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FED y Lares Cantabria aplauden la decisión de la Consejería de suspenderá temporalmente la norma de acreditación de atención a la dependencia




La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha acordado posponer la entrada en vigor de la nueva normativa de autorización y acreditación de centros de Servicios Sociales que entraba en vigor el próximo 2 de noviembre, con el objetivo de iniciar un proceso participativo y buscar una "solución de consenso" con las entidades del sector. Así lo comunicó la consejera Ana Belén Álvarez a los representantes de las empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia y la discapacidad. Según explicó Álvarez, la situación de conflicto planteada con la aprobación el pasado mes de mayo de la nueva normativa introduce "elementos de incertidumbre importantes" en el desarrollo del Sistema de Dependencia.
 
De ahí que la Consejería haya optado por abrir un proceso negociador y buscar una "solución de consenso" que permita conciliar el liderazgo de la Administración en la definición de las políticas públicas, la calidad de la atención a las personas en situación de dependencia y la estabilidad de las entidades prestadoras de servicios. La solución propuesta por el Ejecutivo regional pasa por posponer el calendario de aplicación de las normativas en cuestión hasta el 30 de junio de 2020 como plazo máximo, con la excepción del cumplimiento de las ratios de profesionales que la Administración ya está abonando.
 
El sector aplaude la decisión
FED Y Lares, organizaciones que representan cerca del 70 % del sector de atención a la dependencia a personas mayores y con discapacidad en Cantabria, se han mostrado conformes con la propuesta de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de suspender la normativa hasta que se encuentre un nuevo marco “en el que se pueda desarrollar la actividad de forma sensata y sostenible”.
 
En el transcurso de la reunión se ha hecho hincapié en la necesidad de aunar fuerzas para mantener y mejorar el Sistema de Dependencia en la región, lo cual el sector ha convenido añadiendo la importancia de trabajar a un ritmo que acorte los plazos para la toma de medidas que mejoren el desarrollo de la actividad.
 
Por otro lado, también se estima razonable desde las asociaciones que la Administración considere de interés general mantener el aumento de la ratio y los precios para, al menos, comenzar a abordar la mejora de la atención a las personas usuarias y disminuir la carga de trabajo del personal.
 
Asimismo, valoran de forma satisfactoria los términos en que se ha desarrollado la sesión y el planteamiento a corto plazo de la Consejería, que ha expuesto su voluntad de trabajar bajo los criterios de la lealtad y la transparencia, esforzándose todas las partes para hallar consensos y resultados beneficiosos para el sistema: personas usuarias, trabajadores y entidades.
 
Desde las asociaciones se entiende que la suspensión de la normativa es un paso adelante y esperan que sea el inicio de un camino hacia la estabilidad del sector, a través del desarrollo de una nueva norma fundamentada en criterios técnicos, que aporte seguridad jurídica, que garantice la sostenibilidad de la red de dependencia y que beneficie a la atención de las personas usuarias.
 
En la reunión, que se celebró en la sede del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), participaron, además de la consejera, el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora; representantes de la Plataforma para la Atención de la Dependencia (PAD), la Federación Lares, CERMI y la Fundación Obra San Martín.


Jueves, 24 de Octubre 2019

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