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Evolución de los servicios y prestaciones de atención a la dependencia




La Ley de Dependencia no ha respondido a las necesidades que demandaban las personas en situación de dependencia y sus familias, y tampoco ha cumplido con las expectativas de los operadores del sector sociosanitario. Mientras que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que la propia norma definía como excepcional, se convirtió en el recurso más solicitado y concedido, a los servicios profesionales les costaba despegar. Una preocupante tendencia que, tras la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, aprobada en julio de 2012, comenzó a corregirse. Sin embargo, casi diez años después de la entrada en vigor de lo que ha pasado a considerarse el cuarto pilar del Estado de bienestar, los cuidadores informales aún suponen el 36,12 % de los servicios y prestaciones. Aunque los servicios ascienden ya al 55,13 %, la atención residencial tan sólo alcanza el 14,87 %, la teleasistencia el 14,05 % y la ayuda a domicilio el 14,80 %. Por tanto, aún queda mucho trabajo por hacer para la profesionalización del sector de atención a la dependencia y para dotar al Sistema de los recursos necesarios.

os profesionales del sector sociosaniatario coinciden en señalar que las expectativas generadas con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia siguen sin verse cumplidas. “En ello ha influido, posiblemente, la situación económica por la que han atravesado (y siguen atravesando) las finanzas de las diferentes Administraciones Públicas, que no han podido atender las necesidades que implicaba el desarrollo de la Ley. En la práctica, esto se ha traducido en una paralización del crecimiento del sector profesional de atención a las personas dependientes, con las consecuencias que para el futuro va a suponer en términos de déficit de recursos”, señala el director de la Asesoría Jurídica de Ballesol, Mariano López de Ayala.

En la misma línea, el director general de Sanitas Residencial, Domènec Crosas, asegura que la mayoría generalizada de los profesionales del sector cree que la implantación de la Ley de Dependencia ha sido incompleta y diversa en las distintas comunidades autónomas e, incluso, “a lo largo del tiempo en una misma comunidad ha habido escenarios muy distintos”. Crosas es consciente también de que la crisis económica “atropelló la implementación de la Ley de Dependencia, que no se desarrollará por completo mientras no tenga el presupuesto necesario, tanto de la Administración General del Estado (AGE) como de las comunidades autónomas, que garantice el acceso a las ayudas a personas dependientes y que, además, sea sostenible en el tiempo”.

El problema de todo ello es que, en algunos casos, la Ley de Dependencia “no ha conseguido su función principal, que era facilitar recursos financieros a las familias para que las personas dependientes estuvieran bien atendidas, con un cuidado profesional. Y lo que es peor, en ocasiones, ha acabado siendo un subsidio directo a las familias sin ningún control”, continúa Crosas. Además, en su opinión tampoco ha impulsado, tanto como hubiera sido deseable, “la verdadera transformación del sector, por ejemplo, mediante procesos formales de acreditación”. 

Por Sonia García


Jueves, 11 de Febrero 2016

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