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“Las comunidades autónomas estamos sufragando el 70% del coste de los servicios y prestaciones”


Engracia Hidalgo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid e inició su actividad profesional en el Área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Madrid. Su trayectoria política comenzó en 1996, cuando fue nombrada por Esperanza Aguirre directora general de Programación Económica y Control Presupuestario del Ministerio de Educación y Cultura. En noviembre de 2003, dejó el cargo para ocuparse de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, hasta que en junio de 2008 fue nombrada titular de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Desde su compromiso con la aplicación de la Ley de Dependencia, Hidalgo afirma que este año “destinaremos cerca de 900 millones de euros a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia”. Por ello, la consejera lamenta que si bien “la Administración General del Estado debía sufragar al 50% con las comunidades autónomas el coste de los servicios y prestaciones”, la realidad es que “apenas financia el 20%. Mientras, las comunidades estamos asumiendo el coste principal de la atención a la dependencia”. En esta entrevista, Engracia Hidalgo analiza para los lectores de BALANCE el desarrollo de la Ley de Dependencia, los principales problemas a los que se enfrenta y las expectativas para 2011.



Engracia Hidalgo, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Engracia Hidalgo, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
¿Cuál es la prioridad de su Gobierno en política social?
Sin duda, nuestra prioridad es la atención de todas las familias madrileñas y, en especial, de aquellos ciudadanos que precisan de algún tipo de ayuda o cuidado. Y ello se refleja en los presupuestos regionales, que para el año próximo dedicarán un 80% a gasto social, es decir, a Educación, Sanidad, Asuntos Sociales... Además, la partida destinada a los ciudadanos en situación de dependencia experimentará un crecimiento del 3%, lo que nos permitirá garantizar una mejor atención de las personas que ya están siendo atendidas, así como de las que van a entrar a partir del 1 de enero.

En lo que a asuntos sociales se refiere, nuestras prioridades son, entre otras cuestiones, mantener y reforzar una red asistencial de más de 50.000 plazas residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia; promover la vida activa entre nuestros mayores con una gran variedad de actividades, que permitan retrasar o evitar situaciones de dependencia; y seguir atendiendo y buscando la mejor opción para los más de 4.500 menores que viven bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

¿Qué opina de los recientes cambios del Gobierno, que han puesto al frente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a Leire Pajín?
En primer lugar, quiero felicitar, como ya he hecho personalmente, a la nueva ministra por su reciente nombramiento al frente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Desde que en 2008 fui nombrada consejera de Familia y Asuntos Sociales, han sido tres los ministros que han ocupado la cartera de Sanidad y Política Social. Hacerse con los asuntos de este Ministerio, contactar con todas las comunidades autónomas y tomar el pulso a la realidad requiere de unos meses de estudio y reflexión; y si cada ministro ha de tomarse ese tiempo, totalmente lícito y necesario, resulta que las decisiones y asuntos importantes quedan abiertos y se van aplazando.

Desde que ocupo puestos de responsabilidad, mi máxima en el trabajo es la lealtad institucional y así seguirá siendo. Sinceramente, deseo que la ministra Pajín venga a trabajar y a sumar esfuerzos en asuntos de tanta relevancia como la aplicación de la Ley de Dependencia y espero que, desde su Ministerio, se trabaje con la misma lealtad institucional.

¿Cómo valora la aplicación de la Ley de Dependencia en España?
Creo que se trata de una buena norma que nació con el consenso de todos los grupos políticos y que, por primera vez, articula todo el sistema de atención social para personas en situación de dependencia. Sin embargo, siendo una Ley positiva, ha nacido con un grave problema de financiación y desarrollo normativo.

El nuevo sistema de autonomía y atención a la dependencia presenta un problema estructural en lo que a su financiación se refiere, que resulta inadecuada e insuficiente. Inadecuada, porque no tiene en cuenta el coste unitario de cada uno de los recursos. En este sentido, las comunidades autónomas recibimos por el llamado nivel mínimo entre 70 y 264 euros por persona valorada, con independencia del tipo de prestación que reconozcamos. E insuficiente, porque no se cumple con lo que el sistema establecía en su origen, es decir, que una vez descontada la participación del usuario en el coste de los servicios, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas debíamos sufragar al 50% el coste de cada uno de los servicios del catálogo. Aunque la memoria económica de la Ley de Dependencia sí establecía esto último, la realidad es que apenas financia el 20% de los recursos y prestaciones.

Por otro lado, creo que el nuevo sistema entraña una complejidad que hace necesario un desarrollo normativo armónico, que permita a todas las comunidades unificar criterios para evitar la existencia de 17 sistemas de atención a la dependencia diferentes.

¿Con qué presupuesto cuenta su Consejería para este año y cuánto se prevé que aumente en 2011?
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales cuenta con un presupuesto para 2011 de 1.263 millones, de los cuales más de 900 millones servirán para atender las situaciones de dependencia, más de 2,5 millones de euros al día. Hemos reducido todos aquellos gastos que no fueran de atención directa al ciudadano, de tal forma que los créditos previstos para la aplicación de la Ley de Dependencia suben más de un 3%, cuando la aportación de la Administración General del Estado está previsto que baje para el próximo año.

No entendemos cómo el Gobierno de España ha podido rebajar el presupuesto para dependencia, cuando todo el sector conoce que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia adolece de la financiación suficiente y necesaria, y somos las comunidades autónomas las que estamos sufragando el coste principal de la atención a la dependencia, el 70% en este momento según datos del SAAD. Con la entrada del grado I nivel 2 el 1 de enero de 2011, este problema no hará más que acrecentarse y seremos las comunidades autónomas las que mantengamos el peso de la financiación de los servicios y prestaciones a las que los ciudadanos tienen derecho.

En cuanto a la sostenibilidad del sistema, creo que es necesario que se modifique el sistema de financiación de la dependencia, de tal forma que la Administración General del Estado participe en los porcentajes que le corresponde, lo que permitirá a las comunidades autónomas seguir gestionando la dependencia a todos los demandantes de servicios respetando el calendario previsto en la propia Ley.

¿En qué situación se encuentra actualmente la aplicación de la Ley en la Comunidad de Madrid?
La Comunidad de Madrid está plenamente comprometida con la aplicación de la Ley de Dependencia, y prueba de ello es el enorme esfuerzo que el Gobierno regional ha realizado desde que ésta entró en vigor.

Pero también quisiera matizar que el Ejecutivo autonómico ya estaba comprometido con la atención a las personas en situación de dependencia y con la promoción de su autonomía desde mucho tiempo antes de la nueva normativa. En los últimos siete años la Comunidad de Madrid ha creado el 55% de los servicios actualmente existentes para personas con algún tipo de dependencia.

En lo que a la aplicación estricta de la norma se refiere, en cuestión de tres años hemos dado un fuerte impulso al desarrollo de la Ley de Dependencia. En un primer momento, la implantación requirió adaptar el sistema ya existente en la Comunidad de Madrid a las nuevas necesidades sin que ninguna de las personas que ya estaban atendidas dejara de estarlo o sufriera menoscabo alguno en la prestación de los servicios ya reconocidos. Al mismo tiempo, se realizó un importante esfuerzo económico para crear nuevos recursos que permitieran dotar a la Dirección General de Coordinación de Dependencia de más valoradores, más personal administrativo, etc.

Una vez superada esa etapa, actualmente el 90% de las personas en situación de dependencia de la región que han solicitado acogerse a la normativa estatal ya han recibido una valoración por parte de la Administración autonómica. Además, 8 de cada 10 de estos ciudadanos cuentan con el servicio o prestación solicitada.

“Las comunidades autónomas estamos sufragando el 70% del coste de los servicios y prestaciones”
¿Por qué cree que hay tantas diferencias de aplicación entre comunidades?
El problema radica en que la Ley nació sin un marco armónico de desarrollo para todas las comunidades. Por ello, cada región ha avanzado a un ritmo distinto en función de la situación de partida de las personas ya atendidas previamente. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la atención a personas con discapacidad es totalmente gratuita, por lo que muchas de las personas que ya están atendidas no han querido acogerse a la nueva Ley, que establece un copago. Esto hace que, lógicamente, esas personas no computen en unas estadísticas que aún se encuentran en construcción y consolidación.

La prestación económica al cuidador informal, que la Ley define como excepcional, se concede por encima de los servicios. ¿Cuál es su política al respecto?
La Comunidad de Madrid considera esta prestación excepcional, tal y como marca la Ley, y pese a que el Estado aporta la misma cantidad para financiar esa prestación que para sufragar un servicio asistencial. Es decir, recibimos de la Administración General del Estado lo mismo por otorgar una ayuda de 500 euros que por una plaza residencial que cuesta 2.000 euros.

Las familias pueden elegir entre los servicios y prestaciones que son más adecuados para la mejor atención de las personas en situación de dependencia, sin coacciones por motivos presupuestarios o ideológicos. Sin embargo, todos sabemos que muchas comunidades autónomas, que paradójicamente son puestas como ejemplo de la aplicación de la Ley de Dependencia, están otorgando prestaciones económicas casi de forma exclusiva, posiblemente ante la insuficiencia de servicios.

Pero en la Comunidad de Madrid, más del 70% de los Programas Individuales de Atención (PIA) dictados hasta el momento son de servicios, fundamentalmente de atención residencial.

¿Cuánto empleo ha creado la Ley en su región?
Precisamente debido a que estamos poniendo en marcha nuevos servicios públicos de calidad para la atención domiciliaria profesional, así como servicios residenciales, podemos decir que somos una de las comunidades autónomas donde el sector está manteniendo o creando empleo, no sin gran esfuerzo por parte de todos los agentes implicados.

¿En qué situación se encuentra el sistema de acreditación de los centros y servicios asistenciales?
Apostamos por unas normas claras y seguras y, si fuera posible, iguales para todos, con independencia de la región o municipio. Por esta razón, la Comunidad de Madrid ha considerado acreditados todos los centros que estén debidamente autorizados por la consejería, a la espera y con la esperanza de una normativa común, y con la seguridad de que la nuestra cumple con creces con los ratios de personal y de calidad establecidos en los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia.

En 2011 comenzarán a atenderse los dependientes moderados, cuando aún hay grandes dependientes y dependientes severos que no reciben su prestación o servicio correspondiente. ¿Tendrán el Estado y las comunidades autónomas capacidad para atender a los dependientes severos?

Desde luego, vamos a seguir trabajando para que todas las personas en situación de dependencia sean valoradas y atendidas, y tengan su prestación o servicio lo más rápido posible. No obstante, la Administración General del Estado deberá cumplir con sus compromisos en materia de financiación y dotar a las comunidades de los recursos económicos necesarios que nos permitan asumir esta nueva situación.

¿Con qué políticas de promoción de la autonomía personal cuenta la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid tenemos dos vías de actuación. Por un lado, contamos con programas que pretenden ayudar a las personas en situación de dependencia a lograr la máxima autonomía. Así, tenemos programas como el de Vida Independiente, que provee de un asistente personal a ciudadanos con una discapacidad grave para que puedan realizar tareas cotidianas y que ya presta 150.000 horas de asistencia al año a los 62 usuarios del programa; o con pisos de transición a la vida independiente, a través de los cuales queremos que personas con discapacidad, que siempre han vivido en un ambiente sobreprotector, se emancipen y puedan llevar una vida independiente como cualquier ciudadano.

Por otro lado, desde la Consejería estamos realizando un importante esfuerzo en concienciar a nuestros mayores sobre la importancia que tiene mantenerse activo para retrasar, prevenir e incluso evitar situaciones de dependencia. Para ello, contamos con un amplio programa de actividades e iniciativas que van desde la Universidad para Mayores, por cuyas aulas han pasado más de 12.100 mayores; más de 160 talleres de gimnasia, yoga, literatura, idiomas, pintura y bailes de salón, entre otros; rutas culturales, gracias a las cuales 11.000 mayores han viajado por España y Europa a precios muy asequibles; aulas informáticas; cine a un euro... En definitiva, actividades destinadas a procurar a nuestros mayores un envejecimiento sano.

¿Qué propone para agilizar la aplicación de la Ley?
La aplicación de la Ley de Dependencia no es una carrera de fondo. Es necesario que las cosas se hagan bien para que cada ciudadano reciba una atención de calidad, y en ello es en lo que más trabaja la Comunidad de Madrid.

Pero resulta fundamental que el Gobierno cumpla con lo que reflejó en la Ley y que contribuya a la financiación de la normativa tal y como se recoge en su memoria económica. Sólo así las comunidades autónomas podremos hacer frente a nuevos retos y, sobre todo, a las nuevas necesidades de las personas en situación de dependencia.

¿Cómo es el modelo de colaboración con el sector privado?
Creo que la colaboración entre los sectores público y privado es necesaria para gestionar los servicios públicos de una manera eficiente. Muchos gobiernos han recurrido a este sistema con muy buenos resultados, y la prueba son las experiencias que el Gobierno central está llevando a cabo, a través del Ministerio de Fomento, para el desarrollo y modernización de infraestructuras.

Creo que es un buen modelo, con probada solvencia profesional y reconocimiento desde distintos sectores y a nivel internacional. El sector privado aporta su experiencia y competitividad y la Administración pública pone en marcha infraestructuras y servicios que quizá de otro modo no se podrían iniciar. De hecho, nunca en la historia de España ninguna comunidad autónoma ha conseguido construir ocho hospitales, tantos kilómetros de metro o impulsar el Plan velocidad para la construcción de 32 residencias, tal y como ha hecho la Comunidad de Madrid en los últimos siete años.


Jueves, 16 de Diciembre 2010

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