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“La atención a la dependencia es un derecho que debe estar asegurado por los poderes públicos”


Extremadura es la segunda región donde menos invierte el Estado en dependencia, a pesar de tener el mayor número de solicitudes por habitante. Pese a ello, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, asegura que son la quinta comunidad con mayor número de personas atendidas. No obstante, reconoce que, aunque el 88 % de las solicitudes presentadas están valoradas, no se resuelven con la necesaria prontitud. Para agilizar esta circunstancia, “hemos establecido una puerta única de entrada a los servicios sociales donde hemos incluido las solicitudes de dependencia que, hasta ahora, llevaban un doble itinerario”, indica Vergeles. La Junta también está trabajando en una ley de conciertos sociales y en la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad, que son algunas de las cuestiones por resolver, además de la financiación de la dependencia. Por otra parte, el consejero señala los servicios de proximidad y la teleasistencia avanzada como las soluciones para dar una mejor atención a una población envejecida y dispersa geográficamente, como es Extremadura.



Por Carmen Moreno

José María Vergeles
Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura


¿Cómo valora la situación de la dependencia en su comunidad autónoma?
Nuestra comunidad está haciendo un gran esfuerzo por cumplir con la Ley de Dependencia. Extremadura es la comunidad con mayor número de solicitudes por habitante, cinco por cada 100 habitantes, y, sin embargo, es la segunda región que menos dinero recibe del Estado, solamente un 12 %, frente al 88 % que invierte nuestra comunidad autónoma. Se incumple así la ley, que dice que la financiación debe ser al 50 %.    

¿Cuáles han sido los principales logros en estos últimos años?
El Gobierno de España aplazó la incorporación de los dependientes de Grado I a julio de 2015, que es cuando asumimos el gobierno de la Junta de Extremadura. Eso supuso una dificultad añadida a la ya pérdida en el reconocimiento del derecho entre 2011 y 2015. Del total de personas con Grado I, el 79,4 % ya tiene resuelto su expediente. Por tanto, desde mayo de 2015 hasta diciembre de 2017, el número de personas con dependencia reconocida ha aumentado en 10.937 personas. A fecha de diciembre de 2017, 25.582 personas reciben atención a través de las prestaciones del sistema, de manera que somos la quinta comunidad con mayor número de personas atendidas.

¿Y sus cuentas pendientes?
Estamos trabajando en una ley de conciertos sociales y en la reforma del Marco de Atención a la Discapacidad. La ley de conciertos sociales nos va a permitir que las entidades no estén sujetas a la ley del mercado porque prestan servicios de interés general. Se trata de defender lo público, porque son las asociaciones de personas con discapacidad las que mejor pueden prestar esa atención. Pero hay una cuenta pendiente, muy importante para la sostenibilidad de la dependencia, que corresponde al Gobierno de España y a las negociaciones de la nueva financiación autonómica. Se trata del valiente y serio informe de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, encargado por la Conferencia de Presidentes y que, entre sus conclusiones, defiende que la financiación a la dependencia sea de carácter finalista para llegar a una financiación Estado-comunidades autónomas del 50 % cada parte, como establece la ley.

A pesar de que en estos años de legislatura ha aumentado el número de personas atendidas, aún quedan personas dependientes a la espera de esta atención. ¿Cuáles son los principales inconvenientes?
Es cierto, aunque el 88 % de las solicitudes presentadas están valoradas, no se resuelve con la necesaria prontitud. Hemos establecido una puerta única de entrada a los servicios sociales donde hemos incluido las solicitudes de dependencia que, hasta ahora, llevaban un doble itinerario.
 
“Somos la quinta comunidad autónoma con mayor número de personas dependientes atendidas” 

¿Considera que el sistema de reparto está obsoleto? ¿Cómo se puede mejorar esta situación?
Lo que debe de hacer el Gobierno de España, tal como le indica el informe de la Comisión, es cumplir con la ley y llegar a una financiación del 50 %. En definitiva, restaurar al completo la Ley de Dependencia, recortada y paralizada por dos reales decretos-ley, de 2011 y 2012, que provocaron el retraso en la incorporación de las personas con Grado I, la ampliación del plazo de tramitación de seis a 24 meses, el aumento del copago de los servicios, la disminución de la intensidad en las horas de ayuda a domicilio, la rebaja de las cuantías económicas o la eliminación de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales.

Según ha referido en distintas ocasiones, su comunidad autónoma cuenta con una población envejecida. En este sentido, ¿cómo está actuando su Gobierno para hacer frente a este cambio demográfico?
En Extremadura, hay una estrategia frente al desafío demográfico. Es una estrategia multisectorial, donde está esta Consejería, pero que lideran desde la Presidencia de la Junta, y está relacionada con el encargo que recibimos de la Conferencia de Presidentes. Ahora, le digo que no hay ninguna solución mágica. Todo pasa por hacernos una comunidad autónoma donde se pueda frenar el desafío demográfico.

Otro rasgo que caracteriza a Extremadura es la dispersión geográfica. ¿Cómo influye esto a la hora de la atención social a la población? ¿Y cómo trabajan para hacer frente a esta situación?
Hay que abordar un nuevo sistema de financiación en España que tenga en cuenta estas variables. El coste de los servicios públicos en Extremadura, debido, entre otras cosas, a esa dispersión geográfica y la baja densidad, es mayor que en otras comunidades de menor tamaño y con más población. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta en la negociación de la financiación, porque nos jugamos la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Dependencia.

¿Considera que la apuesta por los servicios de proximidad puede ser una solución para una mejor atención?
Es una de las soluciones, pero también las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como la teleasistencia avanzada.

Es una realidad que las personas mayores prefieren ser atendidas en su casa, y los modelos de atención cada vez están más enfocados a satisfacer esta preferencia. ¿Extremadura está siguiendo esta estela?
Sí, de hecho una parte importante de los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia está centrada en esos servicios. Pero hay que desarrollar fórmulas nuevas para las personas mayores que no tienen una situación de dependencia importante, pero sí necesitan de unos servicios comunes que den respuesta a las actividades instrumentales de la vida diaria. Los modelos de casas compartidas, como hay en otros países de nuestro entorno, pueden ser una opción.

La colaboración público-privada también es clave para conseguir una mejor atención a los ciudadanos. ¿Cómo es su relación con el sector privado de la dependencia? ¿Tienen proyectos en común?
La colaboración público-privada en el ámbito de la dependencia es una realidad. Sin embargo, desde nuestra ideología quiero dejar claro que los derechos, y para nosotros la atención a las personas en situación de dependencia es un derecho, deben estar asegurados por los poderes públicos, y si tienen que tener relación con la privada debe ser en el entorno de los conciertos con cláusulas sociales muy claras.

¿Cuáles son los retos de su Consejería para 2018?
2018 debe ser el año donde el modelo de financiación de la dependencia que encargó la Conferencia de Presidentes debe resolver muchos problemas que ahora tenemos en las comunidades autónomas; debe ser el año de la discapacidad y de la apuesta por la promoción de la autonomía personal desde todas las políticas, y en eso nos centraremos.



Lunes, 26 de Marzo 2018

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