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El Gobierno reparte 20 millones de euros entre las CCAA para la atención de pacientes polimedicados


El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, la distribución de un fondo de 20 millones de euros a las comunidades autónomas para la aplicación de los programas de mejora de la calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados y de la formación continuada de los profesionales en el uso racional de los medicamentos.



El Gobierno reparte 20 millones de euros entre las CCAA para la atención de pacientes polimedicados
La cada vez más elevada prevalencia de pacientes crónicos y polimedicados (que toman seis o más medicamentos) en el nivel asistencial es consecuencia del envejecimiento de la población, así como del avance científico y terapéutico. Esto hace necesario reforzar las estrategias en este ámbito, tanto para mejorar la salud de estos pacientes como para optimizar recursos mediante el uso racional de los medicamentos.
 
Por otro lado, el programa de formación continuada en uso racional de medicamentos para facultativos del Sistema Nacional de Salud, se centra en diversas materias como son los medicamentos genéricos, el uso adecuado de antibióticos, las terapias avanzadas, etc.
 
La distribución de los fondos se hace de la manera siguiente: una cantidad fija de 35.000 euros para cada comunidad autónoma (incluidas Ceuta y Melilla) y el resto se reparte de acuerdo al criterio de población, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE).
 
Los derechos de las personas con discapacidad 
Por otra parte, durante el mismo Consejo de Ministros se presentó el anteproyecto de ley que adapta la normativa española a la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este anteproyecto modifica 10 leyes y se completará  en los próximos meses con la modificación de otras normas, con el objetivo de avanzar en la protección, el disfrute y la igualdad de los derechos de las personas con discapacidad.
 
Las modificaciones han sido respaldadas por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Los cambios más significativos que se introducen son:

  • Se actualiza la definición legal de “persona con discapacidad” para adaptarla a la contenida en la Convención.
  • Se modifica el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
  • En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba; es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación.
  • En materia de sanidad, la información que reciban los pacientes deberá ser accesible y adaptada a sus diversas capacidades.
  • En lo que respecta al empleo:

    - En las ofertas de empleo público se aumenta el cupo de reserva para ser cubiertas por personas con discapacidad, pasando de un 5 a un 7%. El 2% de aumento deberá ser cubierto por personas con discapacidad intelectual.

    - Igualmente, se ordena al Gobierno que, en el plazo de un año, promueva medidas para asegurar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores.

    - Todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte, como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos promovidos por la Administración General del Estado incorporarán una memoria de accesibilidad.

    - En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación.

    - Se prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la contratación de seguros.

    - Se reconoce legalmente el Observatorio Estatal de la Discapacidad como instrumento técnico de la Administración General del Estado.


Lunes, 26 de Julio 2010

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