LARES elabora un mapa sobre la situación de las residencias del tercer sector

La Federación Lares y sus 17 asociaciones autonómicas, agrupa un total de 900 empresas que atienden a unos 70.000 mayores. Se trata de centros promovidos o gestionados por congregaciones religiosas, pertenecientes a fundaciones, Cáritas y otras ONG’s. Todas ellas con el denominador común de practicar una gestión solidaria para atender, hasta donde la viabilidad lo permite, a los mayores más necesitados y donde los beneficios empresariales se reinvierten en beneficio del usuario final.

De esta manera, Lares gestiona plazas de acceso libre y plazas concertadas con las Administraciones (a disposición de los servicios sociosanitarios autonómicos y de atención social de ayuntamientos). La situación de grave crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes que Lares ha tratado de plasmar en este documento en cada una de las comunidades autónomas.

Algunas de las claves que pueden ayudar a entender la situación por la que atraviesan los centros del tercer sector en España son los retrasos en el pago de las plazas y los servicios concertados por parte de las Administraciones Públicas, la bajada de los precios de los servicios concertados y los altos niveles de exigencia por parte de las Administraciones y que, tal y como afirma Lares, las residencias mercantiles reciben en ocasiones un precio/día más alto que las residencias del tercer sector.

Según la información facilitada por las Asociaciones Lares presentes en todas las comunidades autónomas, las regiones más afectadas por los impagos son Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y las islas. Por otra parte, las regiones que están pasándolo peor por la bajada de precios de concierto son Andalucía (donde se habla de hasta un 12% próximamente), Cantabria y Madrid (con un 5%). Todo ello, está haciendo que las residencias tengan que recurrir a productos financieros para poder sobrevivir, teniendo que hacer frente a un coste adicional.

Asimismo, Lares asegura que la evaluación a la baja de los niveles de dependencia de los usuarios, hace que la Administración pague menos pero, como contrapartida, el dependiente no recibe la prestación que le corresponde por su grado de dependencia real. Además, la cuota de reserva que, en algunas comunidades llega hasta los dos meses y que puede alcanzar el 30% del precio de la plaza, supone un gasto para la Administración y mantiene paralizadas plazas que podrían ocuparse por el cliente privado, aunque en los tiempos actuales cada vez resulta más complicado.