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El sector de la dependencia de Cantabria critica que el Gobierno publique una norma “para maquillar cuatro años de abandono”




Las patronales del sector de atención a la dependencia de Cantabria: Lares, FED y PAD consideran que, con la publicación de la nueva normativa y su divulgación en la prensa, “sólo se persigue maquillar los últimos cuatro años de absoluta inoperancia en los que han dejado en la estacada a las personas de este colectivo en Cantabria”. La opinión del sector es que pretenden exhibir un interés por la mejora en la atención a las personas en situación de dependencia “que es rotundamente artificial, tal y como demuestran los últimos datos del Imserso, que colocan a Cantabria en las últimas posiciones de España, a pesar de ser la comunidad autónoma con mayor gasto público en la materia”.
 
“En el tiempo de descuento, la consejería ha aprobado unas órdenes en las que hablan de decoración de habitaciones, de elección de opciones de ocio y de Internet gratuito en los centros…, cuando continúan sin resolver los problemas endémicos del sector. En las reuniones mantenidas con el ejecutivo se han expuesto de forma recurrente las dificultades en la actividad y el deterioro de la calidad en la atención a las personas usuarias, derivados de la falta de coordinación sociosanitaria, la inseguridad jurídica, la sobrecarga burocrática, la desigualdad en la prestación del servicio, etc.”.
 
Por otro lado, las patronales aseguran que resulta incomprensible que hablen de los beneficios de la atención centrada en la persona como algo novedoso y se atribuyan su concepción, cuando está plasmado en la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria de 2007 y los centros ya operan en base a ese modelo. “Pretender adjudicarse la idea de respeto a la dignidad y a los derechos de la persona es vender humo a dos meses de concluir su legislatura”, añaden.
 
La subida de precios del 10 % también es, en su opinión, ficticia porque en ese porcentaje está incluido el IPC, luego no se trata de una inversión, sino de una adecuación a los costes de mercado. “Asimismo, esa subida no alcanza a compensar la bajada de precios que se realizó durante la crisis económica, ya que hubo plazas cuyo coste cayó hasta un 19 %. Es decir, en cuatro años de la que bautizaron como “la legislatura de la dependencia” no se han revertido los recortes sufridos como consecuencia de la crisis”, subrayan.
 
Al respecto del aumento en la ratio de personal, es una medida en la que el sector ha venido insistiendo desde el comienzo de la legislatura, añadiendo, por otra parte, que la situación laboral de los trabajadores es precaria y que, siendo una actividad importante por el empleo que crea para Cantabria, hay grandes dificultades para encontrar personal. “También cabe decir que no se puede calcular una ratio adecuada sin revisar los grados de los usuarios, cuestión que solo se ha abordado en esta legislatura para aumentar el copago de los mismos”, añaden las patronales.
 
Además, para poner de manifiesto la falta de criterio de los responsables de la nueva norma, insisten en que tan solo hay que observar “que hablan de aumentar el ancho de los pasillos de 120 a 150 centímetros cuando, en la actualidad, la norma ya exige que estos sean de 220. No es de extrañar entonces que, durante la presente legislatura, el único centro residencial que ha abierto sus puertas no cumpla con el Código Técnico de Edificación, por lo cual el sector ha emprendido acciones legales”.
 
“La deriva de la legislatura en materia de dependencia, así como la falta de respuesta a las necesidades del sistema, se ilustra con hechos como que no se haya facilitado un estudio económico de los costes de construcción a pesar de haberse solicitado en numerosas ocasiones. También el hecho de que la consejería incumpla sus propias leyes en cuanto al transporte adaptado pone de relieve la discrecionalidad con que ésta actúa”, señalan las patronales cántabras.
 
Las asociaciones de dependencia continúan trabajando en virtud de proteger la calidad en la atención a las personas usuarias y los derechos de las mismas, por lo que van a instar a los partidos políticos a que adopten las medidas oportunas para solicitar al Parlamento de Cantabria la derogación de las presentes normativas. Asimismo, siguen tendiendo la mano al Gobierno de Cantabria para elaborar unas normas consensuadas con el sector que mejoren la situación de usuarios, trabajadores y entidades prestadoras.


Viernes, 15 de Marzo 2019

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