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La dependencia: una ley con muy mala suerte

Académico de Gerontología y Geriatría de la Real Academia Nacional de Medicina (RANM)


José Manuel Ribera Casado



La dependencia: una ley con muy mala suerte
Cuando uno lee en el titular de un periódico cualquier cuestión relacionada con la aplicación de la llamada Ley de Dependencia, nunca sabe lo que se va a encontrar, aunque siempre quepa suponer, vista la experiencia acumulada, que se va a tratar de alguna noticia negativa. 
 
Normalmente, son quejas relacionadas con su (mala) aplicación cuando quien firma es un afectado. Rara es la sección de cartas al director de cualquier periódico que no recoja algún testimonio en este sentido cada pocos días o semanas. Quejas también de índole económica y reproches contra la Administración central si el origen de la noticia procede de alguna Administración autonómica o de alguna de las instituciones (grupos empresariales residenciales e instituciones varias) con intereses directos en el campo en forma de convenios en vigor o con aspiraciones de llegar a ellos. 
En este último caso, las quejas y los reproches pueden distribuirse entre aquellos dirigidos contra los organismos centrales del Estado y los que apuntan a los responsables de la comunidad de turno. Con frecuencia a ambos. También encontramos justificaciones, cuando no autobombo directo y sin reservas, si la información o el comentario procede de la propia Administración. Ocasionalmente, este autobombo se acompaña de algún tipo de brindis al sol de cara al futuro totalmente gratuito y falto de una justificación razonada. 
 
En estos días he podido leer que “el sistema de ayuda a la dependencia es sostenible y ejecutable gracias a las reformas emprendidas por el Ejecutivo”. Vaya por Dios. Claro, quien habla es el Ministerio del ramo que, por otra parte, unas líneas más adelante nos recuerda que “hay que repensar el modelo de financiación”, sin avanzar en qué consiste eso. Es un buen ejemplo de autopropaganda gratuita, muy alejada de la realidad que viven los protagonistas directos.
Pocos días antes de esta “noticia”, las organizaciones firmantes del llamado “VI Convenio de la Dependencia”, sindicatos y empresarios mayoritariamente, presentaban un documento de 130 páginas muy crítico en relación con el tema. Se recogían datos que indicaban “importantes retrasos en la valoración y concesión de las prestaciones”, también que “algunas comunidades autónomas no efectúan el reconocimiento de la prestación hasta que tienen asegurados los créditos suficientes”. Se hablaba de poca profesionalización por parte de los cuidadores encargados de la atención al dependiente, de una utilización escasa e irregular de servicios básicos como los residenciales, los de atención a domicilio o los de teleasistencia. También de dificultades administrativas y de criterios metodológicos muy distintos a la hora de presentar los datos por parte de cada comunidad, lo que hacía muy difícil establecer comparaciones, evaluar resultados y constatar el cumplimiento finalista presupuestario de una manera rigurosa. 
 
Entre unas cosas y otras, la realidad es más bien triste y el cansancio, cuando no la desesperanza, cunden y crecen por todas partes. Estamos ante una ley que generó en su momento grandes expectativas y que fue saludada por todos como un pilar básico del Estado de bienestar. Una ley que iba a contribuir a la equidad entre ciudadanos con diferentes posibilidades y recursos en cuanto a su atención social. El legislador se atrevía a entrar en un campo extremadamente delicado y prometía soluciones. Lo cierto es que, a la hora de su aplicación, le han ido apareciendo goteras por todas partes. 
Es posible que los presupuestos numéricos de los que se partía, tanto en lo que respecta a la cuantificación de los posibles beneficiarios como en los previsibles costes derivados de su puesta en marcha, no fueran todo lo adecuados que debieran. También que la crisis económica posterior, de la que aún no hemos salido, haya contribuido a complicar el panorama. Pero nada de ello justifica haber convertido la ley y su aplicación en una especie de saco de golpes abierto a cualquiera que desee desfogarse. 
 
Su desarrollo acumula retrasos, los criterios de evaluación iniciales han tenido que ser modificados, las expectativas generadas han seguido una línea descendente nunca interrumpida y, por si fuera poco, la complejidad administrativa del Estado español ha multiplicado hasta cerca del millar las normas administrativas por las que se rige el proceso de aplicación en los diferentes territorios del país, dando lugar a un magma complejo, donde sólo los muy expertos son capaces de moverse. Para acabar de estropearlo, eso que se suele calificar como “voluntad política” de nuestros gobernantes, ha demostrado ser tremendamente desigual y, en muchos casos, hostil, de manera que el tema se ha convertido en otro campo más donde dirimir batallas políticas entre los partidos, ajenas a lo que la propia ley pretendía solucionar o, al menos, paliar. 
 
No estoy muy convencido de que sirva demasiado llamar a la cordura y al acuerdo. Nuestro país y nuestros gobernantes son poco dados a ello. De lo que si estoy seguro es de que sería una estupidez y una inconsecuencia absoluta, no esforzarnos todos por hacer avanzar algo que desde el punto de vista conceptual resulta tremendamente positivo y que en el momento de ser aprobado concitó una unanimidad casi total por parte de nuestros representantes, algo tan raro como inverosímil en el panorama político español. 


Martes, 16 de Septiembre 2014

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