito judicial, ha sido fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante durante 23 años y miembro de la Ejecutiva Nacional de la Asociación de Fiscales. Asimismo, ha ostentado el cargo de delegado especial del Observatorio de Justicia valenciana.
LA RIOJA
José Ignacio Nieto
Consejero de Salud y Servicios Sociales
Consejero de Salud desde 2006, asume ahora las competencias de Servicios Sociales. Licenciado en Derecho y Graduado Social, pertenece al Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social y de la Administración General de La Rioja. Anteriormente, ha sido director general de Recursos Humanos Sanitarios, gerente del Servicio Riojano de Salud y director general de Función Pública.
MURCIA
María Ángeles Palacios
Consejera de Sanidad y Política Social
Consejera de Sanidad desde 2007, asume ahora las competencias de Política Social. Licenciada en Ciencias Matemáticas y doctora en Ciencias Económicas, ha desarrollado su carrera profesional en el campo de la docencia, ámbito en el que ha realizado varios proyectos de I+D.También, ha sido vicerrectora de la Universidad Politécnica de Cartagena y concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Cartagena.
Protección jurídica de las personas mayores
