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El copago en los servicios de ayuda a domicilio: un arma de doble filo


RAQUEL CALATAYUD MARTÍNEZ - Directora de Servicios y Relaciones Institucionales Grupo BBS



El copago en los servicios de ayuda a domicilio: un arma de doble filo
Cuando a mediados de 2006 se empezaron a hacer públicos los ejes vertebradores de la, por entonces, futura Ley de Dependencia, muchos aplaudimos la introducción del copago como una medida necesaria e imprescindible asociada al nuevo pilar del Estado del bienestar. De hecho, así se estaba haciendo en otros países de referencia internacional en materia social como los países nórdicos o Canadá. Ya por entonces, empezaron a surgir las primeras voces, como la de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, advirtiendo de la importancia de que se definiese muy exhaustivamente su implantación en base a principios de igualdad y equidad.
Tres años y medio después de la entrada en vigor de la Ley, la implantación del copago asociado a los Servicios de Ayuda a Domicilio es todavía una asignatura pendiente para buena parte de las Administraciones Públicas.

Actualmente, la puesta en marcha del copago en la prestación del SAD es totalmente aleatoria; no sólo en las comunidades autónomas, sino también en las provincias y, lo que es más grave, en municipios y ciudades colindantes unas con otras. Así, por ejemplo, ¿dónde está el respeto al principio de Igualdad si cinco kilómetros más allá de mi residencia tengo que contribuir a financiar mis servicios, pero dónde resido no me lo exigen?

Si nos preguntamos el por qué de la demora en su instauración, la respuesta es sencilla. Por una parte, genera impopularidad ante la ciudadanía, conocedora de que hasta la fecha estos servicios habían gozado de gratuidad, o incluso que en las poblaciones cercanas así sigue siendo. Por otra parte, el copago comporta una elevada carga administrativa que consume muchos recursos para los municipios y ciudades en su responsabilidad como recaudadores. Tarea ésta que estarían encantados de realizar si, todo aquello que recaudasen reportase mayoritariamente en sus arcas municipales, bastante vacías en los tiempos que corren... Las cosas están cambiando, y en comunidades como Cataluña, donde esto era así hasta hace muy poco, la parte principal del copago revertía directamente en las cuentas autonómicas. ¿Qué aliciente suponía pues para los ayuntamientos?

Ahora bien, los tiempos de crisis que vivimos se convierten también en tiempos de oportunidad y así lo están interpretando las administraciones que se afanan por ultimar reglamentos y ordenanzas para regular el copago. Todos tienen claro que no es un tema que no puede ni debe demorarse más en el tiempo...

Y las empresas prestadoras del servicio... ¿Cuál es nuestro papel? Nuestra función es responder a las necesidades de las administraciones locales y, en último término, de los usuarios. Podemos ofrecer, y de hecho ofrecemos, mecanismos de control del sistema de copago, respaldo en la justificación de la medida ante los usuarios y, en ocasiones, hasta se nos ha delegado la función (que no responsabilidad) de ejercer de recaudadores, cuestión ésta no exenta de polémica jurídica...
Pero, sin duda, lo que más me preocupa es la repercusión que supone para el usuario y en sí mismo para el propio sistema de dependencia: ¿cómo hacer encajar al usuario que ha de sufragar un servicio que recibe por necesidad?, ¿cómo hacerlo en un momento en el que sus ingresos se han congelado?, ¿cómo hacerlo justo ahora cuando el globo sonda del copago del sistema sanitario está en boca de los medios de comunicación? Así mismo, se plantean cuestiones que afectan directamente a la conciencia de las Administraciones: ¿Qué pasa con los usuarios que están renunciando a los servicios cuando se les comunica el copago? Y si el copago genera morosidad... ¿cómo, quién y de qué forma se va reclamar?

Todas estas preguntas tienen difícil, pero necesaria respuesta. Esperaremos...


Viernes, 23 de Julio 2010

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