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Empleo se implica en la acreditación profesional del Sistema de Dependencia y prepara una convocatoria nacional




Si bien la acreditación profesional de los trabajadores del Sistema de Dependencia es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, con el fin de ayudar y facilitar el proceso a aquellas que están más atrasadas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prepara una convocatoria nacional. Así lo aseguró ayer el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 
Los consejeros de Andalucía, Aragón o Extremadura lamentaron que tuvieran que esperar al turno de ruegos y preguntas para plantear al ministro sus inquietudes y demandas sobre la Ley de Dependencia, ya que el orden del día no abordaba ningún asunto relacionado con el Sistema de Dependencia. Sin embargo, Alonso afirmó que “la acreditación profesional y la evaluación de la Ley de Dependencia estaban en el orden del día que se presentó días antes a la Comisión Delegada del Consejo Territorial, pero esos mismos consejeros solicitaron que se retiraran  y ahora se quejan de su ausencia y lo critican.  Resulta desconcertante”.
 
Proceso de acreditación
En el pasado Consejo Territorial, celebrado en octubre de 2015, se creó un grupo de trabajo para abordar las cuestiones relacionadas con la acreditación profesional. Entonces se acordó que los requisitos relativos a las cualificaciones profesionales serían exigibles a 31 de diciembre de 2017 y, en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado antes de esa fecha.
 
“Los procesos de acreditación profesional están siendo muy dispares en las comunidades autónomas. El ritmo es tan distinto que algunas lo tienen prácticamente resuelto y han avanzado mucho, mientras que otras van más despacio”, explicó el ministro Alonso. Motivo por el que las comunidades que van más atrasadas han solicitado una acreditación nacional, “que vamos a convocar para facilitar el trabajo que les es propio a las comunidades autónomas. Pero el Ministerio de Empleo no puede hacer una acreditación nacional sin conocer los datos de cada región, datos que van a ser estudiados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)”, que, recientemente, ha recibido toda la información y en los próximos días va a proponer una acreditación nacional.
 
“En paralelo, todas las comunidades autónomas tienen que ir acreditando territorialmente, como ya han ido haciendo muchas de ellas. La convocatoria del SEPE pretende ayudar a las regiones que tienen más dificultades”, subrayó Alonso.
 
Evaluación de la Ley de Dependencia
También en el Consejo Territorial de octubre del pasado año se decidió crear un grupo de trabajo para evaluar la Ley de Dependencia y hacer un análisis en profundidad. “La evaluación es hasta diciembre de 2015, por tanto, el grupo tenía que haber arrancado en enero. El problema es que se pidió designación de directores generales, pero hubo disparidad de cargos de los responsables asignados. Por fin, ya tenemos los representantes de cada comunidad autónoma y se ha podido constituir el grupo, que tendrá su primera reunión el próximo 5 de mayo”, argumentó Alonso.
 
Este grupo tiene la misión de evaluar la Ley de Dependencia, con el fin de analizar su desarrollo e implantación diez años después. Por parte del Ministerio, Alonso apuntó que “han enviado una propuesta de evaluación para que la analicen y la estudien en la reunión”.
 
Pacto de Estado por la Dependencia
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez, reclamó la creación de un Pacto de Estado por la Dependencia, que garantice el mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema en España, incluida su financiación.
 
El ministro se mostró de acuerdo con la demanda de la consejera, “pero se tiene que basar en un análisis detallado, profesional y técnico”. Para ello, Alonso entiende que el grupo encargado de evaluar la Ley tiene que realizar un análisis exhaustivo sobre lo que han significado estos diez años: qué ha funcionado bien, cómo puede hacerse mejor y la financiación, que abarca la aportación del usuario, del Estado y de las comunidades autónomas. Sobre la financiación, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, criticó que el Gobierno central aporta “el 19 %, cuando debería ser el 50 %”.
 
A pesar de las restricciones económicas vividas, el ministro Alonso destacó “que hemos desplegado la Ley al 100 %”. Y añadió que “mientras arranca la legislatura vamos a seguir trabajando por avanzar lo máximo posible en materia de dependencia para que el Sistema sea mejor y todos lo consideremos como propio y no un elemento arrojadizo entre partidos políticos”.
 
Acuerdos dentro del orden del día
Los principales temas que se abordaron fueron el reparto del presupuesto para prestaciones sociales, las subvenciones con cargo al IRPF y la estrategia estatal del voluntariado. En primer lugar, Ministerio y comunidades autónomas acordaron el reparto de más de 75 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 destinan a prestaciones de servicios sociales.
 
Por otro lado, Alonso manifestó que este año el Gobierno destinará al Plan de Apoyo a la Familia y la Infancia 48 millones de euros. Este fondo, creado en 2014, es una de las medidas principales para la lucha contra la pobreza infantil y contra la desigualdad. Entonces se proveyó de 17 millones de euros, cuantía que ascendió a 32 millones de euros en 2015 y que sube este año en 16 millones más, “lo que supone un incremento del 50 %”, hasta los 48 millones de euros. Este crédito, al igual que el año pasado, no tiene compromiso de financiación ni por parte de las comunidades autónomas ni tampoco de los ayuntamientos.
 
Para el Plan de Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, también llamado Plan Concertado, se ha contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 una dotación de 27.413.730 euros, la misma cantidad que en 2015.
 
En este caso, y como en ejercicios anteriores, se mantendrá el compromiso de financiación por parte de las comunidades autónomas, que aportarán, al menos, la misma cantidad que el Ministerio. En relación a esto, serán las comunidades autónomas las que acordarán con las corporaciones locales de su territorio la gestión y aportación económica a los proyectos de los que sean responsables.
 
Respecto a las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF, este año se repartirán 235 millones de euros, unos 14 millones más que en 2015. De este incremento, 10 millones de euros obedecen al aumento de la recaudación, ya que cada vez son más los contribuyentes que marcan la casilla de actividades de interés social en su declaración de la renta. 
 
Los otros cuatro millones de aumento se deben a lo recaudado por el caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado. Este año, como novedad, las dos terceras partes de este importe se destinan a los programas sociales apoyados por el Estado a través de las subvenciones del IRPF.
 
Otro de los asuntos tratados ha sido el informe sobre los objetivos del Congreso Estatal de Voluntariado 2016, que tendrá lugar en Huesca (Aragón) del 24 al 26 de noviembre, bajo el lema “La magia del voluntariado”. En 2017, el Congreso lo organizará Andalucía.
 


Jueves, 21 de Abril 2016

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Tags : Dependencia

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