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El IVA superreducido del 4% para los servicios de atención a la dependencia deja fuera al sector privado


Empresarios y profesionales del sector se preguntan por qué los servicios concertados se consideran de primera necesidad y los mismos ofrecidos por los operadores privados no



El IVA superreducido del 4% para los servicios de atención a la dependencia deja fuera al sector privado
El Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, que finalmente incorpora un total de 26 iniciativas y que fue aprobado en Consejo de Ministros, ha entrado en vigor el martes 13 de abril tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las medidas que afectan al sector sociosanitario, destaca la que establece el IVA superreducido del 4% para los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el Sistema Público de Autonomía y Atención a la Dependencia. Es decir, los servicios concertados con la Administración. El Gobierno ha reconocido, por tanto, que la atención a la dependencia es un servicio de primera necesidad. Pero, ¿qué pasa con el sector privado? Además, si el Gobierno quiere reactivar el sector de la dependencia, tendrá que hacerlo en su conjunto y no discriminando a una parte imprescindible del mismo. Sobre todo, porque el Ejecutivo se comprometió a garantizar la atención a todas las personas en situación de dependencia, a través de la Ley de Dependencia, independientemente de si éstas accedían por el sistema público o privado. Analicemos el tema y conozcamos las opiniones que los profesionales han contado a Balance de la Dependencia.


El Pacto de Zurbano, muy aplaudido cuando se gestó, porque se dibujaba como el esperado salvavidas para salir de la crisis, ha dejado demasiados cadáveres por el camino. El 25 de marzo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, presentaba un documento con los 54 puntos que el Gobierno había logrado acordar con el resto de partidos políticos. Uno de los sectores que precisamente parecía salir beneficiado era el de atención a la dependencia, que asistía esperanzado a la inclusión de una de sus reivindicaciones históricas: la aplicación del IVA superreducido del 4% para gravar los servicios de atención a la dependencia. El problema es que tan sólo implicaba a los concertados. Un claro agravio comparativo, tanto para los operadores privados que no concierten sus servicios como para los dependientes que no hayan accedido a una plaza pública.
A pesar de los esfuerzos realizados por empresarios, profesionales y fuerzas políticas (CIU y PP, sobre todo), el pasado 9 de abril se aprobó, en Consejo de Ministros, el paquete de medidas de choque anticrisis. Un total de 26 iniciativas destinadas a reforzar la capacidad del tejido productivo, con el objetivo de impulsar el crecimiento de la economía y, con él, la creación de empleo, sobre unas bases más sólidas y sostenibles, garantizando el apoyo de las instituciones públicas a ese crecimiento.

El problema es que el texto legal, que entró en vigor el 13 de abril tras su publicación en el BOE del Real Decreto Ley de Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo, recoge que el IVA del 4% será aplicado a los servicios prestados "por las empresas integradas en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante plazas concertadas en centros o residencias o previo concurso público para su prestación". El Real Decreto incluye entre los servicios que podrán beneficiarse del nuevo IVA superreducido los siguientes: "Servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial (...), siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras en aplicación de lo dispuesto en dicha ley".
Por si fuera poco, si nada ni nadie lo remedia, el próximo 1 de julio el sector privado observará impotente cómo los servicios concertados se beneficiarán de un IVA superreducido del 4%, mientras que los privados aumentarán del 7% al 8%.

Los usuarios serán, por tanto, los principales perjudicados porque tendrán que pagar un 1% más por la compra de unos servicios que resultan básicos para el mantenimiento de su calidad de vida. Si bien el incremento del IVA repercutirá en la cartera del usuario, teniendo en cuenta la crisis económica en la que se encuentra sumergido el país, es probable que los empresarios tengan también que asumir parte de este incremento. Una decisión que podría generar unas pérdidas nefastas para el sector empresarial, que tampoco está como para engrosar su cuenta de gastos.

Lo que es innegable es que la subida del IVA dificultará el acceso de los usuarios a los servicios y pondrá en riesgo la viabilidad de las empresas que cubren la mayoría de las necesidades de atención a la dependencia. Más aún cuando los servicios concertados se benefician de un IVA superreducido.

En los siguientes gráficos se puede observar que el número de plazas privadas supera al de las públicas y concertadas. Si el Gobierno quiere aplicar la Ley de Dependencia, el IVA superreducido debe aplicarse a todo el sector de atención a la dependencia. No olvidemos tampoco que se trata de un sector que genera empleo intensivo y estable no deslocalizado.
El IVA superreducido del 4% para los servicios de atención a la dependencia deja fuera al sector privado


El sector preocupado

El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, asegura que la decisión del Gobierno de establecer el IVA superreducido al 4% a los servicios de atención a la dependencia públicos y concertados, mientras se mantiene el impuesto reducido del 7% (en julio del 8%) para el sector privado, "nos parece parcialmente bien porque supone un agravio comparativo. Debería ser superreducido para toda la dependencia. No entendemos por qué se hace la diferenciación entre servicios públicos y privados. Se trata de una prestación de primera necesidad, independientemente de si viene del sector público o del privado". Pero, lo peor de todo, "es que tenemos dudas de que sea legal".

Además, se pueden dar casos de difícil aplicación. "Es decir, una persona a la que se le haya concedido una plaza residencial concertada tributaría con el IVA superreducido del 4%. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la prestación económica vinculada al servicio? Es decir, cuando la Administración concede una cantidad de dinero para que los usuarios compren un servicio en el sector privado... ¿con qué IVA se grava ese servicio? En teoría, si el usuario lo busca en el sector privado se tiene que atener a la Ley y pagar el IVA del 8%. Sin embargo, la prestación económica procede de la Administración. Cuanto menos es confuso y de difícil decisión", explica Echevarría. Además, el presidente de la FED considera que se complica también la gestión en los centros residenciales, "porque los operadores privados tendrán que registrar a los usuarios en función de si vienen del sector público o privado, con o sin IVA superreducido".

"El Gobierno ha reconocido que, al gravar con un IVA superreducido los servicios concertados de atención a la dependencia, se pretende reactivar el sector e imprimirle un mayor dinamismo. Sin embargo, al sector privado no sólo se nos niega ese IVA superreducido, sino que, además, se grava los servicios que ofrecemos con un 1% más. ¿Es que no quieren reactivar el sector privado? Si se sigue por este camino, nos van a hundir", reclama Echevarría. Una cuestión más incomprensible aún si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el Gobierno ha reducido el IVA en rehabilitación de vivienda con el objetivo de reactivar el sector.

Por todo ello, el presidente de la FED considera que esta medida tan sólo beneficia a la Administración: "Se trata de una iniciativa de cara a la galería, porque si realmente quiere reactivar el sector tiene que ser a todo y no sólo los servicios que procedan del sector público". Pero cuando el Gobierno implantó la Ley de Dependencia se comprometió a garantizar la atención a todas las personas en situación de dependencia. "Sin embargo, con esta medida, se está discriminando a los operadores privados y a los usuarios. Además, si antes ya había dificultades para llenar las plazas privadas, ahora aún más. Se le ha puesto la puntilla al sector privado", reconoce Echevarría.
Tras el estupor inicial, la FED ha iniciado conversaciones con distintos partidos políticos: PP, CIU y PNV, que defienden el IVA superreducido para toda la dependencia. En este sentido, Echevarría anunció que volverá a reunirse con el Grupo Parlamentario Popular, "que ya presentó un proyecto de ley sobre el IVA para que el superreducido se aplicara en todo el sector de la dependencia", y después lo hará con PNV y CiU.

El IVA superreducido del 4% para los servicios de atención a la dependencia deja fuera al sector privado


Lunes, 24 de Mayo 2010

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