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“La sostenibilidad del Sistema de Dependencia pasa por vincular la financiación estatal al coste del servicio que se presta”


Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León



“La sostenibilidad del Sistema de Dependencia pasa por vincular la financiación estatal al coste del servicio que se presta”
Aunque hace apenas cuatro meses que Milagros Marcos fue nombrada consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, su trabajo al frente de la Gerencia de Servicios Sociales durante cuatro años, le ha aportado un profundo conocimiento y experiencia de las necesidades de las personas mayores y en situación de dependencia. Ahora, Milagros Marcos se enfrenta al reto de desarrollar la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, que creará un nuevo modelo de servicios sociales en la región. De esta manera, entre sus prioridades destaca “proporcionar a las personas mayores en situación de dependencia las prestaciones que necesitan y promover servicios destinados a la prevención de la dependencia y el envejecimiento activo”. Para ello, explica Marcos, “crearemos 2.700 nuevas plazas residenciales, buscaremos soluciones para lograr la sostenibilidad del Sistema, implantaremos planes de mejora de la calidad y actualizaremos la normativa de autorización y acreditación de centros”.

Cuenta con una dilatada experiencia como gerente de Servicios Sociales. ¿Qué va a aportar como consejera?
Ante todo trabajo. No creo en fórmulas mágicas, sino en el trabajo riguroso y diario, porque las personas que acuden a nosotros son, generalmente, las que más necesitan ayuda de las administraciones. Desde las personas en situación de dependencia a las que tienen alguna discapacidad, pasando por los mayores, los jóvenes, las familias, quienes están en riesgo de exclusión social o los que sufren en primera persona el problema del paro. A todos ellos tenemos que darles soluciones. A finales del pasado año se aprobó la Renta Garantizada de Ciudadanía, un derecho para estas personas en riesgo de exclusión social. Hoy ya podemos decir que su desarrollo está prácticamente normalizado y estamos dando respuestas a la gente que se encuentra en esa situación.
También se aprobó la nueva Ley de Servicios Sociales, y se hizo con un amplio consenso y una gran participación de los colectivos de mayores, discapacidad, etc. Ahora nos queda la labor de desarrollarla y estoy convencida de que el equipo con el que cuento para ello lo va a hacer perfectamente.

¿Qué consejos o recomendaciones le ha trasmitido su antecesor, César Antón?
La verdad es que he aprendido mucho a su lado, sobre todo en lo relacionado con políticas sociales, ya que él también fue gerente de Servicios Sociales. Además ha sido consejero de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades, y en ambas responsabilidades he trabajado junto a él. Cesar Antón ha sido un excelente consejero en ambas materias y yo espero seguir avanzando en las competencias de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y cumplir con el compromiso asumido con el presidente de la Junta y con los ciudadanos de esta tierra.

¿Cuál es su prioridad en política social? ¿Y, concretamente, para las personas mayores y en situación de dependencia?
Sin duda, proporcionar las personas mayores en situación de dependencia las prestaciones que necesitan para garantizar que estén atendidas adecuadamente. Ello supone desplegar todo un conjunto de actuaciones diversas, que permita adaptarnos a las necesidades de cada persona y llegar a todos los rincones de nuestra geografía, ya que hay que tener en cuenta que la mayor parte de las personas mayores vive en el mundo rural. Así, son de gran importancia las prestaciones que permiten que la persona permanezca en su hogar, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día, los apoyos al cuidador o los servicios de promoción de la autonomía personal. Pero cuando la persona debe salir de su hogar, la atención residencial se convierte en la prestación principal con todo el conjunto de servicios que ella conlleva.

También es una prioridad proporcionar los servicios necesarios en situaciones de urgencia, en las que debemos dar una respuesta rápida ante circunstancias imprevistas que afectan de manera grave a la persona mayor en situación de dependencia. Para ampliar la atención residencial tenemos como objetivo impulsar la creación de 2.700 nuevas plazas a lo largo de esta legislatura, especialmente en aquellas áreas de acción social cuya cobertura se encuentra por debajo del 5%, porcentaje recomendado por la OMS. Aunque en Castilla y León estamos por encima del 7%, queremos que este recurso se encuentre lo más cerca posible del medio natural de los usuarios, especialmente en la zona rural.

Y no menos importante es todo el conjunto de servicios destinados a la prevención de la dependencia y a promover el envejecimiento activo. Las personas mayores cada vez con más frecuencia llegan a esta etapa de su vida con salud y dispuestos a aprovechar las oportunidades que este periodo vital les ofrece. Para ellos, diseñaremos un Programa Integral de Envejecimiento Activo, bajo la marca Club de los 60, que les ofrecerá todo el catálogo de prestaciones relacionadas con el envejecimiento activo.

¿Qué retos se plantea a corto y medio plazo?
Los más importantes son avanzar en la sostenibilidad del sistema y realizar el cambio de modelo de servicios sociales. A corto plazo, tenemos que desarrollar unos servicios sociales adecuados a las necesidades de la población, pero debemos hacerlo con visión de futuro. Para ello, aplicaremos la nueva Ley de Servicios Sociales que fue aprobada por las Cortes a finales del pasado año y que ya incorpora la dependencia, integrándola como un derecho más. En esta línea, vamos a hacer una proyección de las necesidades que nos permita dar una respuesta adecuada a cada área con un horizonte de, al menos, dos décadas. La nueva Ley de Servicios Sociales plantea el desarrollo de un catálogo de servicios y de una estructura flexible adaptada a la población, que desarrollaremos a lo largo de esta legislatura.

A medio plazo, debemos redefinir el Estado del bienestar que queremos para los ciudadanos de Castilla y León. El modelo actual no ha ido acorde con la realidad y debemos dimensionar de manera correcta el uso de los recursos, con el fin de que cada persona pueda desarrollar el modelo de vida que más se ajuste a sus necesidades, pero con la premisa de buscar la sostenibilidad del sistema.

Para que todo ello sea posible continuaremos buscando amplios consensos con las corporaciones locales, con las entidades implicadas en el desarrollo del sistema y en el marco del diálogo social.

Presidencia ha destacado que las consejerías desarrollarán una política de austeridad en concordancia con las cuentas públicas. ¿Cómo va a compatibilizar esa austeridad con la aplicación de la Ley de Dependencia?
En materia de servicios sociales, la prioridad es la prestación de servicios. Tenemos que garantizar la atención directa a quienes más lo necesitan. Además, en un momento de crisis como el actual hay que prescindir de algunos gastos que no afectan al bienestar de los usuarios, reorganizar otros de una manera más eficiente y afianzar e incluso desarrollar nuevos derechos que vayan destinados a cubrir necesidades esenciales de las personas, porque esos derechos están garantizados por ley.

La aplicación de la Ley de Dependencia es un derecho de los ciudadanos y, por lo tanto, habrá que seguir dando a cada usuario lo que le corresponde según su grado y nivel. Nuestra Ley de Servicios Sociales ha integrado definitivamente los derechos derivados de la Ley de Dependencia en el Sistema de Servicios Sociales como derechos propios de los ciudadanos de Castilla y León. Pero en el desarrollo de estos derechos ha de comprometerse seriamente el Gobierno Central, porque hasta ahora ha sido la comunidad autónoma la que ha corrido con el mayor peso de la financiación, a pesar de que la Ley estatal contempla que Gobierno y autonomías deben hacer aportaciones al sistema de atención a la dependencia a partes iguales.

“La sostenibilidad del Sistema de Dependencia pasa por vincular la financiación estatal al coste del servicio que se presta”
¿Considera que la Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?
Todos los estudios, tanto los encargados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, como los realizados por organismos independientes, como el Observatorio de la Dependencia, dicen que el Sistema, tal y como está diseñado en la actualidad, no es sostenible. La memoria económica que acompañó a la aprobación de la Ley se aleja mucho de la realidad y las previsiones de financiación no se están cumpliendo. El desequilibrio es tal que, por ejemplo, para un dependiente severo de grado II nivel 1, el Estado nos da por el nivel mínimo de dependencia 70 euros al mes, tenga servicio residencial o ayuda económica en el domicilio. Cualquiera puede echar las cuentas y saber para qué da 70 euros, cuando se trata de cuidar a un dependiente severo. Las administraciones regionales que concedemos las ayudas tenemos unos criterios y unos plazos que cumplir, pero no la financiación necesaria para hacerlo. Hay estudios que señalan que el 80% de la financiación la aportan entre la Administración Regional y los usuarios. Pero en la situación en la que está hoy la economía, esto es difícil de sostener para cualquier gobierno.

Desde la Junta, seguimos defendiendo que el cambio ha de pasar por vincular la financiación estatal al coste del servicio que se presta. El Gobierno no debe pagar igual por una persona dependiente que recibe servicio residencial, que por otra con el mismo grado y nivel que recibe ayuda a domicilio o cuidados en el entorno familiar.

Además, también hay que valorar el envejecimiento de la población y la dispersión territorial, que en Castilla y León son dos factores que afectan a la financiación de la Ley. Tenemos la población más longeva de España y, además, vive en su mayoría en el medio rural y en núcleos de población dispersos, lo que encarece la prestación de los servicios. El Estado ha de tenerlo en cuenta a la hora de financiar la dependencia.

El Consejo Económico y Social de Castilla y León coincide con nosotros en estos planteamientos en el informe elaborado sobre esta materia el año pasado. Vamos a ver si por fin se hace la evaluación que contemplaba la Ley para el pasado año y que, a pesar de los anuncios de la ministra, todavía no se ha realizado, y entonces sabremos cuál es la situación real. A partir de entonces, habrá que tomar las medidas necesarias para que la Ley sea sostenible de verdad, si queremos que la dependencia se convierta en el cuarto pilar del Estado del bienestar.

¿Qué presupuesto tiene asignado su Consejería para el desarrollo del Sistema de Dependencia?
Durante este año 2011, el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales destinado a atender el sistema de atención a la dependencia es de algo más de 550 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,25% con respecto a 2010. Esto pone de manifiesto la preocupación del Gobierno regional por los servicios sociales y, mientras que el presupuesto general de la Junta para este año ha sufrido un ligero descenso, el de la Gerencia de Servicios Sociales creció en torno al 7%, y el destinado en concreto a la dependencia ha crecido casi el doble. Hay que tener en cuenta que la atención a la dependencia no sólo son prestaciones, sino también importantes inversiones en servicios, programas preventivos, gastos de gestión...

¿Qué propondría para mejorar y agilizar la aplicación de la Ley?
En Castilla y León hemos adoptado, desde el inicio de la aplicación de la Ley, medidas de carácter procedimental tendentes a agilizar su aplicación. Desde la posibilidad de elegir las prestaciones en el mismo momento de la solicitud, hasta la unificación en un solo acto de los dos reconocimientos de grado y nivel y de prestación, pasando por la encomienda de determinadas funciones de valoración, información y orientación a los trabajadores sociales de las corporaciones locales. Es precisamente la implicación de todas las Administraciones Públicas con competencias en materia de servicios sociales, uno de los instrumentos fundamentales para lograr un adecuado desarrollo y aplicación de la Ley.

Otra medida que contribuirá a dar coherencia y agilidad al sistema es el acceso unificado a los servicios sociales. No cabe entender que la Ley prevea la coexistencia de dos sistemas paralelos, Dependencia y Servicios Sociales, sino que la propia norma, en su exposición de motivos y en su título preliminar, habla de integración del Sistema de Dependencia en los Servicios Sociales.

Finalmente, indicar que, desde hace tiempo venimos insistiendo, no sólo Castilla y León sino prácticamente todas las comunidades, que es necesario buscar soluciones que permitan la sostenibilidad del Sistema. En este momento, la financiación que aporta el Estado en concepto de nivel mínimo no distingue en función del tipo de servicio reconocido al beneficiario. Si queremos un sistema que priorice los servicios sobre las prestaciones económicas, la financiación estatal deberá tener en cuenta la diferencia de costes entre la provisión de una plaza residencial, por ejemplo, y la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

¿Qué aporta la nueva Ley de Servicios Sociales de Castilla y León?
Integra y amplía los derechos de las personas en situación de dependencia y se configura como un nuevo pilar del Estado del bienestar para los ciudadanos de la Comunidad. Además, configura el derecho a las prestaciones esenciales del sistema de Servicios Sociales como un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos, fundamentado en los principios de universalidad e igualdad y con la finalidad de proporcionar una cobertura adecuada e integral de las necesidades personales básicas y de las necesidades sociales, e incluye en esa calificación de prestaciones esenciales las destinadas a la promoción de la autonomía personal, atención y protección de las personas ante situaciones de dependencia.

En Castilla y León, las personas dependientes y no dependientes tienen los mismos criterios de acceso. La Ley de Dependencia avanza en cuanto a generación de derechos, pero lo único que ha introducido como novedad respecto a los servicios sociales ya existentes ha sido la prestación de una ayuda económica, y es precisamente esa novedad la que ahora se está poniendo en duda y está alterando el Sistema de Servicios Sociales profesionales, ya que la Ley la contemplaba como algo excepcional, pero ahora se está generalizando.

Desde su departamento insisten en la simplificación de los procesos. ¿En qué medida repercute en los ciudadanos?
De una manera muy importante. Anteriormente, una misma persona que solicitaba varias prestaciones de servicios sociales, de forma simultánea o sucesiva, debía pasar por los mismos trámites tantas veces como solicitudes formulara.

Con la simplificación de procesos que Castilla y León inició al tiempo que comenzó a desarrollar la Ley de Dependencia conseguimos, como mínimo, que la persona sólo tenga que aportar un informe de salud y sólo se le valore una vez mientras no varíe su situación. Pero, además, todas estas medidas nos han permitido estar a la cabeza en cuanto a porcentaje de personas con prestaciones concedidas sobre el total de personas con derecho a ellas. Es decir, en nuestra Comunidad el 88% de las personas con derecho a prestaciones las tienen reconocidas, mientras que en el conjunto de España esto sucede sólo en el 70% de los casos, 18 puntos por debajo.

¿Qué destacaría de la red de Servicios Sociales de Castilla y León?
Es una red bastante bien articulada que nos permite llegar con servicios de proximidad como la orientación, la ayuda a domicilio, los apoyos a los cuidadores o la teleasistencia a todos los rincones de nuestra geografía, a pesar de las dificultades de su orografía y de la dispersión.
Además es una de las redes más amplias y completas de España. Prueba de ellos es que en teleasistencia no tenemos lista de espera, en ayuda a domicilio tenemos una cobertura y una intensidad horaria por encima de la media y, en cuanto a atención residencial, tenemos la cobertura más alta de España con el 7,34% frente a la estatal que es del 4,98%. Esto nos permite que seamos una de las comunidades en las que las personas en situación de dependencia reciben proporcionalmente más servicios en lugar de ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.

Por otra parte, hemos conseguido desarrollar una red equilibrada en la que participan de una manera ordenada los servicios de la administración autonómica, los de las corporaciones locales y la iniciativa social.

¿En qué línea están trabajando para mejorar la calidad asistencial de los servicios prestados?
En primer lugar, mantenemos planes permanentes de formación de los profesionales, que son el pilar fundamental de una atención de calidad. De esta forma, podemos implantar planes de mejora de la calidad en los diversos servicios y centros.

En segundo lugar, vamos a actualizar una parte importante de la legislación que regula servicios tales como la ayuda a domicilio o la normativa de autorización y acreditación de centros destinados a las personas mayores y a las personas con discapacidad. En esta nueva normativa, incluiremos importantes criterios de calidad. Haremos un especial hincapié en el desarrollo de un nuevo modelo de atención residencial dirigido a garantizar una asistencia más personalizada, centrada en las necesidades e intereses de los usuarios, que promueva la autonomía personal y que permita que las personas vivan en grupos reducidos de convivencia.

Los últimos dependientes que han entrado en el Sistema son los moderados. ¿Qué servicios presta su Consejería?
Castilla y León propuso, en el Consejo Territorial, que los dependientes moderados tuvieran acceso a la misma cartera de servicios que el resto de dependientes, aún a pesar de que la aportación del Estado para este grado sea infinitamente menor, pero no fue aprobado y, por lo tanto, los dependientes moderados no tienen derecho, por ejemplo, a atención residencial, algo que nosotros considerábamos importante, dado que la dispersión territorial y el grado de envejecimiento de la población en nuestra Comunidad podía hacer necesario el servicio residencial por razones sociales para determinados dependientes moderados.

A día de hoy, Castilla y León ya ha reconocido el derecho a prestaciones, incluido el servicio de atención residencial a más de 7.500 personas con grado 1 nivel 2, lo que supone un coste importante para la Comunidad que, como con el resto de los dependientes, sigue siendo quien aporta la mayor parte de la financiación.

¿Cómo ve el futuro de la Ley de Dependencia?
Es necesario revisar el sistema de financiación de la Ley para que La Ley de Dependencia sea sostenible. En el momento actual, la mayor parte del coste lo estamos asumiendo las comunidades autónomas y no de manera equitativa con el Estado, como preconiza la ley.
Pese a ello, se ha conseguido atender a un porcentaje muy elevado de personas en situación de dependencia, que ya tienen su derecho reconocido como derecho subjetivo, y sea cual sea la situación económica en 2012, estas personas tienen garantizada su atención. Las Administraciones Públicas tendremos que continuar realizando los esfuerzos necesarios para que en el año 2015, cuando finalice la aplicación progresiva de la Ley, todas las personas en situación de dependencia estén atendidas.


Viernes, 7 de Octubre 2011

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