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"El reto es avanzar hacia una atención de calidad"


Nombrada directora general del Imserso hace apenas dos meses, llega al Instituto con el aval de su excelente gestión al frente del Sistema Andaluz de la Dependencia, un referente para otros territorios.



"El reto es avanzar hacia una atención de calidad"

La trayectoria profesional de Purificación Causapié se ha desarrollado en el ámbito de la planificación y gestión de políticas, programas y recursos dirigidos al desarrollo de los derechos sociales. En 2005 fue nombrada directora general de Servicios Sociales e Inclusión en la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, participó en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Ya en el año 2008, con una dilatada experiencia, Causapié ocupó el cargo de secretaria general para la Atención a la Dependencia, pasando a coordinar la aplicación de la Ley dentro de la Consejería. Hace apenas dos meses, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha confiado a Purificación Causapié la Dirección General del IMSERSO, donde se ha responsabilizado del impulso y desarrollo de las políticas y programas dirigidos a las personas mayores y la coordinación de Ley de Dependencia. A continuación, comparte con el periódico Balance de la Dependencia sus retos e inquietudes.


¿Cuáles son sus principales retos al frente del IMSERSO?

Mi objetivo prioritario al frente del Instituto de Mayores y Servicios Sociales es avanzar en la implantación y consolidación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Me incorporo con ilusión y dispuesta a trabajar codo a codo con las comunidades autónomas para conseguir que se mantenga el calendario previsto de despliegue de la Ley de Dependencia. Considero que todas las comunidades autónomas están convencidas de la importancia de la Ley y, sinceramente, creo que existe una clara voluntad de trabajar por consolidarla. Esta buena disposición es fundamental para llegar a consensos y acuerdos.

Por otra parte, es muy importante trabajar en favor del envejecimiento activo de las personas mayores. En este momento, estamos elaborando un Libro Blanco que nos ayudará a analizar y marcar líneas de actuación para el futuro.


Le avala su trabajo al frente de la Secretaría General para la Atención a la Dependencia de Andalucía, un referente para otras comunidades autónomas. Desde su experiencia, ¿qué valoración realiza de la situación actual de la aplicación de la Ley?

Francamente, creo que la Ley está ya en una fase de despegue importante porque ya se ha sobrepasado el medio milón de personas beneficiarias que están recibiendo prestaciones. Para cada una de estas personas, que son las que tienen más problemas de dependencia, y para sus familias, la Ley ya es una realidad que contribuye a aliviar una situación que, hasta hace poco, afrontaban en solitario. Y esto es mérito del Gobierno y también de las comunidades autónomas, porque la Ley requiere de un compromiso y de una actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas que, a tenor de los datos, se está llevando a cabo. La coordinación y la cooperación con las comunidades autónomas es el elemento fundamental para garantizar el éxito de la Ley y la cifra creciente de solicitudes, de personas valoradas y de beneficiarias con prestaciones es la mejor prueba de que así está ocurriendo.


¿Qué aspectos de la Ley de Dependencia espera poder mejorar?

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia responde a una necesidad ampliamente sentida y demandada por la ciudadanía.
Para su despliegue tenemos una fecha inicial, que es la del año 2015. En ese momento, debemos tener garantizada la respuesta a todas las personas en situación de dependencia, sea cual sea su grado y nivel. Mientras tanto, el reto es avanzar en una atención de calidad, tanto en la gestión de los procedimientos como en la provisión de los servicios y prestaciones. Muchos pasos ya se han dado, como agilizar el periodo de tramitación hasta ser declarado beneficiario de la Ley. También se ha avanzado en acuerdos como los relativos a la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, la acreditación de los centros o la formación de cuidadores familiares. La Ley va a estar, y de hecho está, sometida a un proceso de evaluación continua en la que vamos señalando, entre todos los implicados, cuáles son los aspectos en los que debemos mejorar.

En este sentido, soy muy consciente de que para poder mejorar sustancialmente cualquier aspecto derivado de la implantación de la Ley es necesaria la cooperación de sus gestores más directos, que son las comunidades autónomas. Tema en el que soy optimista, porque gobiernos autonómicos están haciendo un gran esfuerzo para que la Ley funcione bien y satisfaga las necesidades de los ciudadanos.

También contamos con la implicación de las corporaciones locales, que están trabajando de manera importante, y, por supuesto, con las organizaciones del tercer sector y los agentes sociales.

 
Promoción de la autonomía personal


La promoción de la autonomía personal apenas cobra protagonismo en el catálogo de servicios y prestaciones de la Ley, pero España cuenta con más de ocho millones de personas mayores de 65 años y cerca de 14 millones tienen más de 50 años. En este sentido, ¿qué iniciativas desarrolla el IMSERSO para promover el envejecimiento activo?

El catálogo de servicios y prestaciones de la Ley está orientado, fundamentalmente, a personas con problemas de dependencia. El concepto de envejecimiento activo es mucho más amplio y engloba la promoción de la autonomía personal.

El envejecimiento activo se refiere a una serie de hábitos y costumbres con una repercusión positiva en la salud física y mental de las personas, que distancia el horizonte de situaciones de dependencia. Desde el IMSERSO, siempre se ha trabajado desde estos parámetros, aunque aún no estuvieran adscritos a lo que más tarde se ha llamado envejecimiento activo. En este sentido, el programa de vacaciones lleva funcionando 25 años y el de termalismo social ha sido evaluado a lo largo de las décadas que lleva funcionando, en cuanto a su repercusión sobre la salud de los usuarios, y los resultados han sido siempre ampliamente positivos.
Además, el IMSERSO organiza y desarrolla un importante programa de jornadas formativas abiertas a asociaciones de personas mayores, y profesionales sobre aspectos relacionados con el envejecimiento saludable, la preparación a la jubilación y los derechos de los mayores, entre otros temas.

Este año, además, con motivo de la Presidencia española de la Unión Europea, se va a organizar una conferencia sobre envejecimiento activo en Logroño, a finales de abril, donde tendremos la oportunidad de contrastar qué se está haciendo en este mismo ámbito en el resto de los países de la UE.

"El reto es avanzar hacia una atención de calidad"

¿No debería la Administración apoyar más a las empresas para fomentar iniciativas y proyectos encaminados a promover la autonomía personal y retardar así las situaciones de dependencia?

Creo, honestamente, que en la medida de lo posible así se está haciendo; tanto desde un punto de vista de asesoramiento técnico como, en algunos casos, apoyando económicamente algunos proyectos mediante las subvenciones que anualmente se conceden.


En el último Consejo Territorial se ha acordado reducir el plazo para dictaminar las prestaciones de dependencia a seis meses. ¿Cómo van a asegurarse de que las comunidades autónomas cumplen con el plazo?

El acuerdo establece que ese plazo se incorporará a la normativa de las comunidades autónomas. Cuando un gobierno asume un compromiso, tras un acuerdo en el que ha tomado parte, se trate de un ejecutivo estatal, autonómico o local, se supone que es para cumplirlo. Estoy convencida de que va a ser así en todos los casos y tengo plena confianza en que este plazo se va a cumplir. Sin duda, el compromiso es con los ciudadanos.


¿Por qué cree que unas comunidades están más adelantadas que otras en la aplicación de la Ley de Dependencia?

Evidentemente, a pesar del importante esfuerzo de todas las comunidades autónomas, los ritmos en la aplicación de la Ley son desiguales. Tenemos un largo camino por recorrer pero tengo la confianza de que, a medida que vayamos cumpliendo el calendario y consolidando los pasos dados, estas diferencias se van a ir acortando y eliminando.


Una de las principales reivindicaciones del sector profesional es que la Ley de Dependencia sea realmente una ley de servicios y no de prestaciones. En este sentido, ¿qué medidas va a adoptar para que la ayuda al cuidador familiar no sea la prestación más solicitada si se quiere caminar hacia la profesionalización de la atención?

El desarrollo de la Ley conlleva inexorablemente el desarrollo de servicios sociales como la teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residenciales y, en este sentido, es importante señalar el impacto en el mercado de trabajo de la Ley de Dependencia como generadora de empleo estable. El que, coyunturalmente, y por distintas circunstancias haya una demanda elevada de prestaciónes económicas no quiere decir que sea la tendencia que permanezca en el futuro. Cuando en los años 90 se inicia la implantación en Alemania de su ley de dependencia, las prestaciones de cuidados familiares alcanzaban cifras del 65%. Hoy, sin embargo, están por debajo del 50%. En los próximos años, con toda probabilidad, asistiremos al desarrollo de servicios de atención como fruto de las inversiones en infraestructuras realizadas por el Gobierno y las comunidades.


¿Qué le parece que existan plataformas de dependientes que han decidido acudir a la vía judicial porque consideran que su comunidad infringe la Ley?

Todo ciudadano tiene el derecho constitucional a recurrir libremente a los tribunales si considera que se está vulnerando alguno de sus derechos.

Nuestro deseo, sin embargo, es que el derecho de las personas a recibir una prestación o un servicio se resuelva sin tener que acudir a esta vía, que es lo que está pasando en la mayoría de las ocasiones.


¿Qué opina del impulso de la coordinación sociosanitaria, tras la primera Conferencia Interterritorial de consejeros de Sanidad y de Política Social, tan demandada por el sector privado de atención a las personas mayores y dependientes?

Creo que es necesaria y que es una antigua demanda no sólo del sector privado, sino también de los profesionales del sector público. El Ministerio de Sanidad y Política Social es muy sensible a esta necesidad y está trabajando con las comunidades autónomas para que esta coordinación sea posible y se convierta en un elemento de calidad en la atención a las personas en situación de dependencia.


Miércoles, 17 de Marzo 2010

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