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El Observatorio de la Dependencia del VII Convenio colectivo reivindica más financiación para acabar con la lista de espera y crear empleo




El Observatorio de la Dependencia, formado por las organizaciones firmantes del VII Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes: CCOO, Aeste, Fed y Lares, ha realizado un análisis de la situación actual de la Ley de Dependencia: financiación, creación de empleo, calidad del servicio, etc.
 
Las diferentes organizaciones coincidieron en destacar la financiación insuficiente como la principal causa del aumento de la lista de espera de personas dependientes pendientes de recibir su servicio o prestación concedida. En este sentido, la responsable de la secretaria Política y Social y Movimientos Sociales de CCOO, Paula Guisande, subrayó que en 2016 el gasto en dependencia fue de 8.000 millones de euros, el 47,5 % se destinó a atención residencial, el 18 % a cuidados en el entorno familiar, el 14 % a ayuda a domicilio y el resto se repartió entre los demás servicios: centros de día, teleasistencia, prestación económica del asistente personal y prestación económica vinculada al servicio. Por otra parte, la estimación del gasto para 2018 se situó en 9.309 millones de euros; para 2019, en 10.192 y para 2020, en 11.139 millones de euros.
 
Asimismo, concretó que la financiación ha estado marcada por la crisis social y económica, “que interrumpió el desarrollo de la Ley de Dependencia con el Decreto de 2012, que eliminó el nivel acordado y redujo el nivel mínimo en un 13 %. La participación del beneficiario se sitúa en una media del 20 %, la de la Administración General del Estado entre el 17 y el 21 % y las comunidades autónomas entre el 49 y el 63 %. Esta situación debe revertirse, ya que la AGE y las comunidades autónomas deben equilibrar sus aportaciones, teniendo en cuenta el coste de los servicios. Además, debe actualizarse el nivel mínimo”.
 
Todo ello ha provocado que aumente la lista de espera. Así, CCOO explicó que en los últimos cuatro años ha aumentado el número de grandes y severos dependientes que están a la espera de recibir la prestación económica que les corresponde. “En 2014, se contabilizaban 89.012 personas de los grados II y III pendientes de recibir prestación, frente a las 107.334 de 2018, lo que supone un crecimiento del 20,58 %. Unas cifras que evidencian que se ha producido un impacto de un 5 % anual, consecuencia del recorte económico que afecta al número de personas pendientes de recibir prestación en el período 2014-2018”, añadió Guisande.
 
“Tras 12 años desde la promulgación de la Ley de Dependencia hay que revisar la financiación. Además, deben equipararse las aportaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, manteniendo su naturaleza finalista. Pero también debe garantizarse la sostenibilidad del Sistema, la calidad de los servicios y del empleo y, como fin último, el acceso a todas las personas en situación de dependencia”, afirmó Paula Guisande.
 
Calidad del empleo
Uno de los principales objetivos expresados por CCOO, Aeste, Fed y Lares como organizaciones sociales es “la mejora de la calidad del empleo y contribuir a la profesionalidad de los trabajadores del sector. En este sentido, desde diciembre de 2017 es obligatorio tener la titulación, acreditación o habilitación del 100 % de las personas que trabajan en el sector”.
 
El Observatorio calcula que el número de profesionales que prestan servicio en el sector ronda los 330.000, de los que alrededor de 190.000 lo hacen en el sector residencial y unos 140.000 en servicios domiciliarios. Además, las organizaciones destacaron que si se contara con una financiación adecuada para atender a los dependientes en lista de espera y a los que aún están sin evaluar, “estimamos que se crearían 283.000 puestos de trabajo fijos, estables y localizados: 160.000 en residencias y centros de día/noche y 123.000 en ayuda a domicilio y teleasistencia, recuperando las intensidades perdidas”.
 
Para la responsable de CCOO, “el empleo generado hasta el momento no ha sido, ni cuantitativa ni cualitativamente el necesario. Hay que destacar que en nuestro sector hablamos de empleo femenino y nos hemos encontrado con situaciones no deseadas como el exceso tanto en temporalidad como en parcialidad. Por eso, las Administraciones Públicas deben hacer una apuesta de futuro para una mayor y mejor implantación de la Ley de Dependencia”.
 
Por su parte, el secretario general de Aeste, Jesús Cubero, destacó “el ejercicio de madurez y responsabilidad de CCOO y las empresas del sector sociosanitario para consolidar las condiciones laborales de los trabajadores y su profesionalización. El VII Convenio colectivo ha dignificado la figura del gerocultor y ha restringido sus funciones de limpieza a lo estrictamente necesario. Debemos garantizar y apostar por la calidad del empleo”.
 
Servicios profesionales
“La Ley de Dependencia nació como una ley de servicios profesionales, pero en la práctica se ha visto desvirtuada por los cuidados en el entorno familiar, alcanzando prácticamente un tercio de las prestaciones concedidas. El actual subsidio para las familias debe reducirse y reconvertirse en servicios”, propuso Cubero de Aeste. Actualmente, 396.225 personas (lo que supone  el 31,07 % de las prestaciones reconocidas) reciben la prestación económica para los cuidados familiares.
 
Por su parte, el presidente de Lares Federación, Juan Vela, denunció que el modelo de atención domiciliaria y de prevención sirve de excusa para controlar el gasto público, “en detrimento de una necesaria atención individualizada centrada en la persona. Así, por ejemplo, el 20 % de todas las prestaciones concedidas representa menos del 1% del total de gasto en dependencia. En realidad, servicios como la teleasistencia o los servicios de prevención, deberían ser universales y estar más desarrollados. Por contra, se mantiene estable la ratio de prestaciones que recibe cada ciudadano, que sigue estando, en 1,2, lo que es insuficiente”. Asimismo, reivindicó la necesidad de que el Sistema de Dependencia no excluya ni discrimine a la persona dependiente, en función de la comunidad en la que viva.
                          
Inversión y retorno económico
Si bien habitualmente la atención a la dependencia es considerado como un sector de gasto, el secretario general de la FED, Alberto Echevarría, señaló que la realidad demuestra todo lo contrario: “Es un sector de crecimiento que, además, genera inversión. Construir una plaza residencial supone una inversión de 60.000 euros. Teniendo en cuenta que los centros tienen una media de 100 plazas, estamos hablando de seis millones de euros. Además, creamos empleo por ley, porque la normativa obliga a que por cada dos usuarios se cree un empleo. Todo ello, genera retornos económicos a corto plazo, a través del IRPF, IVA, etc.”.  
 
Por otra parte, Echevarría subrayó que una correcta coordinación sociosanitaria contribuiría “a la sostenibilidad del sistema sanitario y de Servicios Sociales. Estamos especializados en los cuidados de media y larga estancia y podríamos ahorrar al sistema sanitario muchos recursos, ya que una cama hospitalaria cuesta 700 euros al día, mientras que una residencial entre 50 y 60 euros. Un tercio de las personas hospitalizadas deberían estar en centros residenciales, pero para ello necesitamos una financiación adecuada”.
 
El Observatorio elaborará semestralmente un informe sobre la evolución del sector de atención a la dependencia, haciendo especial hincapié en lo que respecta al empleo. El Observatorio presentará el primer informe en enero de 2019, con datos a 31 de diciembre de 2018.
 
 


Miércoles, 28 de Noviembre 2018

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