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El Gobierno aumenta el presupuesto destinado a dependencia en un 3,4 % con respecto a 2017




El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE). El importe para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia asciende a 1.401 millones de euros, un 3,4 % más que en 2017. En concreto, para el nivel mínimo de dependencia, se destinan 46 millones de euros más que en 2017.
 
​Los PGE 2018 que desde el martes, 3 de abril, comienzan su tramitación parlamentaria, tienen como objetivos fundamentales “seguir apoyando el crecimiento económico y la creación de empleo; conseguir que los beneficios de la recuperación de la economía española lleguen al mayor número posible de ciudadanos, en particular a las personas con menos recursos, que han sido las que peor lo han pasado durante estos años, y compensar a los empleados públicos por el trabajo que realizan en favor de la sociedad y que ha sido tan importante en la salida de la crisis”, aseguran desde el Gobierno.
 
Según han explicado, “los PGE 2018 apuestan claramente por seguir reforzando el gasto social, de manera que se convierten en los presupuestos más sociales de la historia, destinando 196.782 millones de euros a gasto social, casi un 56 % del total”.
 
Según el Gobierno, los PGE también contribuyen de manera indirecta al refuerzo del gasto social a través de las aportaciones a las administraciones territoriales, en el marco de los sistemas de financiación, que éstas destinan en gran parte a gasto social. En concreto, las comunidades autónomas destinan el 68 % de su presupuesto a sanidad, educación y protección social.
 
¿Es suficiente?
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales afirma que Incorporar 46 millones de euros en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) es insuficiente: “Es papel mojado porque ni siquiera se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que para recibir un euro del Estado, las autonomías deben acreditar cuatro euros de gasto en personas atendidas (algo que hoy no pueden cumplir debido al modelo de financiación). Es papel mojado porque se trata de una partida ampliable que se suplementa automáticamente en la medida en que la gestión del sistema avance. De hecho en 2016 se suplementó con 37 millones de euros. Y en 2017 le sobraron en esta partida al gobierno 44 millones de euros”.
 
Según refieren, el aumento del gasto de 46 millones significa que, teniendo en cuenta que la atención media de un dependiente cuesta 6.665 euros al año, en el mejor de los casos se podrían atender a unos 6.900 de la lista de espera, “lo que condena al 98 % restante de la lista de espera a no recibir prestación o servicio de la ley de dependencia durante este año”.
 
En su opinión, resulta “indignante y cruel porque supone que las Administraciones seguirán incumpliendo la Ley y violando derechos subjetivos. En lo que resta de año fallecerán más de 30.000 personas que tenían un derecho reconocido sin recibir servicios o prestaciones. Eso sí, bajará la lista de espera”.
 
Esta Asociación compara los presupuestos dirigidos a la dependencia en 2010 y 2018 para mostrar que, en 2010, la Administración General del Estado (AGE) dirigió 1.582 millones de euros para 479.888 atendidos  de 737.958 con derecho (258.070 en lista de espera) y, en 2018, destina 1.401 millones para 954.831 atendidos de 1.264.951 con derecho (310.120 en lista de espera).


Jueves, 5 de Abril 2018

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