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El Observatorio de la Dependencia afirma que el Estado ha recortado en dependencia 4.600 millones euros, tras el Real Decreto de 2012




La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales presentó ayer, 21 de marzo, en el Ateneo de Madrid, el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, informe que pone de manifiesto que el recorte acumulado de la Agencia General del Estado (AGE) en dependencia, tras el Real Decreto 2012, asciende ya a 4.600 millones euros. También mostraron la  aplicación de la escala por comunidad autónoma. El acto lo presidieron el presidente del Observatorio Estatal para la Dependencia, José Manuel Ramírez Navarro, y el coordinador de Estudios de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García Herrero.
 
Desde la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales argumentaron que el XVIII dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia , que se ha realizado considerando los últimos datos oficiales de la gestión del Sistema de atención a la dependencia hasta 31 de diciembre de 2017, es “muy especial” porque “demuestra con datos el sufrimiento de los recortes en las personas en situación de dependencia y sus familiares, incluso el número de personas que fallecen sin atención, a pesar de tener el derecho a una prestación o servicio”. Además, consideran que hay  una oportunidad de afrontar la financiación desde el Congreso de los Diputados que garantice el cumplimiento de la Ley. “Han sobrado 44 millones de euros del presupuesto del último año y el Gobierno ha reconocido oficialmente los recortes y su falta de financiación en documentos oficiales”. Por último, constataron que “la desigualdad territorial de la aplicación de la Ley manifiesta cambios de tendencia”.
 
Según este estudio, durante 2017, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva, “pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I”, indican.
 
Otros datos que se desprenden del informe son que 1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que un año antes. De ellas, 954.831 están siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que el año anterior. Un tercio de estas personas son mujeres (65 %). El 72,2 %, pensionistas (+ de 65 años) y más de la mitad (54,6 %) tienen más de 80 años.
 
Por otra parte, el Observatorio confirma que 310.120 personas (24,5 %) están en lista de espera al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un año antes. “A este ritmo, se tardarían más de cuatro años en atender la actual lista de espera”, sostuvieron.
 
En este sentido, “resulta especialmente preocupante que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38,8 %) son dependientes con Grado II o III (dependientes severos y grandes dependientes); en total 120.378 personas. Resulta así que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (dependientes moderados) y con servicios de bajo coste”, concretaron.
 
100 personas dependientes fallecen a diario sin recibir atención
Durante 2017, 38.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.
 
220.000 empleos directos
218.370 empleos directos están vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia al finalizar 2017; un Sistema que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36,1, y la tasa de retorno es del 39,7 %. “Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera se generarían más de 75.000 nuevos empleos directos”.
 
Aportación a la financiación
Según la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50 %) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. “La Administración General del Estado aporta el 20 % del gasto público y las comunidades autónomas el 80 % restante. La disminución de la financiación a las comunidades autónomas, desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros”, afirmaron.
 
Estas deficiencias en la financiación del Sistema han sido puestas de manifiesto en el Informe Técnico elaborado por la “Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia” constituida por iniciativa de la Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017. En informe, aprobado en octubre de 2017, contiene importantes consensos respecto a las dificultades en la gestión del Sistema y respecto a sus problemas de financiación. Compartimos en esencia las conclusiones de la Comisión. Ojalá sean tenidas en cuenta en la elaboración de los PGE y en la negociación del sistema de financiación autonómica (si se produce).
 
Escala de Valoración
Además del informe estatal, también se presentó por cada comunidad autónoma un informe con la evolución de los datos básicos de gestión de la atención a la dependencia con los gráficos más significativos.
 
La mejora en las comunidades autónomas con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. De nuevo hay que advertir que algunas comunidades autónomas van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.
 
Por lo tanto, no solo no se atiende a todas personas con derecho cuando tras sucesivos aplazamientos ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones está fuertemente determinado por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.
 
Diez comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio. Las tres comunidades con mayor puntuación son: Castilla y León (9,3), Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4). Y las tres comunidades con peor resultado en la Escala son: Cataluña (2,5) Baleares (2,14) y Canarias (1,8).


Jueves, 22 de Marzo 2018

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