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“El reto del Ministerio es seguir avanzando en la consolidación de los derechos sociales y sanitarios”


Las políticas sociales que desarrolla el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social están encaminadas a asegurar una atención adecuada y suficiente a todas las personas en función de sus necesidades, con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida. En este sentido, planificar y desarrollar políticas que fomenten un envejecimiento activo y saludable es una prioridad. Pero también lo es garantizar el desarrollo de la Ley de Dependencia. Sin embargo, el rechazo a los Presupuestos del Gobierno dificulta que el Ministerio pueda alcanzar su mayor reto: “Seguir avanzando en la consolidación de los derechos sociales y sanitarios”, asegura Carcedo. Respecto a la atención a la dependencia, la ministra señala que en el proyecto de presupuestos para 2019 se hizo “un esfuerzo muy importante para incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas a la financiación del Sistema de Dependencia, cuyas partidas hubieran aumentado en 830 millones, un 59,5 % respecto al año anterior”. Como resultado, las comunidades autónomas hubieran contado con una mayor financiación para gestionar las prestaciones, “que hubiera revertido en una disminución de las listas de espera”.



Por Sonia García

¿Qué balance realiza de estos primeros meses al frente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social?
El balance que hacemos desde el Ministerio es positivo. Hemos puesto en marcha medidas para revertir los recortes del anterior gobierno que afectaban tanto a la sanidad como al Sistema de Atención de la Dependencia y de Servicios Sociales. Estamos tramitando como ley la restitución de la asistencia sanitaria universal, eliminando los copagos a medicamentos que impedían que dos millones de personas pudieran retirar sus medicinas y diseñado unos presupuestos orientados atender a las personas con discapacidad y sus familias con un incremento del 59,5 % de la inversión en este sector.

También hemos puesto en marcha medidas muy concretas y urgentes como el Plan para la protección de las personas frente a las Pseudociencias; un importante acuerdo alcanzado con 400 empresas que se han comprometido a rebajar la sal, las grasas saturadas y el azúcar de sus productos para combatir la obesidad; o la elaboración del anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia.

Además, como referentes en temas de discapacidad, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas entre las que destacan las dirigidas a garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o la supresión del término “disminuidos” de la Constitución. 

¿Cuáles son sus prioridades en políticas sociales, sobre todo de aquellas relacionadas con las personas mayores y en situación de dependencia?
Una de nuestras principales prioridades es planificar y desarrollar políticas en favor de un envejecimiento activo para que las personas mayores puedan tener una vida plena el máximo tiempo posible. Queremos mantener, fomentar y garantizar su participación en el ámbito social, aprovechando sus valiosas aportaciones. También trabajamos para evitar situaciones de soledad y cualquier forma de discriminación, maltrato o exclusión social. Las estrategias y planes a nivel nacional contra fenómenos como la soledad en las personas mayores o aquellos que fomentan un envejecimiento activo y saludable cobran especial relevancia en nuestro programa social. 

El incremento de la esperanza de vida supone el sobreenvejecimiento de la sociedad. Las personas mayores disfrutan de muchos años de vida saludable y activa, pero cada vez más muchas de ellas llegan a una edad elevada donde resulta más frecuente sufrir algún tipo de situación de dependencia o contraer enfermedades de carácter crónico. Para estas situaciones debemos estar preparados y desarrollar una serie de políticas sociales que nos aseguren que puedan recibir una atención adecuada y suficiente en función de sus necesidades. La atención de las personas mayores, así como de las personas en situación de dependencia son dos ejes fundamentales de las políticas sociales que pretende desarrollar nuestro Gobierno. 

Asimismo, garantizar el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de manera que se asegure una atención suficiente y digna a las personas en situación de dependencia, así como a sus familias y personas cuidadoras, es también un objetivo prioritario.

Si los Presupuestos hubieran salido adelante, ¿qué partidas hubieran reforzado? 
Nuestro Ministerio y el Gobierno tienen como objetivo ofrecer la mejor atención a las personas en situación de dependencia y sus familiares. Es una prioridad fundamental desarrollar políticas y acciones para quienes más lo necesitan. Por ello, en el proyecto de presupuestos para 2019 habíamos llevado a cabo un esfuerzo muy importante para incrementar las dotaciones presupuestarias destinadas a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), cuyas partidas hubieran aumentado en 830 millones, un 59,5 % respecto al año anterior.

En concreto, las cantidades dirigidas a la financiación del nivel mínimo de protección se hubieran aumentado en 415 millones y se hubiera recuperado la vía del nivel acordado con una dotación de 100 millones de euros. Todo ello hubiera supuesto una mayor financiación para las comunidades autónomas que llevan a cabo la gestión y reconocimiento de las prestaciones, que esperábamos hubiera revertido en una disminución de las listas de espera. 

Por último, el objetivo era recuperar la financiación estatal de las cuotas a la Seguridad Social derivada de los convenios especiales que suscriban las personas cuidadoras no profesionales. Esta medida hubiera supuesto un importante beneficio para alrededor de 160.000 personas, en su gran mayoría mujeres (alrededor del 90 %), que hubieran podido, de este modo, alcanzar las cotizaciones necesarias para devengar pensiones de carácter contributivo (por ejemplo, de jubilación). 

Mediante todas estas medidas, pretendíamos impulsar y revitalizar el Sistema de Atención a la Dependencia, revirtiendo los recortes que ha sufrido el Sistema con las políticas implementadas por el anterior Gobierno.

Tanto comunidades autónomas como el sector profesional de atención a la dependencia reclaman que la financiación debe ser finalista. ¿Qué opina al respecto?
Como bien se apunta, la financiación que por parte de la Administración General del Estado se realiza en favor de las comunidades autónomas debe aplicarse a la financiación efectiva del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sin que por ello puedan ser aplicadas a la financiación de otros ámbitos o materias. En ese sentido, anualmente las comunidades autónomas suscriben un certificado, donde se recogen las cantidades, tanto las aportadas por la propia comunidad como las transferidas desde la AGE, que han sido aplicadas a la financiación del SAAD en el territorio de cada una de ellas, por lo que se puede considerar que esta financiación posee carácter finalista.

En diferentes intervenciones, ha subrayado como prioridad la recuperación del Sistema de Dependencia. ¿Qué propone para mejorar la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia?
Efectivamente, y como resulta lógico, un sistema de protección como el creado a través de la Ley de Dependencia debe ser objeto de un desarrollo y mejora continuada, sin que tenga cabida ningún tipo de recorte o menoscabo de los derechos de las personas. Lamentablemente, los recortes al Sistema que se llevaron a cabo en 2012, principalmente a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, afectaron a las piezas clave del Sistema, justo en el momento en que debía potenciarse su desarrollo. 

A modo de ejemplo, se redujeron las cuantías asociadas al nivel mínimo de protección, así como las cuantías de las prestaciones económicas y las intensidades horarias de los servicios. También se eliminó de la financiación estatal las cuotas de la Seguridad Social de los convenios especiales de las personas cuidadoras no profesionales. Asimismo, se suspendió la financiación del nivel acordado de protección. El objetivo de este Gobierno es revertir todas esas medidas y potenciar de nuevo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de modo que se incremente el número de personas con prestación reconocida (que supera ya el millón de personas beneficiarias), y se reduzca le denominada lista de espera.

Su antecesora propuso recuperar las cuotas de la Seguridad Social de los 180.000 cuidadores familiares de personas en situación de dependencia. ¿Continuará impulsando esta medida?
Para su recuperación, se recogieron 315 millones de euros en los presupuestos que elaboramos para 2019, que hubieran permitido que alrededor de 180.000 personas se hubieran podido beneficiar de esta medida y hubieran podido contar con la cantidad de cotizaciones necesarias para acceder a este tipo de prestaciones de naturaleza contributiva.
La suspensión de la financiación por parte del Estado de las cuotas a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales fue una de las medidas más duras y de mayor calado de las recogidas en el Real Decreto-Ley 20/2012. A partir de 2013, la carga del abono de las cuotas derivadas de esos convenios recayó en las propias personas cuidadoras no profesionales, de forma que... 



Miércoles, 20 de Febrero 2019

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