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La falta de financiación de la Ley de Dependencia sigue siendo el principal escollo




Por Esther Eugenio

Firmantes del Pacto de Estado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Firmantes del Pacto de Estado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Con motivo del undécimo aniversario de la Ley de Dependencia, y un año después de la firma del Pacto de Estado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia se reunieron el pasado 14 de diciembre con los partidos políticos firmantes del Pacto (todos menos el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco) en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados para presentar un informe de seguimiento del Pacto.
 
Los grupos parlamentarios firmantes se comprometían hace un año a:
  • Revertir en los Presupuesto Generales del Estado para 2017 los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012 y por las leyes de PGE, incrementando en un 13 % la financiación del nivel mínimo garantizado del Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011, y abordando la inclusión en la Seguridad Social da los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado.
  • Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para acabar con la desatención (limbo de la dependencia) antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo.
  • Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.
  • Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley de Dependencia se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar al menos al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de decreto.
  • Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia, garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a los agentes y entidades sociales, su seguimiento y control.
 
El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, comenzó su intervención destacando que “cada 15 minutos fallece una persona dependiente sin haber recibido la prestación o servicio que le corresponde por derecho” y casi 320.000 personas dependientes continúan en lista de espera en España. Al respecto, señaló que “la lista de espera se está reduciendo pero, desgraciadamente, en el grado I. Los grandes dependientes han aumentando y han pasado a ser 125.000, es decir, el año pasado se atendieron 5.000 grandes dependientes menos. Lo que se está atendiendo, por tanto, son personas que necesitan menos atenciones o atenciones de bajo coste”.
 
Asimismo, Ramírez afirmó que “la Ley de Dependencia, que fue en su día el mayor avance en política social que ha habido en España en los últimos 25 años, porque se generan derechos subjetivos de ciudadanía reclamables jurídica y administrativamente en los servicios sociales, resulta que ha sido la gran oportunidad pérdida desde la perspectiva económica”. Y lamentó la “insumisión” del Gobierno, que ha “pisoteado” la dignidad de las personas más vulnerables. En cuanto a los recortes producidos por el Real Decreto-ley 20/2012, indicó que “superan los 4.000 millones de euros” y exigió que cualquier modificación en la Ley de Dependencia se realice “en el Parlamento y no a través de reales decretos”.
 
Respecto al acuerdo de financiación, señaló que “ha habido un pequeño avance, y es que en la Conferencia de Presidentes (celebrada el 17 de enero) por primera vez se ha reconocido el quebranto económico que han supuesto los recortes y que la aportación del Estado no supera el 20 %, cuando debería aportar el 50 %”. Igualmente, manifestó que “el nuevo Real Decreto que el Ministerio tiene en la página web sobre el incremento del nivel mínimo, que no ha aprobado, supone únicamente la posibilidad de atender el 3 % de la lista de espera”. Los datos oficiales reconocen también que en 2016 fallecieron en España 40.647 personas dependientes de recibir prestación.
 
Según Ramírez, “el Gobierno está incumpliendo el artículo 149 de la Constitución, que habla de garantizar la igualdad de todos los españoles. Por ejemplo, un dependiente en Canarias tiene cuatro veces menos de posibilidades de ser atendido que un dependiente en cualquier otro sitio de España, y eso se produce porque hay un estrangulamiento económico del Gobierno a través de los presupuestos a las comunidades autónomas”. Además, defendió que “la única vía de incremento presupuestario para poder relanzar el Sistema es el incremento de la cuantía presupuestaria de las personas atendidas por comunidad autónoma, un sistema capitativo”.
 
Para aumentar su aportación al 50 %, el Estado tendría que aportar por cada persona dependiente atendida en el grado III, 418 euros; en el grado II, 195 euros, y en el grado I, 104 euros. “Y ahora mismo lo que se está aportando son 177,86 euros, 82,84 euros y 44,33 euros, respectivamente. La propuesta del nuevo decreto asciende, en el caso del grado II, a dos euros y medio al mes. ¿Qué se puede hacer con eso?”, exhortó Ramírez. La propuesta para 2018 es alcanzar las cuantías que había antes de los recortes: 264,22 euros para el grado III, 123,06 euros para el grado II y 77,33 euros para el grado I “y en 2019 llegar a ese 50 %”.
 
La Ley de Dependencia no hay que reformarla, hay que cumplirla, y el cumplimiento de la ley para por una financiación suficiente para que las comunidades autónomas puedan atender la lista de espera. Primero, el dinero, y luego ya veremos en qué podemos mejorarla”, concluyó el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pidió a los partidos políticos presentes en el acto una reunión “al más alto nivel” para poner en la agenda política y pública la dependencia. Sin olvidar un dato: “El 39 % de lo que se invierte en dependencia revierte al Estado”.
 
Cuidadores en el entorno familiar
Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez, manifestó que “la dependencia tiene cara de mujer. El 95 % de los cuidadores en el entorno familiar son mujeres que hemos tenido que renunciar a nuestros puestos de trabajo, a nuestro futuro laboral, por atender a nuestro familiar con dependencia; mujeres que ya no tendremos la posibilidad de poder engancharnos a ese mercado laboral” y recordó que “según la entonces ministra Ana Mato, el recorte que se tenía que efectuar en dependencia era debido a los 1.000 millones de euros que habían costado nuestras cotizaciones a la Seguridad Social”. Hasta ese momento, la Seguridad Social cotizaba 56 euros al mes por cada cuidador en el entorno familiar.
 
Jerez aseguró que “es completamente necesario y muy urgente volver a recuperar por parte del Estado las cotizaciones a la Seguridad Social. Pedimos simplemente que se reconozca nuestra labor, porque también le estamos ahorrando muchísimo dinero al Estado. Un asistente personal 24 horas al día no cobra 387 euros al mes”. Igualmente, reclamó que se adecúe la cartera de servicios a las necesidades de los menores dependientes, que se unifiquen los criterios de valoración entre las comunidades autónomas y que se crea “de verdad” en la dependencia. “Los servicios profesionales son necesarios, pero no se puede demonizar la figura del cuidador en el entorno familiar”, finalizó.
 
Los representantes de los grupos parlamentarios (PDeCAT, Ciudadanos, PSOE, Podemos, Nueva Canarias, Compromís y UPN) coincidieron en la necesidad de dotar a la Ley de Dependencia de una financiación suficiente.


Viernes, 15 de Diciembre 2017

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