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Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas


A pesar de las propuestas lanzadas por distintas patronales, aún se carece de un modelo claro y unificado de gestión farmacéutica en el sector sociosanitario. Cada comunidad autónoma y, más concretamente, cada centro, sigue las pautas que le conviene, dentro de los márgenes que permite la ley. En este contexto, la implantación del copago de los medicamentos ha hecho saltar la alarma sobre la necesidad de centrar las directrices hacia un prototipo de servicio farmacéutico homogéneo y de calidad en las instituciones asistenciales. Tras cuatro meses de aplicación, las residencias echan en falta más y mejor información sobre el protocolo que deberían seguir para atender adecuadamente a sus usuarios. También se quejan del volumen de trabajo burocrático que conlleva y dudan sobre la fórmula adecuada que deberían adoptar para cobrar el coste de los medicamentos a los residentes.



Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas
Hasta ahora, la falta de una normativa nacional que regule la gestión farmacéutica en los centros sociosanitarios, ha sido la causa de que, en el territorio español, se distinguiesen tantos modelos de servicios de farmacia en los centros residenciales como comunidades autónomas existen. Con el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, se hace el intento de definir un prototipo que mejore la calidad y seguridad del servicio ofrecido por estas entidades y garantice la igualdad de trato en todo el territorio nacional, pero el sector asistencial aún está esperando a que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad lo desarrolle adecuadamente.
 
La normativa obliga a tener un servicio de farmacia hospitalaria propio a los centros de asistencia social que tengan cien camas o más, lo que podría implicar la obligación de contratar un farmacéutico que lo gestionara y pudiera comprar los medicamentos directamente a los laboratorios. No obstante, en el mismo apartado, establece que la consejería responsable podrá constituir acuerdos con hospitales, eximiendo a estos centros de la exigencia. Sin embargo, para ello, la residencia tendrá que disponer de un depósito de medicamentos que esté vinculado al servicio de farmacia hospitalaria del hospital de la red pública.
Por otra parte, el real decreto especifica que los centros sociosanitarios que no cuenten con un servicio de farmacia hospitalaria propio, ni estén obligados a tenerlo, deberán poseer un depósito supeditado a una oficina de farmacia.
 
Según explica el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría, “la reforma aún no se ha desarrollado porque el Colegio de Farmacéuticos estaba en total desacuerdo, ya que supone para ellos pérdidas importantes al permitirse comprar directamente a los laboratorios. Por otra parte, para nosotros tampoco resulta tentativo, pues supone un coste elevado, que, precisamente en estas circunstancias económicas, no nos podemos permitir”. 
 

Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas
Modelos vigentes
 
Hasta nueva orden, las comunidades autónomas siguen aplicando el método que consideran más apropiado. No obstante, existen dos patrones de gestión que se están imponiendo: 
 
• Compra a oficinas de farmacia. En este caso, el médico de la residencia prescribe (que no receta) el tratamiento pertinente para el paciente, se solicitan las recetas al médico del centro de salud y luego se compran los medicamentos en la farmacia y se guardan en el botiquín de la residencia, que es un espacio asignado donde un profesional de enfermería se encarga de mantener y preparar la medicación que repartirá a los usuarios. 
 
La adquisición en farmacias puede ser libre o por rotación. Es decir, la residencia puede tener un establecimiento de referencia donde comprar los medicamentos (libre) o ir encargándolos cada mes a distintas oficinas de farmacia que estén dispuestas a vender a residencias (rotación). Esto en cada comunidad se hace de una forma diferente. 
 
   Para los centros, las ventajas de este modelo están en “el ahorro de costes y en que el personal de la residencia, concretamente las enfermeras, se mantienen muy informadas del tratamiento y las necesidades del paciente”, asegura la directora de Organización del Grupo Casablanca, Isabel Fernández-Cid que añade que si la Administración considera imprescindible la figura del farmacéutico en la residencia “debería asumir esa labor, ya que los centros sociosaniarios ahorramos mucho dinero al sistema público con nuestros profesionales, por ejemplo, los médicos”. 
 
• Depósito de farmacia. En este caso, el centro cuenta con un depósito de medicamentos propio que está gestionado por un farmacéutico, empleado de una farmacia de oficina. 
 
Una ventaja de esta fórmula es que las residencias contarán con un experto en esa materia, que se encargará de la gestión y recepción de los pedidos, almacenamiento y conservación de las tratamientos, correcta selección de los medicamentos, seguimiento y puesta en marcha de sistemas adecuados de distribución y vigilancia de la efectividad y las posibles interrelaciones con otros fármacos o alimentos, etc. Esto posibilita a los médicos y otros profesionales como enfermeros y auxiliares centrarse en la correcta atención al residente, que es lo verdaderamente importante.
 
La mayoría de las comunidades está optado por modelos mixtos en los que se mezclan estos distintos tipos de gestión, en función de si la residencia es pública, privada o concertada  y el número de plazas.

 
Prototipo ideal
 
Tras un estudio de diferentes modelos de gestión  del suministro de medicamentos en los centros sociosanitarios, la FED comprobó que tener un servicio de farmacia propio en la residencia sociosanitaria, tal y como pretende implantar la nueva normativa, ofrece grandes ahorros. Actualmente, la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana, que ha desarrollado iniciativas en esta línea, estima un coste anual en farmacia por usuario en residencia sociosanitaria de 3.111,11 euros anuales, como consecuencia de comprar directamente a los laboratorios, lo que permite reducir los costes de adquisición de los productos a su PVL (precio de venta de laboratorio), ya que se prescinde en los envases de formato normal de los márgenes de distribuidores y oficinas de farmacia, al igual que con el formato de envase clínico . 
 
Sin embargo, hay que afrontar los costes que representan la provisión de la atención farmacéutica  en el servicio de farmacia que se estima en 48,42 euros mensuales por residente.
 
El coste final por mayor se sitúa en 2.448 euros anuales, lo que representa un 21,32% de ahorro sobre la situación en la que no hay servicio de farmacia propio. “El problema estriba en que no todas las residencias pueden asumir el coste de estos profesionales”, afirma  Alberto Echevarría. 
 
Por otra parte, una investigación realizada por la Fundación Edad&Vida también esboza cómo debería ser el modelo de atención farmacéutica más apropiado para las residencias. 
 
En este sentido, el presidente de la Comisión de Farmacia y Productos Farmacéuticos de la Fundación Edad&Vida, Eugeni Sedano, apunta ciertas líneas de mejora en los modelos actuales. 
 
• El médico debe poder recetar. Actualmente, los médicos de residencias pueden prescribir pero no recetar. La receta se reserva a los médicos de los centros de salud a los que está adscrito el mayor. Esto genera una disfunción, porque el médico que extiende la receta no es el que atiende al paciente.   
 
Para solventarlo, el médico del centro residencial deberá ser el responsable de la prescripción y disponer de talonario de recetas oficiales del Servicio Autonómico de Salud para la prescripción de medicamentos y productos sanitarios cubiertos por la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, es importante que los profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos) de estas residencias estén integrados en las comisiones sanitarias de la comunidad autónoma o del área de salud correspondiente, relacionadas con las políticas del medicamento.
 

Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas
 
• Libertad de elección de farmacia. Si la comunidad autónoma elige el régimen de suministro a través de oficina de farmacia para los centros residenciales, se debe garantizar la libertad de elección de esa oficina de farmacia dispensadora, como ocurre con los demás profesionales del centro, para que pueda acordar los servicios de atención farmacéutica que quiere que le preste el suministrador y favorecer de este modo una buena colaboración entre el sector público y privado.
  En las conclusiones del estudio de Fundación Edad&Vida, se estima que la rotación de oficinas de farmacia no garantiza una atención farmacéutica de continuidad, ya que esta significa una corresponsabilidad en la terapéutica del paciente difícil de llevar a cabo cambiando de profesional cada cierto tiempo. Por otra parte, defiende que la libertad de mercado y la competencia, hace que mejore la calidad de los servicios prestados.
 
• Implantación de un sistema personalizado de dispensación. En el caso de que el centro opte por tener su propio servicio de farmacia hospitalaria, el suministro de medicamentos deberá realizarse en sistemas individualizados por residente, ya sea dosis unitaria, bandeja semanal separada por tomas con medicamento identificado, u otros Sistemas Personalizados de Dosificación. Este servicio farmacéutico debería estar organizado de manera que la preparación de la medicación se realizara en el propio centro residencial o en el servicio farmacéutico del grupo. 
 
• Mecanismo de registro de los medicamentos que han sido administrados al mayor. Se recomienda registrar, documental o informáticamente, la administración de medicamentos y las incidencias ocurridas durante la misma. Resulta muy útil para evitar olvidos u errores en la medicación. 
 
• Formación continua para el personal auxiliar y de enfermería. Un 38% de los centros no dispone de un plan de formación continuada en medicamentos, productos sanitarios o dietéticos para el personal sanitario. Por eso, se recomienda a los centros que establezcan un plan de formación continuada en administración de medicamentos, nutrición enteral y utilización de productos sanitarios. Además, es interesante fomentar la participación de los profesionales sanitarios en estudios de investigación en farmacoterapia y productos sanitarios. 
 
Toda estas iniciativas pueden ayudar a mejorar la calidad de la gestión farmacéutica y, por supuesto, el bienestar de los mayores institucionalizados.
 

Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas
Nuevos horizontes
 
Este pasado mes de octubre, el profesor asociado de Farmacia Clínica en la Universitat de Barcelona y profesor del Máster de Economía de la Salud e investigador asociado del Centro de Investigación en Economía de la Salud de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lluis Segú, ha comenzado un nuevo proyecto: Diseño e implantación de un programa integral de mejora de la gestión de los medicamentos en una residencia asistida, que tiene como objetivo poder identificar la mejor forma de gestionar los medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales y elaborar un instrumento de análisis de la gestión de estos productos, que permita identificar, analizar y reconocer mejora.
 
El proyecto está compuesto por tres fases diferenciadas. La primera es poder construir un modelo teórico de mejores prácticas en la gestión de medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales, que integre los ámbitos de selección, financiación, compra, distribución y logística y utilización efectiva y segura. “Todos estos aspectos inciden en el objetivo final de la gestión de estos productos que no es otro que conseguir el mejor resultado posible (máxima efectividad y mínimo riesgo) a un coste sostenible para la institución y para el Sistema de Salud”, indica Segú.
 
La idea es aprovechar lo mejor de los modelos existentes en cada uno de los ámbitos implicados.
 
Para la implantación de este programa de mejora, lo primero es disponer del sistema de gestión y, por tanto, de la definición de las mejores prácticas en cada ámbito. Luego, ser capaces de identificar las líneas de mejora en los centros, y, finalmente, “es importante, por no decir imprescindible, la implicación y compromiso de la organización y de los profesionales”, concreta el director del proyecto. 
 
También, en algún caso, puede ser necesario tomar decisiones de inversión en tecnologías de la información.
 
Los principales inconvenientes para su implantación, según este experto, son los siguientes: 
 
- Los modelos de financiación actuales de los medicamentos y productos sanitarios en los centros residenciales, que dependen de las diferentes administraciones, que fragmentan en exceso la responsabilidad de la gestión y complican el proceso. 
- Los potenciales requerimientos de inversión en un momento de crisis económica y de restricción de recursos. Es necesario en este escenario evaluar adecuadamente las opciones y los beneficios derivados.
- La variabilidad existente entre los diferentes dispositivos sociales residenciales, fundamentalmente en tamaño, lo que complica en algunos ámbitos la aplicación de soluciones por falta de economías de escala. 
“La implantación de líneas de mejora debería poder hacerse en seis meses, aunque dependerá de las condiciones de cada centro y no necesariamente es el mismo para cada aspecto de la gestión”, manifiesta el profesor Segú. Asimismo, apostilla que hay algunos elementos, como la financiación, que no dependen directamente de los centros, sobre todo, cuando nos referimos al contexto de provisión pública.
Copago, un nuevo problema en la gestión 
 
Con la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad de las prestaciones, se ha puesto en marcha el copago farmacéutico en la mayor parte de las regiones españolas. De tal modo que, desde el pasado 1 de julio, los ciudadanos que adquieran medicamentos con receta tendrán que hacer una aportación económica extra.  
 
En el caso de los pensionistas, se ha estipulado que deben abonar el 10% del precio del medicamento (salvo que su renta anual sea superior a 100.000 euros, en cuyo caso pagará un 60%). En función de la renta, también se establece una cuantía máxima mensual por el paciente (límite máximo mensual):
- Renta inferior a 18.000 euros, límite máximo mensual de 8 euros.
- Renta mayor o igual a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros, el límite 18 euros. 
- Renta mayor o igual a 100.000 euros, límite 60 euros.
 
La normativa también establece que las cantidades satisfechas por encima del límite serán objeto de reintegro. Concretamente, se fijará un mecanismo para que cada dos o tres meses (un límite de seis), se haga el reembolso mediante transferencia a la cuenta corriente donde el jubilado cobra habitualmente su pensión. 
 
Esta nueva medida ya se preveía dentro del sector sociosanitario. Y, en general, se ha aceptado sin oposición, pero empresarios y patronales se quejan de la falta de información y medios para implantarla, ya que esta situación de desorganización está suponiendo una importante inversión en tiempo y esfuerzo de los profesionales de las residencias que tienen que adaptarse y ofrecer el mejor servicio a sus usuarios.
 
Asimismo, complica un poco más la gestión de los medicamentos y productos sanitarios en las residencias, ya que implica un nuevo proceso que tienen que incorporar. Isabel Fernández-Cid, del Grupo Casablanca, asegura que, sobre todo, genera más trabajo administrativo. Por ejemplo, “como aún no conocemos bien cuál va a ser la línea a seguir, estamos guardando todas las facturas de farmacia de los residentes por si las precisaran para justificar su aportación, de cara al reembolso”.  
 
Esta falta de protocolo, provoca que cada centro lo aplique como considere oportuno. Las tendencias adoptadas en una amplia mayoría de las residencias ­son las siguientes:
 
- Asumirlo y facturarlo como gasto suplido en la factura mensual del centro. El problema es que puede que las familias se nieguen a abonarlo. 
- Proponer a los familiares que sean ellos quienes los compren. Una desventaja es que cada usuario tiene sus propios medicamentos.
- Abrir una cuenta bancaria a nombre de los usuarios donde van cargando el copago.
Según el presidente de la FED, “debemos aclarar cuál es el método ideal, y que no choque con lo que las administraciones tienen pensado. Porque, a pesar de que no se nos dice cómo hacerlo, luego, si no les parece bien, lo rechazarán”.
 
En vista de los inconvenientes que acarrea la falta de un sistema farmacéutico eficaz y unificado en todo el territorio nacional, sería conveniente que los diferentes agentes implicados, tanto internos de los centros como externos (financiadores y dispensadores), acordaran un plan para acabar compartiendo objetivos y remando en la misma dirección. Solo de este modo es posible mejorar sustancialmente la gestión de estos productos y el copago ahora instaurado.
 

Gestión y copago farmacéutico: en busca de directrices efectivas y unificadas
 Documento de dispensación de la Comunidad de Madrid  

Con el objetivo de no tener que pagar por adelantado las recetas una vez que se ha llegado al límite máximo de aportación mensual por medicamentos, a partir del 1 de septiembre y hasta la implantación en las oficinas de farmacia de un procedimiento informatizado que de forma automática detecte que se ha alcanzado ese máximo, los pensionistas madrileños contarán con una cartulina de periodicidad trimestral donde el farmacéutico anotará las cantidades que va abonando en medicamentos o productos sanitarios con recetas. De este modo, cuando se haya llegado al límite, no tendrá que seguir realizando el pago de la aportación de sus medicamentos en la farmacia.
 
Podría ocurrir, en algún caso, que el mayor tenga que pagar algo más de su límite máximo, debido a que el precio de los medicamentos es un valor fijo y que en la farmacia no se puede fragmentar la facturación de los medicamentos y, por tanto, al calcular el porcentaje de aportación (10% o 60%) podría sobrepasar su límite máximo mensual. 
 
Para el reembolso de lo que pueda haber pagado por encima de su límite máximo mensual de aportación, está previsto que la Comunidad de Madrid dicte una norma para proceder al reintegro de esas cantidades, de acuerdo a lo establecido por el RDL 16/2012, de 20 de abril. En cualquier caso, es conveniente que guarde la documentación relacionada con la dispensación (el Documento de Dispensación, las copias de las recetas -la parte de la receta que no se queda en la farmacia y que indica “volante de instrucciones al paciente”- y los tickets de compra de las farmacias) para realizar las reclamaciones que, en su caso, estime oportunas.
 
La Administración recomienda conservar durante un año los Documentos de Dispensación utilizados para que puedan realizarse las comprobaciones que precise la inspección sanitaria.
 


Viernes, 2 de Noviembre 2012

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