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Hacia la coordinación sociosanitaria


La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y los consejeros de Sanidad y de Política Social de las comunidades autónomas han participado en la primera Conferencia Interterritorial para establecer los canales de coordinación necesarios entre dos de los pilares del Estado de Bienestar: el sistema sanitario y el social.



Hacia la coordinación sociosanitaria
Trinidad Jiménez ha propuesto a los consejeros la elaboración de un Libro Blanco para la coordinación del sistema sanitario y el sistema de dependencia, que deberá estar finalizado en enero de 2011. Este documento, que será elaborado por una comisión institucional con representantes de todas las autonomías, recogerá las líneas estratégicas necesarias para establecer una coordinación eficaz, así como las buenas prácticas y las experiencias que se están desarrollando en las comunidades autónomas y que servirían como modelo para su generalización.

Asimismo, la ministra ha anunciado un acuerdo inminente con las comunidades para que todas dispongan de un documento idéntico para la valoración médica de la persona que solicita la valoración de dependencia. Este informe de salud facilitará una valoración más ajustada a las necesidades reales de los pacientes con el objetivo de prestar así una asistencia de calidad. En la actualidad, ese informe médico es obligatorio para determinar el grado de dependencia, pero en cada comunidad es distinto.

En la misma Conferencia Interterritorial, el Ministerio de Sanidad y Política Social ha decidido también proponer un nuevo fondo de 21 millones de euros para el desarrollo de diferentes iniciativas:

• Diez millones para programas de calidad en la atención a pacientes crónicos polimedicados que viven en residencias.

• Ocho millones para la atención de cuidados paliativos.

• Tres millones destinados a enfermedades raras, pacientes con ictus, salud mental y formación de pacientes y familiares.

La ministra ha matizado que "no son propuestas que impliquen más gastos o más prestaciones en la cartera de servicios, sino que requieren de un mayor esfuerzo de coordinación del que ya existe y, sobre todo, cohesión para todo el sistema nacional. El objetivo final es mejorar los servicios públicos en calidad y eficiencia".

Las experiencias sociosanitarias de la Consejería de Sanidad y Dependencia de Extremadura y de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha serán un referente para la elaboración de las líneas estratégicas del Libro Blanco de la coordinación sociosanitaria. Aunque la totalidad de los consejeros han coincidido en la importancia de esta reunión conjunta, algunos responsables autonómicos han señalado que hay temas, como la financiación de la dependencia, que deben tener mayor prioridad. Concretamente, la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Angélica Such, ha reiterado la necesidad de una suficiente y adecuada financiación del Gobierno central a las comunidades autónomas para que éstas puedan mejorar la asistencia a las personas que requieren una atención sociosanitaria integral.

A continuación, exponemos algunas reacciones:

• Andalucía. La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha resaltado que la colaboración entre su Consejería y la de Salud es una realidad: cuando una persona solicita la valoración de dependencia, puede autorizar que Igualdad pida a Salud su informe sanitario, lo que le evita tener que buscar y adjuntar él mismo esa documentación. Asimismo, ha recordado que en Andalucía todas las personas que solicitan una ayuda de la Ley de Dependencia disponen de un informe sanitario.

• Aragón. Las consejeras de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, y de Salud y Consumo, Luisa María Noeno, han coincidido al afirmar que no existe


No es lo mismo dependencia que discapacidad

• Dependencia significa que una persona necesita ayuda de otra para realizar las actividades básicas de la vida diaria (lavarse, comer, vestirse, etc.). Esta pérdida de autonomía se puede deber, por ejemplo, a una enfermedad o una discapacidad.

• Las personas con discapacidad tienen limitaciones para realizar determinadas actividades (por ejemplo, oír si tiene una discapacidad auditiva o andar si tiene una discapacidad física), pero no todas necesitan ayuda de otra persona para desenvolverse en su vida diaria.


Para una correcta aplicación de la Ley de Dependencia

• Las comunidades autónomas deben respetar el mandato legal de primar la provisión de servicios sobre las prestaciones económicas, que son subsidiarias y excepcionales.

• No vale que las plazas ya creadas computen como nuevas para dependientes. Ni convertir ayudas y prestaciones que se venían otorgando al nuevo marco establecido. Esto provoca que, en ocasiones, aparezcan dos listas de demanda con la consiguiente dificultad de unificarlas en una única. Lo correcto es crear nuevas plazas y conceder nuevas prestaciones.

• Además, es necesario conciliar los requisitos e intensidades de los servicios sociales preexistentes en las comunidades autónomas con los que establece el nuevo ordenamiento jurídico.


Miércoles, 17 de Marzo 2010

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