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El acuerdo marco de las residencias de mayores, a debate en la Asamblea de Madrid


La Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid se ha reunido esta mañana para deliberar, entre otras cuestiones, sobre el traslado forzoso de 60 usuarios de plazas concertadas con la Comunidad de Madrid de la Residencia Albertia de Moratalaz a otras residencias de mayores, y sobre los resultados que está teniendo el Acuerdo Marco del Servicio Público de Atención Residencial a Personas Dependientes 2017: las empresas están dejando de ofertar plazas porque no les resulta rentable.



Por Carmen Moreno

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Josefa Navarro, ha indicado que la renuncia de las empresas que conciertan plazas de residencias en Madrid está obligando al traslado forzoso de ancianos. Éste es el caso de la residencia Albertia de Moratalaz que deberá producirse antes del 30 de junio.
 
Navarro ha asegurado que esta situación afecta a la salud y calidad de vida de las personas mayores y ha cuestionado el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid: “Las empresas se están desvinculando del Acuerdo Marco porque no les es rentable”.
 
En este sentido, ha afirmado que hay una falta de respuesta de las necesidades de plazas de residencia desde lo público y que habría que replantearse la financiación de estas plazas, si fuera necesario, para que esta población “reciba la atención que se merece”.
 
Traslado de personas mayores de la residencia Albertia de Moratalaz
En su intervención, el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Carlos González Pereira, ha querido transmitir tranquilidad en lo que respecta el tema de la residencia Albertia porque “la Administración tiene los resortes para que los mayores y los usuarios de esta residencia tengan los mejores servicios”.
 
Según ha explicado González Pereira, la empresa Albertia Servicios Sociosanitarios de Moratalaz no ha resultados adjudicataria de las plazas de residencia porque no ha presentado oferta, pero a los usuarios se les garantiza el servicio que se le está prestando hasta ahora en otra residencia. “Desde el momento que se supo de este hecho, se está trabajado en coordinación con la empresa gestora para buscar las mejores soluciones para cada uno de los usuarios. Además, se ha solicitado que informen de sus preferencias, para tenerlas en cuenta”, ha aclarado.
 
Con fecha 4 de mayo, ha informado, “la residencia tiene 34 usuarios y están concedidos 16 traslados pendientes de ingresar en el centro adjudicado, según preferencias (12 en la residencia Adolfo Suárez de Madrid, 3 en la residencia del Ensanche de Vallecas y 1 en Getafe). Los otros 18 restantes están pendientes de conceder conforme se vayan produciendo vacantes en los centros solicitados como preferentes por los usuarios”.
 
“Algunos usuarios no están de acuerdo con el traslado, pero otros muchos han coincidido con preferencias porque están más cerca de los familiares”, ha confirmado el director general de Atención a la Dependencia y al Mayor, que ha continuado: “La Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo presupuestario desde todos los ámbitos, pero sin variar la calidad del servicios a nuestros usuarios y mayores porque es prioritario”.
 
Acuerdo Marco de residencias de mayores
Con respecto al Acuerdo Marco del Servicio Público de Atención Residencial a Personas Dependientes 2017, González Pereira ha expresado que las empresas privadas tienen todo el derecho a presentarse o no a la concertación de plazas. “Puede ser que no se le ofrezca lo que ellos quieren, pero la Administración está para vigilar los recursos económico”.
 
Asimismo, ha referido que no sólo es una cuestión económica. La medidas que toma la Consejería en el cumplimiento de pliegos a las empresas son “estrictas y muy concretas”. “Hacemos un seguimiento de la ratio muy importante y esto provoca la incomodidad de algunas empresas por el seguimiento que tenemos para el cumplimiento de esos pliegos y ratios con el fin de conseguir la mejor calidad posible del servicio para los usuarios”.
 
 
Falta de información a la oposición
Alberto Reyero, diputado de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos, ha manifestado que en Ciudadanos creen en la colaboración público-privada: “La concertación de plazas es una alternativa y es necesaria”, no obstante, ha propuesto al Gobierno de la Comunidad de Madrid compartir con los grupos de la oposición los datos de que disponen para que “podamos trabajar conjuntamente en un objetivo que es de todos, que el residente madrileño esté lo mejor atendido posible”.
 
En su opinión, cuando se habla de Acuerdo Marco “se debería abrir un gran debate en el que tuvieran cabida el Gobierno regional, los grupos de la oposición, empresas y las patronales que trabajan en este sector para saber qué es lo que no se está haciendo bien”.
 
José Ángel Gómez-Chamorro, diputado de la Asamblea de Madrid por el PSOE también ha aludido a esa falta de información por parte de la Consejería: “Dan poca facilidad para el trabajo de la oposición. No podemos trabajar con datos objetivos”.
 
Una de las cuestiones a cerca de las que Reyero ha pedido información es sobre cuántos usuarios de residencias se van a ver afectados porque las empresas han desistido total o parcialmente. Se estima que superan los mil usuarios.
 
Cuestión de costes
Gómez-Chamorro ha considerado que se trata de un Acuerdo Marco fallido “porque se sitúa por debajo de los costes reales de lo que necesitan nuestros mayores”.
 
Actualmente, el coste medio de la plaza residencial es de 54 euros/día (total) y 21 euros/día (parcial). En su opinión, “no hay forma de bajar la plaza de los 60 euros”. Y cuando el coste se establece por debajo del precio real “perjudica a los trabajadores y a las personas dependientes”. De hecho, el coste de las residencias públicas es superior. Josefa Navarro ha referido que está en 81 euros/días  aproximadamente.
 
El diputado de Ciudadanos ha señalado que el precio de la plaza ha estado prácticamente congelado los últimos 10 años. En la misma línea, Gómez Chamorro ha indicado que, en 2006, se sacó la plaza a 52 euros y en 2017 a 54 euros. Y ha protestado porque en la memoria económica no se haya tenido en cuenta que los trabajadores del sector están negociando su convenio colectivo.
 
Por su parte, el diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos, Raúl Camargo, ha asegurado que, con el pliego de condiciones, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se están ahorrando 10.000 euros por residente al año.
 
A pesar de ello, Reyero ha insistido en que el problema no es sólo económico, “el problema es más profundo y de carácter estructural”.
 
Camargo ha referido que estamos ante un problema de modelo de gestión: “Éste es un modelo de gestión imposible”. En su opinión, “la atención de los mayores debería ser un servicio enteramente público. Las Administraciones Públicas están para proporcionar el bienestar de aquellas personas que han cotizado durante décadas y que ahora tienen que tener una reversión de esas colaboración”.
 
En este sentido ha expuesto que se acaban de discutir los presupuestos generales para la Comunidad de Madrid y “el gobierno se ha negado a construir residencias públicas nuevas. Llevamos con 25 residencias décadas. La Comunidad de Madrid tiene el porcentaje más bajo de residencias públicas de todo el país”.
 
González Pereira ha reconocido que es un momento “delicado, de reajuste, pero en los mayores el reajuste es mínimo. En este sentido, ha informado de que se están realizando obras y adaptaciones de plazas residenciales con el fin de garantizar un mayor número de plazas de oferta pública y también privada para los mayores madrileños.
 


Lunes, 8 de Mayo 2017

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