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Gobierno y comunidades autónomas discrepan sobre las cifras vertidas en el informe de evaluación de la Ley de Dependencia


El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad presentó al Consejo de Ministros, el pasado 4 de noviembre, el esperado informe sobre la evaluación de los cuatro años de la Ley de Dependencia. Aunque el estudio desvela datos interesantes sobre inversión, impacto económico, creación de empleo, copago, experiencias europeas o valoración de las personas beneficiarias... lo que más ha trascendido ha sido el capítulo sobre financiación.



Gobierno y comunidades autónomas discrepan sobre las cifras vertidas en el informe de evaluación de la Ley de Dependencia
El informe muestra quién está soportando el coste de la Ley de Dependencia, pero no todas las comunidades autónomas están de acuerdo con las conclusiones obtenidas. Entre los argumentos que aducen destacan que el documento no ha sido consensuado ni aprobado en Consejo Territorial y que el propio Ministerio admite que parte del informe ha sido realizado basándose en estimaciones. A continuación, intentaremos dilucidar este difícil entramado de cifras e interpretaciones.

El estudio sobre el coste de la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad no siempre responde a datos económicos contrastados. De hecho, el informe dice textualmente: “Las limitaciones de la información proporcionada por las comunidades autónomas a través de los cuestionarios enviados han exigido el realizar un análisis basado, tanto en la información del gasto de la Administración General del Estado (AGE) como en la estimación del gasto de las comunidades autónomas a partir de fuentes secundarias que proporcionan información sobre promedio de prestaciones, precios de los servicios, prestaciones económicas, estimación del copago y del coste de gestión del sistema”.

En el proceso de evaluación, el Ministerio asegura haber consultado a 15 instituciones y organizaciones que participan de un modo u otro en el desarrollo de la Ley de Dependencia, tanto en el Comité Consultivo (sindicatos y organizaciones empresariales) y Consejos Estatales (personas con discapacidad, personas mayores, ONG de acción social), como organizaciones profesionales y una representación de proveedores de servicios mercantiles y de la economía social.

Sin embargo, la CEOE, miembro del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), si bien participó inicialmente en la evaluación del Sistema rellenando un cuestionario sobre la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia, “en la última fase de elaboración del informe esta participación no se produjo por decisión de la Administración.

Por lo tanto, aunque desde el Grupo de Trabajo de Asuntos Sociales hemos reclamado esta colaboración y nos hemos puesto a disposición del Ministerio, el resultado final del informe nos ha sido desconocido hasta el momento de su presentación”, aseguran desde la patronal.

Otra cuestión importante que debe tenerse en cuenta para entender los datos plasmados en la evaluación, es que el análisis del gasto y financiación se realiza desde una doble perspectiva:

• Financiación del gasto consolidado. Es decir, el presupuesto que los servicios sociales de las comunidades autónomas destinaban a la atención de las personas mayores o en situación de necesidad.

• Financiación del gasto nuevo, a partir de 2007, tras la implantación de la Ley de Dependencia.

El Ministerio considera que la existencia de un sistema de financiación específico para la implantación del SAAD se explica por la necesidad de costear los gastos nuevos generados a partir de su implantación, quedando fuera los consolidados, puesto que éstos ya cuentan con un sistema de financiación preexistente.

Pero, además, con el fin de analizar el cumplimiento de la Ley en cuanto a la colaboración paritaria entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado del gasto nuevo, se tiene en cuenta el gasto nuevo neto, es decir, el financiado por las Administraciones Públicas una vez detraído el copago de las personas usuarias. De esta manera, el informe se centra en 2009 y 2010, ya que se consideran los años de progresiva consolidación del Sistema.

En este sentido, la directora general del Imserso, Purificación Causapié, destaca que la Ley de Dependencia ha impulsado el crecimiento del gasto en atención a la dependencia que las comunidades autónomas y corporaciones locales ya venían destinando antes de su aprobación. Así, el gasto sobre el PIB entre 2003 y 2010 se dobla, al pasar del 0,32% al 0,64%. “La diferencia, 3.366 millones de euros, es el esfuerzo económico adicional que las Administraciones han realizado. De esta manera, en 2010 el gasto total en atención a la dependencia fue de 6.767 millones de euros e incluye las prestaciones de la Ley de Dependencia y las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, entre otras partidas”, explica Causapié.

A partir de un análisis comparativo de los datos publicados en el Observatorio de Personas Mayores sobre los Servicios Sociales publicado en 2006 y la información recogida en el Sistema para la Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), el Ministerio ha procedido a realizar un análisis socio demográfico. “Tras él, pudimos determinar el esfuerzo que cada comunidad autónoma ha realizado en cuanto a creación de nuevas prestaciones y financiación adicional, generada como consecuencia del desarrollo de la Ley de Dependencia. Así, se puede comprobar que las comunidades que más aportan al gasto nuevo son precisamente las que tienen una ratio más elevada de personas beneficiarias en relación a la población. Las regiones con menos dependientes atendidos son las que en cuatro años apenas han incrementado las plazas disponibles en servicios, produciéndose el crecimiento en prestaciones económicas. Este es el motivo por el que no se han producido in­crementos presupuestarios significativos en estas comunidades autónomas y su aportación al gasto nuevo es muy reducido, mientras que otras han hecho un sobreesfuerzo muy importante”, asegura la directora general del Imserso.
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Posicionamiento de las comunidades autónomas
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, asegura que los datos aportados por el Ministerio “demuestran la fuerte apuesta del Gobierno socialista en materia de dependencia desde su puesta en marcha en 2007”. Asimismo, destaca que, según el informe, Andalucía es una de las tres comunidades autónomas que ha invertido más dinero que el Estado en el desarrollo de la Ley. “La Junta tiene previsto aumentar en 2012 un 7,4% la inversión en dependencia, a la que destina actualmente una media de tres millones de euros al día. Así, Andalucía es la comunidad autónoma líder en la aplicación de la Ley y aglutina en torno al 30% de las valoraciones y personas beneficiarias de toda España”, afirma.

No obstante, Navarro defiende un modelo diferente de financiación. Para ello, la Junta trabaja en una proposición no de ley para que ésta se fije en función de la atención prestada. “Quienes mejor apliquen la Ley, deben recibir más recursos”, insiste. En dicha proposición, “se insta al Gobierno a impulsar la atención mediante servicios, frente a las prestaciones económicas, así como a garantizar que se financie en mayor medida a aquellas comunidades con un porcentaje superior de servicios prestados. También solicitamos que se vincule la financiación al servicio, frente al establecimiento de una cuantía fija por persona en situación de dependencia atendida”, puntualiza.

La consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud de Navarra, Elena Torres, también subraya que “estamos ofreciendo prestaciones relacionadas con la atención a la dependencia desde antes de que existiera la Ley. Las ayudas que concedemos superan los mínimos que marca la normativa”. En pleno debate sobre viabilidad y financiación, Torres afirma que en Navarra “vamos a seguir atendiendo a las personas con dependencia y a sus familias, porque es una prioridad y no se pueden dar pasos atrás en un avance social de esta magnitud. Estamos desarrollando la Ley conforme a lo previsto y las valoraciones se hacen en plazo”.

A pesar de ser la segunda comunidad autónoma mejor valorada en el informe, el consejero de Salud y Servicios Sociales de La Rioja, José Ignacio Nieto, explica que cuando aportaron los datos solicitados por el Ministerio, “solicitamos que no se pusiese como financiación de la dependencia el Plan E, porque entendíamos que era un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y, por ello, cada comunidad autónoma podía dedicarlo a lo que creyese más urgente. Sin embargo, ha sido incluido y, en ese aspecto, no estamos de acuerdo”. Además, Nieto considera que si el informe no ha pasado por el Consejo Territorial, “la validez de la evaluación de la Ley es meramente informativa. Un sistema como el de la dependencia, que tiene tanta repercusión sobre las personas, no puede ser manipulado de forma partidista”.
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En términos similares, se expresa la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos. Aunque no es una de las comunidades que peor valoración obtiene, asegura que hay aspectos con los no está “en absoluto” de acuerdo. “La Ley de Dependencia establecía que el Consejo Territorial debía realizar la evaluación y proponer las medidas correctoras. Las comunidades y el Gobierno ya estaban trabajando de forma conjunta en la búsqueda de un consenso, aunque fuera con un año de retraso. Pero sin avisar ni informar, el Ministerio ignoró todos los estudios realizados por expertos y entidades independientes y presentó por su cuenta la evaluación, rompiendo el principio de lealtad institucional”, explica Marcos.

En cuanto a los datos sobre financiación, Marcos insiste en que “es impresentable que se hayan realizado en base a estimaciones. Han medido el esfuerzo de las administraciones de una manera injusta y con la que, en ningún caso, podemos estar de acuerdo. Se inventan la diferencia entre el gasto nuevo y el anterior para justificar la falta de inversión estatal, cuando esta distinción no existe en la Ley. El Gobierno no puede computar sólo las prestaciones nuevas y olvidarse del conjunto del gasto, porque supone castigar a comunidades que, como Castilla y León, han hecho sus deberes, y beneficiar a aquellas que tenían poco desarrollado el sistema de servicios sociales antes de la aprobación de la Ley”.

Por otra parte, la consejera afirma que es “falso” que el Gobierno sea la administración que estaba haciendo el mayor esfuerzo para el desarrollo de la Ley de Dependencia. “Más aún cuando el Estado no financia realmente el 50% que le corresponde por Ley. Hablan de que toda la inversión del Gobierno es nueva; sin embargo, no dicen que han suprimido el Plan Gerontológico y el de Igualdad de Personas con Discapacidad, entre otros. El informe tampoco aborda los retornos de la Ley a las arcas públicas por Seguridad Social, prestaciones incompatibles e impuestos, que reinvierten en la Administración General del Estado y no en las comunidades”.

Pero lo más grave para la consejera de Castilla y León es que la evaluación “debería haber llevado aparejada la revisión del sistema de financiación de la Ley para garantizar su sostenibilidad. Un derecho como éste no debe depender de las disponibilidades presupuestarias de cada año. Además, el Gobierno no puede pagar lo mismo por cuidados en el entorno familiar, en un centro de día o una plaza residencial”. Por tanto, Marcos concluye que el sistema de financiación “es insostenible y perjudica a las comunidades que hacemos un esfuerzo para ofrecer servicios frente a las ayudas económicas”.
Gobierno y comunidades autónomas discrepan sobre las cifras vertidas en el informe de evaluación de la Ley de Dependencia

En cuanto a las comunidades que salen más perjudicadas en el informe, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda de Canarias, Inés Rojas, considera que el problema de la financiación de la Ley de Dependencia radica en que “esta norma estipula que el Estado debe colaborar con el 50 % del gasto, pero no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el número de personas dependientes atendidas. Esto hace que algunas comunidades, como la canaria, aporte más del 80% del coste real de los servicios y prestaciones”.

Como consecuencia, Rojas insiste en que “por un gran dependiente el Estado ingresa a la comunidad autónoma en concepto del nivel mínimo de protección 266,57 euros, cuando una plaza residencial cuesta alrededor de 2.500 euros. En 2011 (a fecha 1 de septiembre), el Estado aportó a las Islas Canariaspor los niveles mínimo y acordado unos 22 millones de euros, mientras que nosotros hemos contribuido con más de 97 millones de euros”.

Antes de la entrada en vigor de la Ley, la consejera subraya que “ya contábamos con una cartera de servicios muy superior a la contemplada en la Ley de Dependencia y con ratios de trabajadores también por encima de la normativa nacional. Así, Canarias venía atendiendo a más de 36.000 personas que, sin embargo, no están contempladas en las estadísticas del Sistema”.

Muy contundente se expresa también el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré: “El Ministerio contabiliza los datos sobre plazas y recursos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley. Después, resta esos datos a los dependientes que atiende actualmente la Comunidad Valenciana y realiza el cálculo del coste que supone para el Gobierno central esos nuevos dependientes incorporados al sistema, dando por hecho que el resto ya estaban siendo atendidos antes de la entrada en vigor de la norma. Por lo tanto, los datos ofrecidos en el informe son falsos y completamente erróneos”.

El consejero va más allá y afirma que el coste nuevo al que se refiere el Ministerio “supone un conjunto de costes adicionales que ya venía sufragando la Comunidad Valenciana, a través de su propio sistema de servicios sociales. Para conocer el coste nuevo real, primero hay que determinar el número de personas dependientes que ya estaban siendo atendidas antes de 2007, y que eran 11.395 personas mayores y con discapacidad, todas valoradas y reconocidas como dependientes graves y severos una vez que entró en vigor la Ley”.
Gobierno y comunidades autónomas discrepan sobre las cifras vertidas en el informe de evaluación de la Ley de Dependencia

Desde entonces, Cabré asegura que se han incorporado al sistema valenciano de dependencia 35.720 nuevos beneficiarios, “que suponen un coste de 313 millones de euros, de los que la Generalitat ha destinado este año 217,4 millones de euros y el Gobierno central 95,7 millones de euros; es decir, el Estado ha aportado el 30,86% y la Generalitat el 69,13%, cifra que dista mucho del 50% establecido”.

Por otro lado, Cabré recuerda que si se tiene en cuenta que la evaluación llega un año tarde y que, además, no ha pasado por el Consejo Territorial, “ésta no tiene ninguna validez”. Y apunta que el estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) La atención a la dependencia: aspectos económicos y sociales, “pone en duda la sostenibilidad del Sistema y asegura que las aportaciones del Gobierno central cubrieron sólo el 32% del gasto, incumpliendo así la fórmula de financiación compartida entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas”.

Por su parte, al consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, le gustaría saber “cuáles han sido los cálculos que ha realizado el Ministerio, ya que el Gobierno central está en deuda con los dependientes madrileños. Los datos oficiales nos sitúan a la cabeza del Sistema Nacional de Dependencia con 76.728 personas atendidas, el 83% de los beneficiarios con derecho a prestación, 12 puntos por encima de la media nacional. Por tanto, son dependientes que deben ser computados a efectos de la financiación que prevé la normativa. Sin embargo, la aportación de la Administración General del Estado en el último ejercicio apenas alcanzó el 24%.

Victoria considera que esta situación es provocada porque el sistema de financiación es insuficiente e inadecuado: “Las comunidades recibimos entre 60 y 264 euros por cada persona en situación de dependencia atendida, con independencia del tipo de prestación que le ofrecemos. En nuestro caso, hemos apostado por ofrecer servicios especializados”.

Por todo lo expuesto, el consejo asegura que, actualmente, y teniendo en cuenta las cantidades no ingresadas desde 2008, “el déficit de financiación de la Administración General del Estado con la Comunidad de Madrid ascendería a 600 millones de euros. Sólo este año, hasta la fecha, adeudaría 260 millones de euros”.

Por consiguiente, para la Comunidad de Madrid este informe de evaluación, además de llegar con un año de retraso, incumple uno de los puntos recogidos en la propia Ley: “Transcurridos los primeros tres años de aplicación progresiva de la Ley, el Consejo Territorial de Dependencia realizará una evaluación, proponiendo las modificaciones que estime procedentes. Es decir, han obviado el foro en el que tenemos voz todas las comunidades autónomas y agentes implicados. Por tanto, este documento adolece de la objetividad necesaria y no es más que una manipulación partidista de los datos que oculta el hecho real de que somos las comunidades autónomas las que estamos soportando el peso de la financiación”, asevera Victoria.

Finalmente, en la misma línea se expresa la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato: “Los datos aportados por el Ministerio sobre la Ley de Dependencia y el gasto de las comunidades autónomas son falsos, ya que se realizaron según estimaciones obviando el gasto real. La información procede de cuestionarios sin tener en cuenta la opinión de los principales agentes implicados en el desarrollo de la norma. Es decir, no se realizó en el seno del Consejo Territorial, el instrumento de cooperación para la articulación del sistema de dependencia. Por consiguiente, esta evaluación, que además se hizo con un año de retraso, es de dudosa calidad y demuestra el poco respeto institucional del Gobierno”.

En lo que respecta a su comunidad, Mato insiste en que Galicia está cumpliendo con la Ley de Dependencia y asegura que los datos económicos aportados por el Ministerio “no se sostienen. Desde la entrada en vigor de la Ley, las personas beneficiarias del sistema de servicios sociales han pasado a ser atendidas por el sistema de dependencia, junto con los nuevos solicitantes. De esta manera, la implantación de la Ley ha supuesto un enorme esfuerzo para las comunidades autónomas”.

Además, la consejera afirma que entre 2007 y 2011, el gasto realizado en dependencia en Galicia asciende a 1.249,53 millones de euros, aportando la Xunta el 70,89% y el Estado el 29,11%. “Por tanto, si la Ley de Dependencia establece que la financiación debe ser a partes iguales entre el Estado y la Xunta, el Estado le debe a todos los dependientes gallegos 261,04 millones de euros”, concluye Mato.


Jueves, 8 de Diciembre 2011

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