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Las comunidades autónomas que más dependientes atiendan serán recompensadas


El Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha acordado una nueva base de cooperación administrativa y los criterios para el reparto de créditos del nivel acordado 2010-2013. El objetivo es que la nueva distribución de fondos refleje el cumplimiento de la Ley de Dependencia y el número de personas efectivamente atendidas, en detrimento del criterio de reparto basado en la población potencialmente dependiente, que irá perdiendo peso hasta desaparecer en el año 2013. De momento, en 2010 el 56% del dinero se repartirá en función del número de personas atendidas, los servicios prestados y el cumplimiento de los acuerdos. Como consecuencia, quien más dependientes atienda realmente, más dinero recibirá de los fondos que el Gobierno distribuye entre las comunidades.



Foto de familia del COnsejo Territorial
Foto de familia del COnsejo Territorial
Este nuevo marco incluye un sistema de reparto de fondos de carácter plurianual hasta 2013, en lugar de los convenios anuales que se venían desarrollando hasta ahora. Esto aportará una mayor estabilidad al sistema de financiación y permitirá a las comunidades autónomas conocer el criterio de reparto de los fondos de los años siguientes. Concretamente, este año se van a repartir algo más de 283 millones de euros (283.197.420), la misma cantidad que el año pasado, y para su distribución se tomarán como referencia los datos que remitan las comunidades autónomas hasta el 1 de julio.

Asimismo, este acuerdo da una mayor relevancia en el reparto de fondos a la atención efectiva de las personas dependientes. Hasta ahora, el 80% se concedía en función de la población potencialmente dependiente y el 20% según las personas que hubieran solicitado entrar en el sistema. Sin embargo, en 2010 el 56% del dinero se repartirá de acuerdo al número de personas efectivamente atendidas, los servicios de dependencia prestados y el cumplimiento de los acuerdos: acreditaciones de centros, regulaciones específicas, formación de cuidadores...

Este nuevo marco de cooperación administrativa también compensará el coste de los servicios en las comunidades autónomas donde sea más caro y la desigualdad de la capacidad adquisitiva de las personas beneficiarias.

Por último, se destinarán fondos al cumplimiento de los acuerdos del Consejo Territorial y a la formación de los cuidadores no profesionales.


El Consejo Territorial modifica el baremo de valoración

El principal objetivo de esta modificación es garantizar una evaluación homogénea entre las comunidades autónomas. Aunque Trinidad Jiménez subrayó que el baremo que se aplica actualmente está funcionando de forma satisfactoria, explicó que se han introducido algunas modificaciones buscando la mejora del trabajo.

Entre ellas destacan la incorporación de la frecuencia con la que los solicitantes pueden realizar determinadas tareas y la mejora de los manuales de aplicación.

La aplicación de este nuevo baremo conllevará la elaboración de guías metodológicas para las distintas demencias y enfermedades neurodegenerativas; así como protocolos de control de calidad. Además, se incorpora un nuevo modelo de informe de salud o la adecuación de los sistemas informáticos.

Otros objetivos de la aplicación de este nuevo baremo son mejorar la fiabilidad del instrumento, facilitar su aplicación por parte de los profesionales encargados de la valoración e incorporar la coordinación sociosanitaria en el proceso de valoración mediante la mejora de los informes de salud.
Este nuevo baremo entrará en vigor un año después de la publicación del Real Decreto que lo modifica, tiempo que se dedicará a revisar las guías y adaptar el sistema. Las personas valoradas antes de la entrada en vigor de este Real Decreto no tendrán que ser nuevamente valoradas, ya que su valoración seguirá teniendo plena validez.

Las comunidades autónomas que más dependientes atiendan serán recompensadas

Reacciones de las comunidades autónomas

Como siempre pasa en estos casos, nunca llueve a gusto de todos. Algunas comunidades autónomas se han visto beneficiadas por esta medida, mientras que otras observan impotentes cómo van a disminuir sustancialmente los fondos que hasta ahora recibían del nivel acordado. Lo que está claro es que tanto unas como otras tendrán que esforzarse por aplicar la Ley de Dependencia y atender realmente a las personas valoradas, porque ahora remolonear con los PIAS ya no es rentable. Conozcamos algunas reacciones.

La Junta de Andalucía llevaba meses reclamando el cambio de los criterios de financiación, porque veía injustamente tratado su esfuerzo en la aplicación de la normativa con respecto a otras comunidades que estaban recibiendo fondos del Estado sólo por tener población potencialmente dependiente. Por ello, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, declaró sentirse "satisfecha" por el nuevo modelo de financiación acordado: "No ha sido fácil. Muchas comunidades no compartían el cambio de criterios y criticaron que se iba a beneficiar a comunidades como la nuestra". Andalucía será la que más gane, porque es la que más dependientes atiende (155.550 dependientes a fecha 1 de mayo) y la que ofrece más servicios (el 55% de las 203.970 prestaciones concedidas en Andalucía). No obstante, la consejera se quejó de que el Gobierno apenas aportó un tercio de los mil millones invertidos el pasado año en Andalucía, de los que la comunidad tuvo que poner unos 750 millones.

Por su parte, la consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila, destacó que la comunidad contará con "más dinero para el desarrollo de la Ley de Dependencia porque los criterios de reparto de los fondos son más favorables". Capdevila indicó que Cataluña se beneficia, entre otras cuestiones, porque ahora se tiene en cuenta que la comunidad dispone de los servicios más caros, por detrás de Madrid. Además, la consejera explicó que en aquellas regiones donde se ha trabajado y desarrollado la Ley, como en Cataluña, y que tienen un elevado número de personas atendidas "salimos beneficiadas". Sin embargo, Capdevila reiteró que el Gobierno central no ha financiado "en ningún momento" al 50%. Es más, concretó que "por cada 2,25 euros que aporta la comunidad, el Estado lo hace con un euro". La responsable del departamento recordó también que en 2011 entra un "nivel nuevo" en el desarrollo de esta Ley, motivo por el que "el nivel acordado debe incrementarse".

Satisfacción también en Castilla y León. Así lo explicaba el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, al considerar que la Junta ganará peso en el reparto de fondos para dar cumplimiento a la Ley de Dependencia, desde el 7,86% al 8,2%, si bien ese avance no supondrá un importante incremento, como consecuencia de la congelación aplicada este año. Aún así, Antón destacó que la financiación acordada sigue siendo "insuficiente", dado que en este ejercicio se baraja una cantidad global de 283 millones, de los que Castilla y León recibirá apenas 22 millones, "a pesar de que en 2011 se pondrán en marcha nuevos grados y niveles, aumentando las prestaciones".
Por el contrario, la consejera de Trabajo y Bienestar Social de Galicia, Beatriz Mato, se manifestó contra los nuevos criterios de reparto de la Ley de Dependencia "porque supondrá para esta comunidad un recorte de casi un 9%, lo que implica ingresar tres millones de euros menos". Por ello, la consejera solicitó que se tengan más en cuenta las características específicas de las comunidades que, en el caso de Galicia, son la dispersión y el envejecimiento de la población. "No es lo mismo prestar una ayuda a domicilio en una parroquia de Lugo que en Madrid o en Cataluña", subrayó.

La Comunidad de Madrid tampoco está conforme con el nuevo modelo para el reparto de los fondos. La consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, criticó que no se haya optado por primar la calidad de los servicios frente a las prestaciones económicas. Además, recordó que el fondo destinado a la ayuda a los dependientes sea en 2010 el mismo que en 2009, aunque haya aumentado la población dependiente. Otro de los puntos de descontento es que el Estado sólo financie el 50% de las prestaciones económicas asignadas a cada dependiente y no el servicio dado de manera efectiva, lo que supone, según la consejera madrileña, una carga cada vez mayor para las comunidades autónomas.

En la misma línea se expresó el secretario de Autonomía Personal y Dependencia de la Comunidad Valenciana, Joaquín Martínez: "El Gobierno central propone recortar en 1.318.912 euros las ayudas para la atención de las personas dependientes de la región". Martínez explicó que estos cambios "acentúan de nuevo la desigualdad territorial, ya que favorece a unas comunidades en detrimento de otras. Además, demuestran que el Gobierno continúa incumpliendo la obligación de financiar el 50% del coste de la dependencia como establece la Ley". En este sentido, insistió en que el Ministerio ha establecido el nuevo modelo de financiación ajustándose a los datos, mientras que "el procedimiento habitual es justamente el contrario. Es decir, primero se establece el modelo que se entiende razonable, se consensúa, como se hizo el año pasado y, por último, se aplican los datos".

Las comunidades autónomas que más dependientes atiendan serán recompensadas

Guía de Buenas Prácticas para una atención de calidad

El Consejo Territorial acordó también impulsar la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, con el objetivo de, mejorar la calidad y efectividad de las prestaciones del SAAD, optimizar la eficiencia y la equidad en la asignación de las prestaciones y compartir las buenas prácticas entre los distintos integrantes del SAAD.

Las buenas prácticas recogidas en esta futura Guía se dividirán en varias categorías:

• Procedimientos técnico-administrativos de acceso al sistema.
• Coordinación sociosanitaria entre administraciones.
• Cooperación y participación (tercer sector, interlocutores sociales, proveedores de servicios y beneficiarios).
• Aspectos organizativos, formativos y de calidad.


Financiación de la Ley de Dependencia

La financiación de la Ley de Dependencia por parte del Estado se establece en dos niveles: el nivel mínimo y el nivel acordado. El nivel mínimo es una cantidad de dinero por cada beneficiario, en función de su grado y nivel de dependencia. El nivel acordado, que se articula mediante convenios bilaterales con las comunidades autónomas, incrementa la financiación del nivel mínimo.

Pero también está el nivel adicional, que cada comunidad autónoma puede establecer con cargo a sus presupuestos.



Jueves, 15 de Julio 2010

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