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Evaluación de la Ley y propuestas de mejora




Evaluación de la Ley y propuestas de mejora
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presidió en abril su primera reunión del Consejo Territorial de Dependencia, a la que asistieron los consejeros de servicios sociales de las comunidades autónomas. Tras el encuentro, Mato anunció que se ha alcanzado una propuesta inicial de Acuerdo por los Servicios Sociales y la Dependencia, uno de los pilares del futuro Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales. 
Asimismo, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron revisar y evaluar distintos aspectos de la Ley de Dependencia, con el fin de garantizar la prestación de unos servicios de calidad, en igualdad de condiciones en todas las comunidades autónomas, y la sostenibilidad financiera del Sistema de Dependencia. “El acuerdo permitirá que los servicios sociales y la dependencia se centren en la atención que precisan los ciudadanos”, aseguró Mato. A su juicio, es el momento de “recuperar los principios de la Ley”.
 
En cuanto a la evaluación de los cinco primeros años de aplicación de la Ley, Mato  insistió en que será determinante para modificar criterios necesarios para que sea sostenible. Según la ministra, los primeros datos obtenidos indican que las mejoras son necesarias porque: 
 
• La Ley se ha convertido en un laberinto normativo.
• Se ha abusado de la fórmula que la Ley contemplaba como excepcional (prestaciones para cuidadores familiares), en detrimento de los servicios profesionales. 
• La Ley no ha contribuido a generar empleo, pues el 63% de las altas en el Régimen General de la Seguridad Social, sector Servicios Sociales, corresponde a cuidadores familiares. “Sólo el año pasado, se perdieron 8.304 empleos en el sector”, afirmó Mato.
• No se garantiza la calidad de la atención, pues las prestaciones económicas no aseguran las condiciones más adecuadas a las necesidades de los dependientes, ni la formación básica de sus cuidadores.
• Se han construido 17 sistemas distintos de atención a la dependencia, con desigualdades en prestaciones, aportación del usuario y tramitación de solicitudes.
• “La Ley de Dependencia entró en vigor de una forma un tanto precipitada y existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y financiación y la realidad”, aseguró Mato. En 2007, se estimó que cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, la aportación del Estado supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros.
 
Como consecuencia, Mato aseguró que es necesario adecuar la normativa a la situación de dependencia y establecer criterios comunes, en aspectos como el baremo de valoración. También defendió la necesidad de aunar criterios para medir la capacidad económica de los usuarios, así como simplificar y unificar el procedimiento para el reconocimiento del derecho de las personas dependientes a la atención.
Asimismo, la ministra abogó por priorizar las prestaciones a través de la red pública de servicios sociales, “que es la manera de crear empleo”. Y, señaló que es necesario reforzar la relación entre el cuidador familiar y la Administración, con el fin de garantizar la calidad en la atención y la preparación de los cuidadores.
 
Para abordar estas y otras cuestiones, se constituyeron cuatro grupos de trabajo, integrados por las comunidades autónomas, que analizarán las siguientes materias: 
 
• Baremo de valoración de la dependencia.
• Calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a la situación de las personas dependientes.
• Procedimiento de tramitación para el acceso a las prestaciones.
• Aspectos económicos de la atención a la dependencia.
 
En abril, comunidades autónomas y Ministerio han expuesto las primeras propuestas y en mayo se presentarán las conclusiones, que el Consejo Territorial debatirá y aprobará en junio. De esta manera, se pretende acabar con los 17 sistemas diferentes existentes en la actualidad y construir uno solo “viable y sostenible en el tiempo”. 
 
Finalmente, la ministra calificó de “grandes avances” los acuerdos alcanzados en el Consejo Territorial. Mato expresó su intención de avanzar hacia unos servicios sociales que, “bajo los principios de igualdad y calidad en la atención, contribuyan a mejorar su eficiencia y su cohesión social en beneficio de los ciudadanos”. 
 
Tras el encuentro, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, destacó “la sensibilidad demostrada por Ana Mato en cada uno de los temas tratados” y se comprometió a trabajar y colaborar con las autoridades estatales en todos los ámbitos de carácter social, “haciendo especial hincapié en igualdad, dependencia, conciliación familiar e integración; temas importantes para los ciudadanos y a los que nos dedicaremos plenamente con esfuerzo, entrega y respeto institucional”.
 
La consejera de Familia y Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos, valoró el encuentro de manera positiva, “porque la aplicación de la Ley de Dependencia requiere la colaboración y coordinación entre Ministerio y comunidades autónomas. Desde hace tiempo venimos demandando que haya unos criterios comunes para que la aplicación de la norma sea común y sostenible en todo el territorio nacional”. Aunque Marcos está colaborando con todos los grupos de trabajo, su experiencia se centra fundamentalmente en los aspectos económicos: “Aportaremos nuestro conocimiento sobre el modelo eficiente de gestión que Castilla y Léon ha aplicado a los servicios sociales”.
 
En cuanto a la evaluación de la Ley y las posibles modificaciones, Marcos demandará “que se primen los servicios frente a las prestaciones económicas, tal y como estamos haciendo en Castilla y León. Los servicios profesionales son los que realmente generan empleo y garantizan la calidad de la atención, sobre todo a los grandes dependientes. De esta manera, será uno de los factores que garantice su sostenibilidad”.
 
Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, definió el primer Consejo Territorial como “una reunión de trabajo muy productiva, donde se expusieron claramente las distintas reformas que son necesarias y que, hasta el momento, han estado aparcadas. Además, se ha trasladado una idea de coordinación y cooperación de todas las comunidades autónomas con el Estado. Debemos trabajar de manera rápida y eficaz para que todas las medidas y las reformas que se lleven a cabo puedan estar preparadas para su entrada en vigor en enero de 2013”. Cabré participa en el grupo de trabajo que analiza la calidad y adecuación de la cartera de servicios y prestaciones a las personas dependientes, así como en el que aborda los aspectos económicos. 
 
En cuanto a las modificaciones que previsiblemente se introducirán en la Ley, el consejero valenciano también propone “primar los servicios frente a las prestaciones económicas. La figura del cuidador no profesional debe estar más regulada, es decir, debe reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos”. Además, Cabré propondrá que para atender a los grandes dependientes, “los cuidados sean exclusivamente profesionales, apostando una vez más por los servicios especializados”.
La consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, trasladó al Ministerio la nueva cartera de servicios de atención a la dependencia gallega “para que el Estado pueda tenerla en cuenta como punto de partida a la hora de diseñar una herramienta similar para toda España, dado que el Gobierno central ha manifestado su intención de implantar una cartera única para todo el territorio”. Esta herramienta, elaborada por el Gobierno gallego, además de definir y homogeneizar una cartera de servicios de atención a la dependencia, recoge la ampliación del modelo de atención en función del grado de dependencia.
La consejera gallega, al igual que sus homólogos, también valora la necesidad de que se prime la prestación de servicios sobre la económica, “obedeciendo así al espíritu de la Ley de Dependencia, que califica como excepcionales los cuidados en el entorno familiar. Esto permitirá, además de promover a unos servicios de más calidad, crear empleo”.
 
Asimismo, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones de Andalucía, Micaela Navarro, calificó de manera positiva la creación de los cuatro grupos de  trabajo en los que se incorporan todas las comunidades autónomas para evaluar el desarrollo de la Ley, “con el fin de ser más eficaces e intentar optimizar” el Sistema sin tener que “recortar o retroceder en los derechos ya reconocidos”. En cuanto a la revisión del catálogo de prestaciones para que se concedan menos ayudas en el entorno familiar, Navarro defendió la prestación de servicios para garantizar una mayor calidad en la atención y generar empleo, lo que haría que la Ley de Dependencia fuera viable.  
 


Martes, 8 de Mayo 2012

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