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Inclusión social: un tema pendiente


El porcentaje de personas con discapacidad reconocida respecto de la población total en España supera ligeramente el 6 %. El último número de Panorama Social, publicación editada por Funcas, analiza la discapacidad en España y la inclusión social de las personas afectadas, con especial atención a su integración en el mercado de trabajo. También apunta la distancia entre la legislación sobre esta materia y los objetivos alcanzados en diferentes ámbitos, advirtiendo además de la relativa escasez de datos estadísticos para dar cuenta de la situación en la que se encuentra este colectivo.



Por Esther Eugenio

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad forma parte de la propia condición humana, es decir, casi todas las personas (si no, todas) van a sufrir en algún momento de su vida algún tipo de discapacidad. Esta realidad innegable requiere de respuestas concretas, eficaces y enmarcadas en sistemas de bienestar que ofrezcan garantías suficientes. Al respecto, Sagrario Anaut Bravo y Javier Arza Porras, profesores del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra, analizan en el último número de Panorama Social, por un lado, los avances normativos que se han producido durante los últimos años en el ámbito de la discapacidad y, por otro, el estancamiento del espacio social de la exclusión que ocupan las personas con discapacidad en España. 
 

Los autores destacan el impulso que ha supuesto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas aprobada el 13 de diciembre de 2006. Un impulso, sostienen, que se ha dado en paralelo con dos procesos de largo recorrido e impacto mundial: el envejecimiento de las sociedades y la cronicidad de enfermedades asociadas a la discapacidad. España fue uno de los primeros países en ratificar la citada Convención (2008), al igual que a la hora de presentar su informe de cumplimiento de lo firmado (2011). Sin embargo, tal y como señalan los autores, la crisis económica y financiera de los últimos años ha ralentizado la aplicación de instrumentos que garantizaran el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
 

La importancia de la Convención radica en su apuesta por el reconocimiento del modelo social de la discapacidad, ya que supone un cambio de paradigma al entender la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. “No es suficiente reducir o amortiguar la exclusión (acciones asistenciales), hay que pensar que la inclusión plena es posible desde la garantía de los derechos de todas las personas sin distinción”, aseguran los autores. En suma, la Convención reconoce la necesidad de proporcionar a todas las personas con discapacidad la oportunidad de vivir del modo más autónomo posible, para lo cual se han de eliminar barreras que limiten su participación y el ejercicio de sus derechos.
 

Para los autores, algunas barreras que limitan la inclusión son: las insuficientes o inadecuadas políticas públicas y normativas, las actitudes sociales negativas, la escasa financiación que limita la oferta de servicios sociosanitarios, la inaccesibilidad a entornos físicos, a la información y a la participación, así como la falta de datos estadísticos desagregados, comparables y de series temporales.
 

Además de la citada Convención, los autores indican que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 de la Comisión Europea también introdujo avances, identificando ocho ámbitos prioritarios de actuación: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sanidad y acción exterior. La CE también ha incluido a las personas con discapacidad en el documento Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cuyos objetivos son: empleo, investigación e innovación, cambio climático y energía, educación y lucha contra la pobreza. Y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016), en su artículo 26, reconoce y respeta “el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional, y su participación en la vida de la comunidad”.
 

En España, para dar cumplimiento a la Convención, se aprobaron la Ley 26/2011 y el Real Decreto 1276/2011. La ley refuerza el diálogo civil, la no discriminación en el acceso a bienes y servicios públicos, la ampliación de la reserva de vacantes en la oferta de empleo público (7 %), la obligatoriedad de la aplicación de la accesibilidad universal para las nuevas infraestructuras promovidas por la Administración General del Estado, además de impulsar la aparición de nueva normativa y documentos de política social. Asimismo, con la aprobación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en noviembre de 2013, se regulariza, aclara y armoniza la legislación vigente en España, reconociendo que “las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos”.
 

 

El empleo como elemento integrador

A pesar de la implicación institucional y del reconocimiento explícito de la importancia de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, en España todavía se registran tasas de actividad y de empleo muy bajas en este colectivo. En 2016, la tasa de actividad de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se situaba en el 35,2% (frente al 75,4% en el conjunto de la población) y la tasa de empleo (el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas sobre el total de personas con discapacidad en ese rango de edad) en el 25,1% (frente al 60,5% en el conjunto de la población). La tasa de paro superaba en casi diez puntos a la de la población general (28,6% frente al 19,8%).
 

En el último número de Panorama Social, Vanesa Rodríguez, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo, identifica la inactividad, no el desempleo, como el gran problema que dificulta la relación con el mercado de trabajo de este colectivo. Por otra parte, una vez que las personas con discapacidad se incorporan al mercado de trabajo, su ocupación se concentra en trabajos a tiempo parcial y, en general, peor remunerados que los de las personas sin discapacidad. No obstante, Rodríguez señala como positivo la transformación del enfoque institucional hacia las personas con discapacidad: “Se ha pasado de un sistema más paternalista de transferencia de rentas, hacia otro que ve en el empleo una de las principales herramientas para lograr la plena integración”.


La autora también resalta que la participación laboral no es homogénea dentro del grupo de personas con discapacidad. Variables como el tipo de discapacidad, el género o la inversión en capital humano influyen en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo de forma negativa y positiva, respectivamente. Asimismo, se detecta la existencia de una brecha entre los niveles educativos de la población joven con discapacidad y la población joven en general.
 

Por otro lado, Rodríguez subraya que desde hace tiempo existe un debate social sobre el papel del empleo protegido (principalmente el desarrollado en los centros especiales de empleo) en la integración laboral de las personas con discapacidad. Entre las críticas, cabe señalar las que indican que este tipo de medidas conducen a la segregación de las personas con discapacidad, puesto que no consiguen integrarlas en el mercado de trabajo ordinario. Sin embargo, los centros especiales de empleo (regulados en la LGPD y en el Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre) no sólo contribuyen a aumentar las tasas de actividad de las personas con discapacidad y a facilitar el acceso a un empleo remunerado, sino que proporcionan experiencia, capacitación y destrezas en el ámbito laboral, todo lo cual puede favorecer la consecución de un empleo normalizado.
 

Por su parte, las medidas de fomento del empleo en empresas normalizadas consisten en el establecimiento de subvenciones y bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social. A tenor del artículo 40.2 de la LGPD, “los empresarios están obligados a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación”, si bien añade el inciso, “salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario”.
 

No obstante, de conformidad con el artículo 42.1 de la LGPD, “las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que, de entre ellos, el 2 % sean trabajadores con discapacidad”. Conviene asimismo señalar la existencia de una reserva en las ofertas de empleo público y en las plazas de promoción interna de la Administración General del Estado. El reglamento establece un no inferior al 5 % de las vacantes; las plazas reservadas pueden incluirse dentro de las convocatorias de ingreso ordinario o en un turno independiente.




Jueves, 3 de Mayo 2018

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