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FED mantiene que la colaboración público-privada es necesaria y conveniente en el desarrollo de la Ley de Dependencia




La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) mantiene que la colaboración público-privada es necesaria y conveniente en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Por ello, muestran su perplejidad ante declaraciones llevadas a cabo con cierta periodicidad por algunos dirigentes autonómicos en las que se afirma que los servicios sociales no deberían llevarse a cabo por empresarios, ya que estos obtienen un beneficio por su trabajo y actividad empresarial.
En esta ocasión ha sido el Gobierno vasco, a través de su Consejera de Empleo Beatriz Ortolazabal, quien ha firmado un proyecto de decreto que, según la patronal, “atenta directamente contra las residencias privadas y en último término contra la iniciativa privada que ha sido capaz de crear miles de empleos y plazas donde atender a personas en situación de dependencia”.

La FED considera difícil de comprender las razones que justifican esa afirmación. “Un empresario intenta por definición fabricar un producto u ofrecer un servicio de calidad ya que de lo contrario su producto o servicio no se utilizaría o tendría la vida muy limitada. Si ese servicio consiste en cuidar con calidad a personas en situación de dependencia, intentará hacerlo lo mejor posible. Empeño tan loable o más que cualquier otra actividad alternativa a la que pudiera dedicarse”, subrayan.

Desde la federación creen que lo importante es la calidad. Y, en este sentido, animan a cuestionarse “si hay alguna evidencia sobre si las residencias públicas o gestionadas por el tercer sector ofrecen mejor calidad que las de las empresas privadas”. Otra pregunta que conviene hacerse es si el precio que paga la administración a las empresas privadas es más caro que el que paga al tercer sector o es más caro que lo que le cuesta la plaza en las residencias públicas.

“La experiencia nos dice que el coste de una plaza en una residencia pública puede ser el triple de los que nos pagan a los empresarios. Y, por otra parte, no existe ninguna diferencia entre el precio que pagan al tercer sector con el que recibimos las empresas”, concretan.

Por último, afirman que hay más de 285.000 personas atendidas en centros privados, lo que ha supuesto una inversión de más de diecisiete mil millones de euros que caen sobre las espaldas de los empresarios. Sin ellos no podría haberse desarrollado nuestra Ley de la Dependencia, o al menos al ritmo que se ha hecho. Es más, “en España hay más de 200.000 personas en lista de espera (que deberán ser atendidas con los diferentes servicios del SAAD), lo que exige crear nuevas plazas residenciales para poder atenderlas. Se estima que una oferta razonable de camas se situaría en torno a las cuatrocientas cincuenta mil, por lo tanto hacen falta unas setenta mil nuevas plazas privadas, lo que supondría una inversión adicional de más de cuatro mil doscientos millones de euros. Ante esta situación, “los empresarios seguimos dispuestos a hacer esa inversión, si bien no podemos sostenerlas en el tiempo si la Administración no ofrece un precio plaza/día más ajustado a la calidad que se ofrece. Esa inversión, que estamos dispuestos a aportar los empresarios, justificaría más que sobradamente ese beneficio empresarial que se discute, ya que de lo contrario, ni habría inversión, ni el trabajo que día a día le dedica el empresario”, sostienen.

Además, explican que la colaboración público-privada, la gestión indirecta de servicios públicos ha funcionado bien en España. ¿Por qué ir contra ella? “En Europa la colaboración público-privada en el mundo de la salud, donde debemos incluir el desarrollo de la dependencia, funciona perfectamente creando sinergias y aumentando la calidad de los recursos. Porque de eso se trata: del cuidado y atención de nuestros mayores. Y en ellos debemos centrarnos procurando los medios necesarios para servir a ese objetivo de calidad y no a otros intereses”, aseguran.


Jueves, 23 de Enero 2020

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