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“El Sistema de Dependencia es sostenible, ya que supone una enorme inversión para el empleo y la innovación”




FRANCISCO MOZA- Secretario general de Política Social
FRANCISCO MOZA- Secretario general de Política Social
A fecha 1 de junio, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) atiende a 578.953 personas dependientes. La prioridad del Ministerio de Sanidad y Política Social es llegar a todas las personas que necesitan esta ayuda "con rapidez y ofreciendo una atención de calidad". Para ello, el Gobierno ha invertido más de 5.000 millones de euros en estos tres años. Y es que para el secretario general de Política Social, Francisco Moza, "el Sistema de Atención a la Dependencia es clave para asegurar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, ya que supone una enorme inversión para el empleo y la innovación, aún en tiempos de crisis". Mientras tanto, los empresarios del sector de la dependencia muestran su malestar por la aplicación del IVA superreducido únicamente para los servicios concertados, la cantidad de plazas residenciales vacías, la formación de los trabajadores y el alto número de prestaciones concedidas al cuidador informal, cuando siempre se habló de una la Ley de servicios. Para aclarar éstas y otras cuestiones, Francisco Moza ha hablado en exclusiva para BALANCE.

¿Qué retos se plantea en políticas sociales dirigidas a los mayores?

El principal reto a corto plazo es seguir trabajando para que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) pueda dar servicio a todas las personas que lo necesitan de una forma ágil y eficaz.

Por otro lado, es importante seguir avanzando en las políticas de fomento del envejecimiento activo y saludable, puesto que el incremento del número de personas mayores en nuestra sociedad es un hecho, y parece que las tendencias demográficas sitúan a España en 2030 como el segundo país más envejecido del mundo. Por eso, debemos empezar a adaptarnos a esta nueva realidad: cada vez viviremos más años y con una mejor calidad de vida. Esto implica que tendremos más personas mayores, con un mejor estado de salud y, por lo tanto, activas y con ganas de seguir participando en la sociedad.


¿En qué situación se encuentra actualmente la aplicación de la Ley de Dependencia?

La Ley de Dependencia cumple ahora tres años de aplicación. En este tiempo, hemos logrado poner en marcha un sistema complejo –en proceso de implantación hasta 2015, según los plazos previstos por la propia Ley– que requiere la colaboración de todas las Administraciones Públicas y que, a fecha 1 de junio, atiende a 578.953 personas en situación de dependencia, de las cuales más de 400.000 son de edad avanzada.

En cuanto a las inversiones realizadas, a finales de 2010, el Gobierno habrá invertido más de 5.000 millones de euros en tres años para la financiación del sistema, además de la inversión que realizan las comunidades autónomas.

Sin duda, somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer. Por eso, seguimos trabajando para llegar a todas las personas que necesitan esta ayuda y, además, queremos hacerlo con rapidez y ofreciendo una atención de calidad.


¿Por qué cree que hay tantas diferencias entre comunidades autónomas?

Las comunidades autónomas son responsables de aplicar la Ley en su territorio y de gestionar el Sistema de Atención a la Dependencia según su propia planificación, recursos y prioridades políticas. En cualquier caso, todas ellas están realizando un esfuerzo importante para agilizar los procedimientos y mejorar la eficacia del sistema. Así, recientemente, las comunidades han acordado adaptar los baremos usados hasta ahora para valorar la situación de las personas dependientes que solicitaban entrar en el sistema, de manera que los criterios utilizados sean idénticos en todo el Estado.


¿La Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?

El Sistema de Atención a la Dependencia no sólo es sostenible, sino que es clave para asegurar la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, ya que supone una enorme inversión para el empleo y la innovación, aún en tiempos de crisis. El sistema emplea ya de forma directa a 120.000 personas, sin contar los empleos indirectos generados. Además, si tenemos en cuenta el impacto de los créditos adicionales del Fondo Especial de Dependencia en la creación y mantenimiento del empleo, habría que añadir unos 23.000 nuevos puestos de trabajo directos, más 35.000 nuevos empleos si sumamos los empleos indirectos.

Estos datos son refrendados por la Encuesta de Población Activa (EPA). Según este indicador, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, los servicios sociales se configuran como un sector de crecimiento del empleo neto, con un incremento significativo en estos tres años del 22,16%, lo que es especialmente significativo en la situación económica actual.


Los profesionales del sector insisten en que el IVA superreducido para los servicios concertados discrimina a los operadores y a los usuarios privados. Asimismo, se preguntan por qué éstos se consideran de primera necesidad y los privados no. ¿Cuál es su opinión?

Dentro de la reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Gobierno ha rebajado a un tipo impositivo superreducido del 4% a todos los servicios previstos en la Ley de Dependencia, prestados por las empresas integradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, mediante plazas concertadas en centros o residencias previo concurso público para su prestación.
El criterio ha sido aplicar este IVA a aquellos servicios de carácter prestacional o asistencial, que no debieran soportar un impuesto sobre el consumo, dada la naturaleza del servicio que ofrecen.
Por lo demás, la competencia para concertar plazas con centros residenciales privados reside en las comunidades autónomas, y son ellas quienes deben determinar la procedencia o no de asumir compromisos con las empresas que consideren oportunas.


Las prestaciones concedidas al cuidador informal superan ampliamente a los servicios. Sin embargo, siempre se habló de una Ley de servicios y no de prestaciones. ¿Le preocupa esta situación?

Los servicios de atención residencial representan el 25% del total de servicios disponibles, lo que supone que una de cada cuatro personas que han recibido una prestación por dependencia está en residencias. Un porcentaje importante y muy similar al que tuvieron otros países europeos en la fase de implantación de este tipo de sistemas.

Esta situación responde, en gran medida, a aspectos que definen nuestro comportamiento sociocultural, ya que en nuestra sociedad todavía se prefieren los cuidados en el domicilio frente a la atención profesional en residencias especializadas. Aunque parece que esto está cambiando. Según una encuesta realizada recientemente por el Imserso para la elaboración del Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo, el 63% de las personas mayores prefiere los cuidados en el ámbito familiar, mientras que en 1993 era casi el 80%.

Por tanto, estamos convencidos de que, al igual que viene ocurriendo en otros países, esta situación irá evolucionando, tanto por la incorporación de las mujeres al mundo laboral, como por la mejora en la calidad y cantidad de los servicios disponibles.

Desde el Gobierno, fieles al propio espíritu de la Ley, queremos avanzar en el impulso a los servicios residenciales, sin que ello signifique descuidar la prestación por atención domiciliaria. Un ejemplo de ello ha sido la creación de un fondo extraordinario de 400 millones de euros, en el marco del Plan E, para facilitar el desarrollo y modernización de la red de servicios del Sistema de Dependencia y la formación de profesionales.

A través de este fondo, se han puesto a disposición de las comunidades autónomas recursos adicionales para la construcción o adaptación de 50.000 plazas residenciales y de centros de día para personas en situación de dependencia. Con ello, se han concertado más de 7.700 nuevas plazas y esperamos poder seguir avanzando en esta línea.


El sector privado de atención a la dependencia tiene más del 20% de las plazas residenciales libres, mientras la lista de espera de dependientes que demandan una plaza crece día a día. ¿Por qué no se agilizan los conciertos?

Como decía antes, un 25% de los usuarios del sistema es atendido en una residencia. Un dato muy similar al de otros países europeos. También es cierto que muchas personas prefieren seguir viviendo en su casa y ser atendidos por un familiar o por un cuidador externo, y el sistema no puede obviar esa realidad. En cualquier caso, la competencia para concertar con empresas privadas de centros residenciales reside en las comunidades autónomas.

“El Sistema de Dependencia es sostenible, ya que supone una enorme inversión para el empleo y la innovación”

La formación de los trabajadores es una preocupación manifiesta. ¿Se cumplirán los plazos establecidos por el Ministerio para la obtención de las cualificaciones profesionales? ¿Cómo y con qué presupuesto?


La formación de los trabajadores es una prioridad, porque es esencial para ofrecer una atención de calidad. Esto beneficia tanto a las personas dependientes que reciben la atención como a los propios trabajadores y a sus empresas, porque supone la mejora del capital humano, que es siempre un importante activo para la empresa.

En 2008, el Gobierno y las comunidades autónomas acordaron incluir la formación de los trabajadores como parte de los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema de Dependencia. En ese acuerdo, se establecieron unos plazos para la obtención de cualificaciones profesionales (en 2013, el 35% de los trabajadores deben estar cualificados y en 2015, el 100%), que van a mantenerse.

Para lograr estos objetivos, la formación se ha incluido en el marco de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como órgano perteneciente al Sector Público Estatal y gestionado conjuntamente por la Administración General del Estado, los sindicatos y los empresarios. Asimismo, las propias empresas también gestionan diferentes ofertas formativas.

Por otro lado, además de las titulaciones correspondientes a la educación reglada, la aprobación del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, va a ser de gran importancia. Esta norma permitirá el reconocimiento de la experiencia profesional de muchos cuidadores, ayudando a la obtención de certificados de profesionalidad o titulaciones de formación profesional en este ámbito.


¿Qué beneficios cree que aportará la coordinación sociosanitaria? ¿Se ha avanzado algo tras la última reunión?

La coordinación de los sistemas sanitario y social será esencial para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de atención que se presentan, simultáneamente, en las personas dependientes.
En la última reunión con los consejeros autonómicos de Sanidad y Política Social, se acordó la elaboración de un Libro Blanco para la coordinación del sistema sanitario y el sistema de dependencia. Este documento recogerá las líneas estratégicas necesarias para establecer una coordinación eficaz, así como las buenas prácticas y las experiencias que se están llevando a cabo en las comunidades autónomas, y que servirían como modelo para su generalización.


La Ley es de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pero hasta ahora sólo se ha atendido la dependencia. ¿Cuándo va a empezar a desarrollarse la parte de autonomía personal?

El sistema que estamos poniendo en marcha no se limita exclusivamente a dar cuidados a las personas dependientes sino que, además, incluye el fomento de la autonomía personal. El tipo de prestaciones que se ofertan depende de cada comunidad autónoma, pero se están poniendo en marcha muchas medidas en este sentido que, aunque es cierto que no son tan numerosas como otras prestaciones, también son relevantes.

¿Qué propone para mejorar y agilizar la aplicación de la Ley?

En la reunión del Consejo Territorial de 1 de junio se adoptó un compromiso firme para agilizar la aplicación de la Ley y hacerla más efectiva. Concretamente, se aprobó que el reparto de fondos entre las diferentes comunidades autónomas refleje el cumplimiento de la Ley y el número de personas efectivamente atendidas, además de potenciar los servicios y dar más recursos para la formación de cuidadores. Asimismo, se acordó limitar a seis meses el tiempo de espera de los solicitantes para ser valorados, por lo que se agilizará la entrada en el sistema. Se trata, por tanto, de medidas exigentes, pero que mejorarán la eficacia y la calidad de la atención que estamos prestando.


Jueves, 15 de Julio 2010

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