Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




La Ley de Dependencia en Cataluña: presente y futuro


Fundación Edad&Vida, La Unió y Acra intercambian inquietudes y experiencias, mientras que el ICASS comparte con el sector privado el trabajo que está realizando para aplicar el Sistema de Atención a la Dependencia



La Ley de Dependencia en Cataluña: presente y futuro
Según datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 1 de julio, 210.742 personas han presentado su solicitud de valoración de dependencia en Cataluña. De éstas, un total de 106.611 son beneficiarias y están recibiendo alguna de las 126.979 prestaciones, en su mayoría económicas al cuidador familiar. Por otra parte, de las 146.453 personas beneficiarias con derecho a prestación, casi 40.000 (un 27,2%) todavía están pendientes de recibirla. Con estos datos en la mano, la Fundación Edad&Vida, La Unió y Acra intercambian en este completo reportaje sus inquietudes sobre la situación actual de la Ley de Dependencia en Cataluña como, por ejemplo, la excepcionalidad del cuidador informal, la sostenibilidad del Sistema o la creación de empleo. Además, cada asociación aporta, desde su experiencia, diferentes y enriquecedoras propuestas para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia. Por su parte, la directora del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Carolina Homar, expone, entre otras cuestiones, la importancia de la colaboración público-privada. 

La Ley de Dependencia se ha desarrollado en Cataluña al mismo que tiempo que se aprobaba y desplegaba la Ley de Servicios Sociales. De hecho, su implementación se ha realizado dentro del marco de la ley catalana. Para las Administraciones Públicas involucradas, el despliegue ha sido complejo ya que a las diferentes normativas e interlocutores se ha sumado la necesidad de comprometer recursos, tanto de Cataluña como del Estado, y coordinarlos a través del programa interdepartamental ProdeP.

El vocal presidente del Consejo de Atención a la Dependencia de La Unió, Asociación de ́Entidades Sanitarias y Sociales, Pedro Cano, reconoce que "hemos vivido la definición de un Sistema de Servicios Sociales de Cataluña, que incluía la atención a la dependencia, al mismo tiempo que se estaba construyendo. Esto ha acarreado numerosas contradicciones. Además, en Cataluña se da la paradoja de que, habiendo sido pionera en la creación del programa sociosanitario Vida als anys, ahora necesita una revisión. Por ello, es necesario una mayor coordinación de este programa con la implantación de la cartera de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia".

Las tres asociaciones coinciden en señalar que el sector de atención a la dependencia corre un riesgo real de supervivencia. Para el presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, la situación de la iniciativa privada es crítica debido, en gran parte, a las expectativas no cumplidas que ha generado la Ley de Dependencia. Igualmente, medidas como la subida del IVA para los servicios de atención a la dependencia contratados privadamente y el agravio comparativo de no aplicar el IVA superreducido a todos estos servicios pueden empeorar aún más la situación. "Las empresas prestadoras de servicios podrían optar por paralizar e incluso retirar sus inversiones, con el consiguiente problema para el desarrollo de la red de servicios de utilización pública que prevé la Ley de Dependencia", asegura Raventós.

El presidente de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Vicenç Vicente, va más allá y recuerda que la desocupación en los centros catalanes roza el 10%. "Es un dato alarmante si tenemos en cuenta que para que los servicios de atención a la dependencia sean viables, necesitan una ocupación mínima del 98%. En este sentido, hemos iniciado la elaboración de un estudio de viabilidad que cuenta con el apoyo del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat. Este informe es una de las acciones previstas en el plan estratégico de ACRA para el período 2009-2012, que pretende impulsar el proceso de reconversión del sector mediante la adaptación o el rediseño de la actividad de las organizaciones y los segmentos afectados".

Por su parte, La Unió considera que si no se establece con rapidez el marco de acreditación que permita la reconversión del sector y si no se mejoran las condiciones para adecuar las tarifas a los costes del servicio, los proyectos profesionales y con ambición empresarial pueden no acabar de despegar e, incluso, fracasar. Concretamente, la Administración catalana se había comprometido a que el Decreto de Acreditación estuviese en vigor en enero de 2010, pero parece ser que su aprobación se producirá a finales de año, entrando en vigor en enero de 2011. Pedro Cano señalaa, además, "que nuestros profesionales deben acreditar su cualificación profesional. Entre todos los agentes implicados tenemos que ser capaces de desbloquear ambas cuestiones".

Según datos de la Consejería, durante los últimos cuatro años más de 23.000 personas se han incorporado al mercado de trabajo, en puestos directos e indirectos, gracias al Sistema de Servicios Sociales catalán. Ahora bien, el vocal de La Unió reconoce que podrían ser muchos más "si se potenciaran los servicios profesionales". En la misma línea, Higinio Raventós asegura que al ser la prestación económica al cuidador familiar la más concedida en Cataluña, la creación de empleo no se ha visto decididamente impulsada por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. "Estamos perdiendo la oportunidad de obtener importantes retornos económicos y sociales derivados de la creación de empleo a través de la prestación de servicios profesionales, explica el presidente de Edad&Vida. Por su parte, Vicenç Vicente añade que "cuando casi medio millón de personas se encuentran en paro en Cataluña, nuestro sector sigue creando empleo. Con todo, estamos a años luz de las expectativas de generación de ocupación que motivó la aprobación de la Ley".

La Ley de Dependencia en Cataluña: presente y futuro
¿Es sostenible la Ley de Dependencia?
Para el presidente de la Fundación Edad&Vida, la sostenibilidad del SAAD pasa por la participación de los beneficiarios en la financiación de los servicios, es decir, el copago. El problema es que al haber un grado de indefinición importante en el acuerdo de copago, afirma Higinio Raventós, "los ciudadanos no pueden planificar sus necesidades futuras en materia de financiación de la dependencia e impide a las entidades financieras y aseguradoras desarrollar productos que lo cubran". La sostenibilidad del Sistema es, por tanto, un problema de falta de recursos económicos, "pero también existe una escasa coordinación sociosanitaria que permita optimizarlos. La atención a la dependencia tiene un importantísimo componente sanitario que no debe obviarse", concluye.
Sin embargo, Vicenç Vicente no duda en afirmar que, con las actuales previsiones económicas, la Ley no es sostenible. "Si, además, añadimos la crisis económica a escala mundial, tenemos que replantear la Ley en lo que se refiere, tanto a sus prestaciones como a los plazos de implantación establecidos", asegura el presidente de ACRA. En la misma línea, Pedro Cano incide en que "si no se pueden aportar los recursos previstos por la Ley, debería realizarse un ejercicio de responsabilidad y que el sistema público se concentre en los casos de más gravedad de dependencia o con mayor vulnerabilidad". Por tanto, continúa el vocal de La Unió, "la sostenibilidad del modelo se debería basar en la definición de una cartera de servicios realista, donde la Administración gestione la financiación pública, planifique, acredite, contrate y evalúe las entidades y servicios".

La excepcionalidad del cuidador informal
Los datos oficiales del SAAD muestran cómo un tipo de prestación que está definida como excepcional por la propia Ley, se ha convertido en el tipo de prestación más concedida en el conjunto del Estado, alcanzando en Cataluña el 57,7% del total de prestaciones. Mientras, las vinculadas a residencias o centros de día suponen el 13%.

Como consecuencia, la Fundación Edad&Vida asegura que el sector se resiente. "Las previsiones de incremento de la demanda de servicios, ante las expectativas generadas con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, no se han visto cumplidas y muchas de las inversiones realizadas no tienen el retorno esperado", expone Raventós. Por ello, asegura que la Ley de Dependencia no debe convertirse en una Ley de Subsidios: "Debe ser una Ley de Servicios, generadora de empleo, que permita desarrollar un nuevo sector de actividad económica que ofrezca servicios profesionales y de calidad. Por tanto, deberían concederse más prestaciones para servicios".

Por su parte, el vocal de La Unió, Pedro Cano, insiste en que concediendo prestaciones económicas sin vinculación a servicios profesionales "sólo se solucionan problemas personales y familiares a corto plazo. Además, se está dificultando que se desarrollen los operadores profesionales que, precisamente, es lo que crea un sector empresarial generador de valor y bienestar".
Más esperanzador se muestra Vicenç Vicente: "Aunque queda mucho por hacer, los datos oficiales confirman la tendencia de aumento de la petición de servicios. Actualmente, casi la mitad de las prestaciones concedidas son en servicios y la otra mitad económicas". El presidente de ACRA concluye explicando que el sector "respeta el deseo de las personas de mantenerse el máximo tiempo posible en su domicilio, pero consideramos que la atención que requiere un dependiente exige profesionalidad, conocimientos, tiempo de dedicación y control".

Colaboración con la Administración
La voluntad de La Unió es trabajar de la forma más coordinada y cercana posible con el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, el ICASS y el ProdeP. "Creemos que no tenemos que dejar pasar la oportunidad de fomentar un marco claro de colaboración entre los sectores público y privado en la provisión de servicios de atención a la dependencia. Este marco debería tener un planteamiento a medio y largo plazo", asegura Pedro Cano.

El presidente de Acra, Vicenç Vicente, reconoce también que la asociación disfruta de una relación fluida: "La Administración nos tiene en cuenta para crear una hoja de ruta que permita flexibilidad en el modelo y una mejor gestión. Necesitamos trabajar codo con codo para dar a conocer un sector vital para la sociedad, estratégico y generador de empleo".

Por su parte, la Fundación Edad&Vida considera que al no existir un marco claro y estable de actuación, la colaboración entre los sectores público y privado en la aplicación de la Ley de Dependencia no está funcionando todo lo bien que debiera. "Los proveedores de servicios operan en un escenario lleno de incertidumbres, con acuerdos de colaboración a corto plazo, que no aportan seguridad y confianza para poder realizar las inversiones necesarias y desarrollar una oferta de servicios de atención a la dependencia de acuerdo a las necesidades de la población y a los recursos existentes. La necesaria colaboración, en lo que a prestación de servicios se refiere, se ve, además, dificultada por las tarifas de concertación actuales, que no responden al coste real de los servicios".


Martes, 24 de Agosto 2010

Nota



Nuevo comentario:
Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.