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La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales observa un empeoramiento de la Ley de Dependencia


Según el IX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se ha registrado un empeoramiento de la Ley de Dependencia, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012) en las distintas comunidades autónomas.



Se observa un empeoramiento de la Ley de Dependencia
Se observa un empeoramiento de la Ley de Dependencia
Castilla y León, País Vasco y Andalucía son las comunidades que destacan de manera notable o sobresaliente en el desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia, mientras que la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares obtienen la calificación de muy deficiente en la Aplicación de la Escala.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores, de manera significativa rebajan nota Aragón, Cantabria y Castilla La Mancha. Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden y continúan privando a sus ciudadanos de los derechos de esta Ley.

En conclusión sobre los resultados:
- El SAAD está paralizado desde hace más de un año.
- Se mantiene la inequidad entre territorios autonómicos. Existe una insoportable disparidad de esfuerzos y de ejercicio efectivo de derechos en función de la Comunidad Autónoma en la que se resida.
- Es muy significativa la disminución de personas atendidas en algunas CC.AA., pero también es cierto que hay otros territorios en los que, independientemente de la puntuación que obtengan en el dictamen, se aprecian esfuerzos notables en un momento de especialísima dificultad.

La financiación del SAAD
El sistema ha frenado el gasto, lo que equivale a decir que ha frenado el ejercicio de derechos de la ciudadanía, explican desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El proyecto de PGE de 2012, en el que se elimina el Nivel Convenido de financiación a las comunidades autónomas (283 millones de euros), supone un recorte salvaje que impide que las éstas puedan cumplir las obligaciones contraídas con las personas dependientes y con sus familias.

Esto sucede en un contexto de financiación injusta, en el que la aportación estatal ya se reduce prácticamente al 25% de los costes netos de atención. Es evidente que aquellas regiones que hicieron los deberes son las más castigadas por esta política demoledora porque se les resta financiación sin restarles obligaciones.

En opinión de esta asociación, “una vez dinamitado el sistema por la vía de la financiación, se pretenderá atacar la atención a la dependencia, acusándola de ser una política “por encima de nuestras posibilidades” o “insostenible”. No nos enfrentamos solamente a una situación de pasar de “derecho subjetivo” a una nueva categoría, el “derecho efímero” (en definitiva la beneficencia), sino que el ataque al sistema supone la destrucción de un tejido empresarial importantísimo en un momento en que debería ser un sector mimado por lo que reporta de beneficios en términos de retorno económico y de creación de empleo”.

Estamos en un momento crucial en el que los derechos de autonomía personal y de atención a la dependencia ejercidos ya por más de 700.000 personas están en situación crítica. A ello se añade que las 270.000 personas a la espera de atenciones permanecerán así, en espera.


Lunes, 18 de Junio 2012

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