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“La viabilidad del sector está en riesgo y, si la situación persiste, habrá que replantearse el concierto con la Administración”


Secretario general de LARES Federación



“La viabilidad del sector está en riesgo y, si la situación persiste, habrá que replantearse el concierto con la Administración”
¿Cómo afecta el retraso de los pagos por parte de la Administración a los centros de LARES?
Depende de la comunidad autónoma donde se encuentren las residencias de Lares. En el País Vasco no existe este problema, mientras que en Navarra, Cantabria, Asturias, La Rioja o Galicia se cobra entre 50, 60 y hasta 120 días con posterioridad a la prestación del servicio. En otras comunidades autónomas como Aragón, los dos primeros meses del año se cobran con tres y cuatro meses de retraso; aunque, en este caso, el problema viene sobre todo por no cubrir con celeridad las plazas concertadas que se quedan vacías por el fallecimiento del usuario.

En Valencia, hay una deuda acumulada por la Generalitat y en Cataluña se espera que los abonos se realicen antes de finales de año. En cuanto al resto de comunidades: en Extremadura, la Consejería se ha comprometido a saldar la deuda en este ejercicio presupuestario; en Baleares, existen pagos pendientes desde noviembre de 2010; en Canarias, no se cobra ninguna plaza de concierto desde julio y, por lo general, a nuestras residencias les están debiendo en torno al 80% de las solicitudes aprobadas; en Andalucía, se está pagando pero con 45 días de retraso los últimos tres meses; en Castilla-La Mancha, las residencias con concierto de plazas sólo han cobrado los dos primeros meses del año, las que tienen convenio han cobrado unas los seis primeros meses y otras los tres primeros meses, y, por último, las residencias que gestionan centros municipales no han cobrado ningún mes este año. En Castilla y León, la Administración está pagando a 60 días, aproximadamente, desde hace varios años y, por último, en la Comunidad de Madrid, existe un promedio de retraso en los pagos de entre tres y cuatro meses.

¿Cómo se enfrenta el sector a esta situación?
Principalmente, con fondos propios de las entidades titulares, pólizas de crédito, aplazamiento de los pagos a proveedores, factoring, retrasando proyectos pendientes y, en algunos casos, dilatando el pago de nóminas. En nuestro sector solidario, por lo general, es complicado la utilización de líneas de financiación, ya que la propia actividad no deja margen con el que pagar dicha financiación.

Con el fin de ayudar a superar la situación, ¿han propuesto a las comunidades autónomas afectadas líneas de financiación a través de avales públicos?
En la Comunidad de Madrid existe la posibilidad de endosar las facturas y cobrarlas con la consiguiente rebaja, en base al acuerdo que tiene la región con Bankia. Y en Castilla-La Mancha, hay una reunión pendiente donde se espera alguna solución de este tipo.

En los últimos meses, ¿en qué medida se ha agravado el retraso en los pagos por parte de la Administración?
En Valencia, por ejemplo, hemos pasado de seis a diez meses para cobrar el 60% de un primer plazo y en Baleares de entre cuatro y seis meses a un año. En Castilla-La Mancha, si el retraso medio en el pago de las facturas respecto de las plazas de concierto era entre dos y cuatro meses, en la actualidad se ha duplicado. Y en la Comunidad de Madrid se están renovando los conciertos para el 2012 con una rebaja del 5% sobre los precios de 2011. Para contrarrestar esta medida, se está intentando llevar la rebaja a los pliegos de condiciones de los conciertos, sobre todo, bajando los ratios de personal. Una medida que no tendrá mucho efecto en Lares Madrid, ya que el tamaño medio de los centros no hace posible rebajar los ratios de personal.

¿Qué soluciones a corto y medio plazo se plantean desde LARES?
De momento, aumentar la presión pública e información sobre esta cuestión en aquellas comunidades autónomas donde se estén dando retrasos y mejorar la eficiencia en la gestión interna de los centros, tanto de la tesorería como del control de gastos, instando a la Administración a realizar los pagos en fecha y a abonar las deudas pendientes antes de final de año. En diversas comunidades, se ha pedido una reunión con el nuevo consejero para solicitar vías de solución.

También se ha pensado en la posibilidad de solicitar un crédito avalado por la deuda que, en su caso, generaría la Administración Pública. La duda es si esta posibilidad será posible, tal y como están las entidades bancarias en la actualidad. De esta manera, puede que nos veamos obligados a una revisión de pólizas y potenciar las plazas privadas.

En algunos de nuestros centros se han planteado movilizar a los familiares de los usuarios para que reclamen ante la Administración Pública.
¿Cómo repercute en los usuarios?

De forma inmediata no existe repercusión en los usuarios, ni en la calidad del servicio; pero, a medio plazo, les afectaría la reducción de personal y la necesaria subida del precio de la plaza privada. A largo plazo, está en riesgo la viabilidad de todo el sector. Si la situación persiste habrá que replantearse el concierto con la Administración en aquellas comunidades autónomas donde existan retrasos imposibles de ser absorbidos por nuestros centros. Y de continuar, deberemos involucrar a usuarios y familias en la búsqueda de alternativas y soluciones, incluyendo a la Administración.

¿Cómo ve el futuro del sector?
Con optimismo en aquellas comunidades que no están sufriendo los retrasos en los pagos por parte de la Administración y negro o muy negro en las que se atisba una situación de impagos de media y larga duración, hasta el punto de que habrá que replantearse el concierto de plazas.
Con la crisis y las restricciones económicas, es preciso que los gobiernos autonómicos prioricen necesidades y la dotación para la dependencia vaya en aumento; de la misma manera que cada vez se exige más a los centros: ratios, accesibilidad, seguridad, profesionales especializados, etc. Además, es imprescindible una coordinación sociosanitaria real y efectiva.


Martes, 8 de Noviembre 2011

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